Transporte Publico En Lima

Una luz de esperanza? El transporte Urbano en Lima: una compleja tarea por resolver

JUNIO 27, 2011 DEJA UN COMENTARIO

Por: Marjorie Mellet. Abogada por la PUCP, M.A. en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal por la U. P. Comillas de Madrid, profesora de la Facultad de Derecho de la UP.

Vivimos a diario, las consecuencias caóticas de las decisiones que han tomado los gobiernos pasados, especialmente a inicios de la década pasada, respecto de la regulación del transporte urbano. Nos referimos especialmente al Decreto Legislativo N° 651, mediante el cual se desreguló el transporte urbano dramáticamente. Esto sumado a la promulgación de normas que eliminaban las restricciones a las importaciones de vehículos usados y a la falta de planificación e inversión pública y privada en obras de infraestructura que respondan a las necesidades de las ciudades, derivó en un empeoramiento y deterioro general del servicio de transporte público, tanto en calidad y seguridad como en cuanto al ordenamiento y fiscalización del sistema.

El transporte Urbano se caracteriza por la enorme y cada vez más extendida congestión vehicular, lo que conlleva a elevados e impredecibles tiempos de trayecto (origen-destino). Se caracteriza también por un alto número de accidentes, que causan uno de los mayores número de muertes en el país [1], y es el más alto de Latinoamérica según cifras del CIDATT [2]. Según esta institución, los vehículos de transporte público se encuentran involucrados en casi el 60% de los accidentes de tránsito fatales y son estos vehículos los que realizan el 82% del transporte motorizado en Lima, versus el 18% que se realiza en transporte privado. [3]

Las principales causas que generan este caos son las siguientes:

1. Inexistente Planificación y coordinación en los 3 niveles de gobierno, y hasta la fecha incapacidad para la ejecución de los Planes de Desarrollo Transporte Urbano existentes, como el caso del Estudio Plan Maestro Lima-Callao 2004 [4].

2. Sobreoferta atomizada de servicio de transporte público.

3. Flota de vehículos obsoleta y sin mantenimiento adecuado.

4. Poca capacidad para fiscalizar y sancionar las transgresiones de los transportistas.

5. No se respeta a nivel nacional, regional y local el derecho de vía.

6. Organización inadecuada de las empresas que ofrecen el transporte público.

Con referencia al último punto, la inadecuada organización de las empresas conlleva a que los choferes y cobradores trabajen en malas condiciones y sin derechos laborales. Se trata de un sistema de mala gestión, conformado mayormente por “pseudo empresas” cuyo único interés, es el cobro de una “cuota” por el uso de su principal activo (la autorización de transporte público o titularidad de las rutas) a sus vehículos afiliados (choferes propietarios de combis o arrendatarios de éstas), no los une un “afectio societatis” de ningún modo, no existe vínculo empresarial alguno con ellos. [5]

Los choferes que afilian sus vehículos deben buscar la mayor cantidad de pasajeros, para así tener un ingreso diario lo más alto posible. Ellos conocen perfectamente el Reglamento de Tránsito y todas las normas en él contenidas. Sin embargo, deciden no respetarlo. Les resulta mucho menos costoso incumplir con las normas de tránsito y no respetar a ningún otro vehículo público o privado que transite junto a él, con el fin de obtener un pasajero más para completar su recaudación del día, que lo que le costaría una eventual papeleta, impuesta por un policía honesto.

Urge pues, la necesidad de la consolidación de un sistema de transporte integrado y masivo con el que se podrían reducir las rutas ofertadas a la mitad de las que existen actualmente, aumentando la demanda media en más de 130% y siendo 6 veces más productivo [6]. Un gran avance se ha iniciado con el COSAC I: El Metropolitano, y con el proyecto del COSAC II. Pero aún falta mucho por hacer.

Es necesario un esquema de renovación de la flota vehicular que se encuentre directamente relacionado con el cumplimiento de los límites máximos de antigüedad establecidos en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte para el ingreso y permanencia de vehículos que presten servicios; estableciendo a su vez, una tipología vehicular específica

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