Arbitraje en América Latina. Breves distinciones en Colombia, Ecuador, México y Venezuela

ARBITRAJE EN AMERICA LATINA. BREVES DISTINCIONES EN COLOMBIA, ECUADOR, MEXICO Y VENEZUELA

DAVID R. PAREDES                                                                                                 VENEZUELA NOVIEMBRE 2022

Título: BREVES DISTINCIONES DEL ARBITRAJE COMO METODO ALTERNATIVO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN COLOMBIA, ECUADOR, MEXICO Y VENEZUELA

INTRODUCCION

La conocida lentitud de los tribunales ordinarios, abarrotados de casos, formalismos procesales estrictos y alto número de litigios, conllevan a un escepticismo de la funcionalidad del sistema de justicia tradicional, provocando el surgimiento de una realidad en el proceso de búsqueda de justicia mediante métodos de solución más rápidos, alternativos, al clásico de los Poderes Judiciales de la región latinoamericana. En este sentido, en los últimos años se ha venido desarrollando una tendencia que propone una posibilidad distinta de administrar justicia, como es el Arbitraje, que ofrece algunas ventajas de consideración para solucionar alternativamente los conflictos.

En dicha línea, el presente resumen contempla algunas peculiaridades del arbitraje, presente en los ordenamientos jurídicos de las repúblicas de Colombia, Ecuador, México y Venezuela, como forma de contrastar aportes a dicha alternativa y a su potencial de desarrollo en la región.

COLOMBIA        

En Colombia, pese a considerarse una de las maneras más antiguas para resolver controversias, su uso entre las personas ha tenido un repunte en los últimos años, que es cuando se ha venido destacando su utilidad y eficiencia como herramienta para la solución de conflictos. En el caso colombiano es aplicable a distintas materias: laboral, civil, comercial, administrativos, y contratación estatal e inversiones. Aun cuando puede resultar onerosa su utilización, tiene mucho potencial tratándose de un método alterno de resolución de conflictos.

Así las cosas, el arbitraje resulta ser un sistema beneficioso, constituyéndose en una oportunidad para expandir la resolución de conflictos contemplado por la constitución colombiana.

En comparación con Venezuela, podemos destacar como similitud el reconocimiento constitucional del arbitraje como método de resolución de conflictos en ambas naciones, así como la distinción de la existencia de distintos tipos de arbitramentos,  en el caso colombiano voluntarios y obligatorios, y en el venezolano el institucional y el independiente. Asimismo, se evidencia una reducción del ámbito de aplicación en el que se puede aplicar la ley venezolana, que se circunscribe al área comercial con exclusiones específicas, y a diferencia de la propuesta actual que se debate en la hermana República de Colombia sobre la implementación de un Pacto Arbitral Ejecutivo, en el ordenamiento jurídico venezolano se evidencia aun la “dependencia” de los órganos jurisdiccionales en materia de ejecución del laudo en virtud de lo cual, si bien el arbitraje está experimentando un auge en la región, en el caso venezolano se hace necesario el impulso de parte de los sectores comerciales y empresariales para una mayor uso de este método de resolución de conflictos y no quedar a la zaga en la región.

ECUADOR

En la República de Ecuador, el desarrollo del arbitraje se ha constituido en un largo proceso que ha tomado 20 años, proceso en el que se destaca el área de inversiones y contrataciones públicas. La legislación ecuatoriana mantiene el principio  de autonomía de voluntad de las partes y éstas pueden decidir cómo, cuándo y con quién desean que su disputa se resuelva; evidenciando una ventaja esencial de los medios alternativos frente a la justicia ordinaria.

Sin embargo, una de las trabas y rechazos que enfrenta el arbitraje en Ecuador es la ideologización a la cual se ha visto sometido, lo que deriva en una interpretación sesgada de la Procuraduría ecuatoriana que implica la obligatoriedad de consulta en todos aquellos casos en que los contratos contemplen clausulas arbitrales, incluso para someter las controversias a un tribunal arbitral en el extranjero.

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