El marco institucional de las políticas sociales

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EL MARCO INSTITUCIONAL DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

MAURICIO ARIAS DURÁN

181938

DORIAM ALEXANDER CASTRO QUINTERO

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, SECCIONAL OCAÑA

FACULTAD DE INFENIERÍA

INGENIERÍA MECÁNICA

GESTIÓN SOCIAL

Ocaña, Norte de Santander

17 de abril de 2023

El marco institucional de las políticas sociales

Es importante comprender la importancia del marco institucional en las políticas sociales para lograr la igualdad y el bienestar social. El diseño e implementación de políticas sociales debe estar marcado en instituciones apropiadas para tener un impacto positivo, así que es fundamental comprender el contexto pacífico en el que se ubica la institucionalidad para identificar su origen y características. El diseño de la institucionalidad de la política social enfrenta un desafío permanente en relación con su modelo organizacional y el alcance de la autoridad social, un desafío clave, es lograr mayores niveles de transversalización y coordinación intersectorial para evitar la fragmentación de la arquitectura institucional. Por esto se presentan cuatro dimensiones para examinar la institucionalidad social: el marco jurídico-normativo, las características organizativas, los elementos técnico-operativos y el financiamiento de la política social. Además, se mencionan algunos condicionantes adicionales a ser considerados para avanzar en la institucionalidad social, como factores estructurales y el rol de actores que ayudan a visibilizar las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales que subyacen a la institucionalidad social, así mimo es relevante la comprensión del funcionamiento exitoso de las instituciones, porque es clave para entender por qué algunos países avanzan más en la reducción de la pobreza y las desigualdades.

Ahora bien, se entiende que la institucionalidad social se refiere al conjunto de reglas y estructuras organizacionales que se utilizan para procesar y priorizar los problemas sociales que enmarcan la administración de las políticas sociales, en este sentido la calidad de la institucionalidad es fundamental para el funcionamiento de las políticas sociales, ya que permite traducir los marcos normativos e institucionales en políticas concretas y acortar la brecha entre lo que está fijado en atención a lo establecido jurídicamente, de igual manera se ven presentes una variedad de explicaciones teóricas de las instituciones y las diferentes concepciones de los términos "instituciones" e "instituciones sociales" en el lenguaje cotidiano.

Por otra parte, la autoridad social se refiere a las instancias gubernamentales encargadas de diseñar y coordinar la política social, deteniendo el poder y mandato de dirigir y coordinar la institucionalidad social. Es importante determinar quién ostenta la capacidad formal y real de la autoridad social, sobre todo en relación con la protección de grupos prioritarios por su condición de pobreza, vulnerabilidad, exclusión social o discriminación, así que un gestor social, tiene por tarea trabajar para fortalecer la institucionalidad, la autoridad social y asegurar que las políticas sociales sean implementadas de manera efectiva y justa, de esta manera se permitirá la calidad en el funcionamiento de las políticas sociales.

Dentro de este marco se considera que la dimensión organizacional de la política social es fundamental para la implementación efectiva de políticas sociales. Es relevante que existan organismos específicos y estructuras formales que coordinen y ejecuten las políticas sociales, en efecto que exista una coordinación adecuada y muestren responsabilidades entre todos los actores involucrados en la implementación de las políticas sociales. Además, es fundamental que se determine qué organismos tienen autoridad social y si esta se concentra en una única instancia o es compartida. En algunos casos, puede existir un ministerio de desarrollo social con capacidad de coordinación y a la vez un gabinete social, de igual manera, es necesario que exista una adecuada alineación y reducción de responsabilidades entre estos organismos, cabe destacar que la dimensión organizacional no solo se refiere a los organismos gubernamentales, sino también a las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la población destinataria, seguidamente es importante destacar la existencia de instancias dedicadas al bienestar y a la garantía de los derechos de poblaciones específicas, como los niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas y poblaciones afrodescendientes, en anexo a esto se ha realizado un estudio que permite conocer que en la región, 12 países tienen ministerios específicos para mujeres, lo que permite interpretarse como un pequeño paso para el desarrollo de equidad en el desarrollo de estas actividades.

Como gestor social, es importante reconocer la capacidad de intervención de la política social y los desafíos que enfrenta en cuanto a la formalización de procedimientos y la disponibilidad de información de calidad, para mejorar esta capacidad, es necesario contar con herramientas de gestión y elementos técnico-operativos, como planes de desarrollo, sistemas de información y rendición de cuentas. En la región, se observa una tendencia a mejorar la dimensión técnico-operativa en los niveles subnacionales y lugares más apartados del gobierno central, sin embargo, persiste la falta de normas y procedimientos formales para la rendición de cuentas y la transparencia, por consiguiente es necesario avanzar en la formalización de procedimientos que contemplan desde la definición de los planos hasta la evaluación de los resultados y mejorar la disponibilidad oportuna y confiable de información de calidad para facilitar la toma de decisiones. Así mismo, es primordial consolidar herramientas de gestión relacionadas con la administración de información, gestión y articulación de los programas sociales, así como mecanismos de contraloría, auditoría y el rol de actores no estatales, igualmente, como gestor social, se debe trabajar en mejorar la transparencia y rendición de cuentas para controlar y verificar el funcionamiento de las políticas y programas sociales.

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