Debido Proceso En El Marco De Un Estado Social Y De Justicia

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Enviado por: mycher 24 septiembre 2011

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LAS GARANTÍAS ORGÁNICAS:

Son todos los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad, a la seguridad social y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las Leyes.

Basándonos en el Título III de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, el cual se refiere a los Derechos Humanos, Garantía y de los deberes de todas las personas naturales que habitan el Territorio venezolano, donde hay que destacar el Capitulo I, que son las Disposiciones Generales.

Independencia

Tiene su apoyo en el principio de la división de poderes. Si el juez es dependiente en el orden material, en el orden moral, o en el orden funcional

del Poder Ejecutivo, los poderes del Estado no son tres, sino dos. El Judicial

deja de contar como poder.

Con respecto al Poder Ejecutivo, es en donde aparecen las mayores

Interferencias a la independencia judicial, bien sea la legal o la ilegítima.

Respecto al Poder Legislativo, se analizan diversos problemas. Por un lado, el

contralor natural que resulta de la aprobación del presupuesto; la posibilidad

del juicio político; la crítica parlamentaria a los jueces; el problema de la

legislación retroactiva, que en algunas partes pueden afectar hasta procesos en

trámite; la decisión de controversias en “X” sentido, como contrapartida al

agradecimiento por el nombramiento de juez, etc..

Pero no sólo se dan problemas con relación a los Poderes Ejecutivo y

Legislativo, sino que en los tiempos actuales, se suman una serie de presiones

provenientes, en especial, de varios grupos de la más diversa índole, algunos

legales y otros directamente ilegales. Entre los primeros se mencionan a los

gremios, grupos económicos, asociaciones de distinta índole, partidos políticos,

etc. Y, entre los ilegales, también a grupos económicos, pero ilegítimos, y a

quienes utilizan la violencia para l

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ograr sus propósitos, como lo hacen frente a

los demás poderes del Estado, ya sea invocando móviles altruistas o bien, los

más bajos. Como pueden ser grupos terroristas, la mafia, los traficantes de

droga, etc. Muchos de los cuales presionan también ilegítimamente a los

jueces, empleando toda clase de medios y, desde luego, destruyendo la

independencia del Poder Judicial en su totalidad. El problema de la

independencia judicial es de carácter político, porque sólo cuando el juez es

independiente sirve a la justicia por sí mismo. Cuando no lo es, podrá,

eventualmente, servir a la justicia; pero entonces, la sirve por algo que no

pertenece a la justicia misma. por temor, por interés, por amor propio,

por gratitud, por honores, por publicidad, etc.

Resulta evidente, que a toda costa, los jueces deben defender esta

independencia como único medio válido para conseguir una magistratura apta

y, de esa suerte, cumplir la sagrada misión de impartir justicia. ...

DEBIDO PROCESO EN EL MARCO DE UN ESTADO SOCIAL Y DE JUSTICIAGarantías Orgánicas:Independencia:

Mientras la garantía de independencia, en términos generales, protege al juez frente a influenciasexternas, el principio de independencia funcional se vincula a determinadas exigencias dentro del proceso, definidas como la independencia del juez frente a las partes y al objeto del proceso mismo, pudiendo entenderse desde dos acepciones:a) Independencia subjetiva, que atañe a algún tipo de compromiso que el juez pueda tener con elcaso. b) Independencia objetiva, referida a la influencia negativa que puede tener en el juez laestructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable.La independencia del juez reconoce cuatro órdenes distintos y hace a la noción del debido procesolegal. Ellas son la independencia frente a las partes, al objeto litigioso, a los órganos del Poder Judicialy a los órganos políticos.

Imparcialidad:

El derecho de todo ciudadano -a todos los que sean parte en el proceso penal- a un proceso sindilaciones indebidas o a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable o sin retraso, es un derechofundamental de naturaleza reaccional que se dirige a los órganos judiciales, creando en ellos laobligación de actuar en un plazo razonable el ius puniendi o de reconocer y, en su caso, restablecer inmediatamente el derecho a la libertad. La lenta reacción judicial, sin justificación, origina y propiciauna causa o motivo en cierto sentido de despenalización porque el reproche judicial viene ya viciado por extemporáneo.Este derecho no se identifica con el mero incumplimiento de los plazos procesales y comporta lautilización de un concepto jurídico indeterminado que necesidad ser dotado de contenido concreto encada caso, atendiendo a criterios objetivos congruentes con su enunciado genérico. Su vulneración se produce siempre como consecuencia de una omisión que realiza un órgano jurisdiccional sobre aquellaobligación constitucional de resolver dentro de los plazos previstos las pretensiones que se formulen.La primera condición para ejercer este derecho de este derecho es que se incumplan los plazos previstos en la ley; corresponde a la autoridad judicial, por imperio del principio de impulso de oficio,vigilar y subsanar, en su caso, el cumplimiento de los plazos procesales. La segunda condición -ydecisiva- es que esta dilación o retraso sea indebido; se trata de un concepto jurídico indeterminado,cuya

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