El principio de la supremacía constitucional

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El principio de la supremacía constitucional

El principio de la supremacía constitucional es el primero de los principios del

derecho público establecidos en la Constitución de 1999. Luego de los principios

fundamentales de la organización del Estado esenciales al constitucionalismo

moderno, les sigue el de la supremacía constitucional.

Este principio está regulado expresamente en el artículo 7, que establece que "La

Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico.

Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a

esta Constitución”.

Además, constituye como uno de los deberes constitucionales, según el Artículo

131, el cual establece que “Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta

Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten

los órganos del Poder Público”.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es la encargada de

garantizar que las leyes y actos administrativos sean conformes a la Constitución,

esto es esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho.

Para el correcto funcionamiento del Estado de Derecho, La Sala Constitucional del

Tribunal Supremo de Justicia se encarga de que las leyes, los actos

administrativos y todas acciones del gobierno se realicen conformes a la

Constitución. Con el mismo fin, se establecen distintos principios:

Principio de la distribución vertical del poder público

El cuarto principio que condiciona al derecho público en la Constitución de 1999

deriva de la forma federal del Estado, consistente en el principio de la distribución

territorial del Poder Público. Artículo 136 "El Poder Público se distribuye entre el

Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional

se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.”

Este principio tiene particular importancia para el derecho administrativo, pues en

un Estado federal (implica una distribución del poder entre el gobierno nacional y

los estados), que surge de la distribución vertical del Poder Público, es posible

distinguir un derecho administrativo estadal y municipal.

El principio del ejercicio Inter orgánico de las funciones del estado

La división del Poder Público y las diversas funciones del Estado analizado

anteriormente como principios del derecho público en la Constitución de 1999, en

la distribución vertical del Poder Público. Por ello, a nivel nacional, se pueden

distinguir los órganos que ejercen el Poder Legislativo, la cual es la Asamblea

Nacional, de los órganos que ejercen el Poder Ejecutivo, que es el Presidente de

la República y demás órganos de la Administración Pública, de los órganos que

ejercen el Poder Judicial, que son el Tribunal Supremo de Justicia y Tribunales, de

los órganos que ejercen el Poder Ciudadano, los cuales son la Defensoría del

Pueblo, Ministerio Público, Contraloría General de la República, y de los órganos

que ejercen el Poder Electoral, el cual es el Consejo Nacional Electoral.

Principio del carácter Interfuncional de los actos estatales

La distinción entre las funciones y actos estatales de lo anteriormente dicho sobre

el principio del carácter inter orgánico del ejercicio de las funciones del estado, da

como resultado, que la separación orgánica de poderes no coincide con la

distribución de funciones. Pero, en el ordenamiento jurídico venezolano, tampoco

el ejercicio de una función del Estado por determinado órgano del mismo, conduce

por necesidad a la emisión de determinados órganos estatales, es decir, tampoco

coinciden las funciones del Estado y los actos jurídicos que emanan de la voluntad

estatal.

El principio de la primacía y progresividad de los derechos constitucionales

Así como la Constitución regula la organización del Estado mediante sistemas de

distribución y separación o división del Poder Público (El principio del ejercicio

Inter orgánico de las funciones del estado y el principio de la separación orgánica

de poderes), también tiene por objeto regular los fines del Estado, el estatuto de

las personas y de la sociedad civil, y sus relaciones con el Estado mismo.

El principio de la supremacía constitucional y la aplicación directa de la

constitución

El principio de la supremacía constitucional siempre ha implicado, en el orden

interno, el principio de la aplicación directa e inmediata de las normas

constitucionales. Esto significa que la Constitución debe considerarse una norma

obligatoria, con fuerza coactiva inmediata y por sí misma, que crea derechos y

obligaciones directamente ejercibles y exigibles.

Este principio tiene particular interés para el derecho administrativo, pues en

ausencia de ley reglamentaria, la competencia de los órganos del Estado o el

régimen de ejercicio de los derechos fundamentales es el establecido en la

Constitución. La Administración, dado el principio de la reserva legal, no puede

suplir la ausencia

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