La Constitución Política de Colombia y la Justicia: Un análisis crítico

¿Es justa la Constitución de los colombianos?

La Constitución Política de los colombianos representa uno de los avances más significativos en la historia jurídica del país. Su promulgación marcó la transición hacia un Estado Social de Derecho, en el que la dignidad humana y la protección de los derechos fundamentales se erigieron como principios rectores. De todas formas, más de tres décadas después, persisten interrogantes sobre su capacidad para garantizar la justicia.

Desde una perspectiva positivista, la justicia de la Constitución radica en su legitimidad y validez dentro del ordenamiento jurídico. Autores como Hans Kelsen argumentan que una norma es justa cuando es creada y aplicada conforme a los procedimientos establecidos. En este sentido, este Pacto constitucional fue producto de un proceso democrático que contó con la participación de diversos sectores sociales y políticos, lo que le otorga una base legítima incuestionable.

Este enfoque, de todas formas, reduce la justicia a una cuestión de estructura y legalidad, sin considerar su impacto real en la vida de los ciudadanos. El hecho de que una norma sea válida no implica necesariamente que garantice condiciones justas para todos. Aquí es donde surgen las críticas desde enfoques más sustanciales del derecho.

La justicia de una norma no solo depende de su existencia, sino de su capacidad para garantizar derechos y mejorar la vida de las personas. Filósofos como Aristóteles, Tomás de Aquino y John Locke sostienen que una ley es justa cuando se orienta hacia el bien común y protege la equidad y la dignidad humana.

Bajo este criterio, la Carta de 1991 hizo avances importantes: reconoció la diversidad étnica y cultural, amplió los mecanismos de participación ciudadana y estableció garantías de protección a los sectores más vulnerables. La acción de tutela, por ejemplo, ha sido un mecanismo crucial para la defensa de los derechos fundamentales, permitiendo respuestas rápidas frente a vulneraciones.

No obstante, el acceso a la justicia sigue siendo profundamente desigual. En la práctica, derechos como la educación, la salud y la vivienda no son ejercidos de manera equitativa, lo que genera una brecha entre la norma y la realidad. La desigualdad estructural impide que se materialice plenamente su promesa de justicia social. Quiero decir que a pesar de su potencial transformador, la aplicación enfrenta desafíos significativos: Congestión judicial.

Por otra parte, permite la declaración de estados de excepción en situaciones extraordinarias. En consecuencia, en varias ocasiones, estos han sido utilizados para concentrar poder en el Ejecutivo, generando preocupaciones sobre posibles abusos y restricciones de derechos fundamentales. Además, aunque la Constitución garantiza derechos, su cumplimiento no es uniforme. En zonas rurales y periféricas, las condiciones de acceso a la justicia y a los servicios básicos siguen siendo precarias, lo que profundiza las desigualdades y limita la materialización efectiva de los derechos consagrados en ella.

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