La transición democrática mexicana: ¿Un caso de fracaso o de éxito?

LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA MEXICANA: ¿UN CASO DE FRACASO O DE ÉXITO?

Para entender el difícil camino que la transición democrática mexicana tuvo que atravesar para que por fin en las elecciones del año dos mil haya podido tener lugar (con su primer avance en las elecciones de 1997), debemos partir del sistema político que antes de dicho proceso electoral se había instaurado en México.

Mucho se ha escrito acerca del periodo político de nuestro país comprendido entre 1928 y 2000, gobernado por el entonces partido hegemónico denominado Partido Nacional Republicano, que en 1946 cambiaría su nombre a Partido Revolucionario Institucional, que durante más de setenta años de manera directa e ininterrumpida mantuvo en la presidencia de México a uno de sus miembros.

Dicha hegemonía en el poder y el control que a través de los años detentó dicho partido político (junto con el titular del ejecutivo) sobre el propio sistema electoral, los medios de comunicación, aunado a las tácticas de represión (social y militar) comúnmente utilizadas, entre muchas otras características, llevó a que dicho sistema político fuera señalado con diversas acepciones distintas a la de democracia, tales como una dictadura perfecta (Vargas Llosa, 1990), un sistema presidencialista (Lorenzo Meyer, 2000), una semi-democracia (Lorenzo Meyer, 2007), régimen autoritario -acotado por Juan Linz- (Carbonell, 2000; López, 2016, entre otros), mismo (sistema político) que, repito, no es mi intención analizar en el presente ensayo -máxime que el tema ha sido ampliamente estudiado por diversos y los más destacados autores de la materia de los últimos años-.

Ahora bien, considerando el concepto transición política de O’Donell como el “intervalo que se extiende entre un régimen político y otro” y el término transición democrática “... como el periodo de sustitución pacífica y negociada de los viejos mecanismos verticales y autoritarios de control pacífico, por un auténtico régimen de partidos plural, representativo, sustentado en elecciones libres, transparentes, capaces de devolver al elector el principal derecho del ciudadano: elegir a su gobernante.”, basta realizar un somero análisis de los cambios que el sistema político mexicano sufrió en las últimas décadas del siglo XX (partiendo de la reforma de 1977 que abrió la representación política en la Cámara de Diputados a los entonces partidos de oposición) y que culminaron con el fin hegemónico del PRI y la transición del poder a otro partido político (Partido Acción Nacional) en los comicios del año dos mil, para corroborar que efectivamente nuestro sistema político sufrió una verdadera transición democrática.

Ahora bien, aún y cuando diversos autores señalan que la simple transición electoral puede no reflejarse en una transición democrática [como es el caso de los regímenes políticos identificados como híbridos o mixtos (Diamond, 2004)], considero que en el caso mexicano si existió una verdadera transición democrática, ya que el cambio en el gobierno y en aquellos que tomaban las decisiones fue real y efectivo, como lo muestran los resultados de dichas elecciones del año dos mil y su comparativo con comicios anteriores que José Woldenberg resumió como “la alternancia” resaltando los siguientes datos: “Si en 1977 sólo 4 de los más de 2400 municipios del país eran gobernados por partidos diferentes al PRI, para el 2000 ya lo hacían en 583; mientras en 1977 el PRI contaba con mayoría calificada en 31 de los 32 Congresos del país, en 2000 ya sólo la tenía en uno de ellos. Más aún, si en 1988 el PRI gobernaba todas las entidades federativas, en el 2000 sólo lo hacía en 21, en tanto que el PAN gobernaba 7 y el PRD, 4. El dato de las capitales de los estados es todavía más significativo, ya que para el 2000 el PRI gobernaba 14, el PAN 12 y el PRD 6, es decir, los partidos de oposición habían ganado en más de la mitad de las capitales” (Woldenberg, José. 2012. Historia mínima de la transición democrática en México. México. El Colegio de México. p. 123).

Aunque si bien cierto la transición democrática mexicana pudo tener como resultado una democracia que satisfizo el reclamo y necesidad de cambio en la alternancia política, estando en un principio centrada en una lucha por conseguir instituciones electorales fiables (reflejadas en el Instituto Federal Electoral hoy Instituto Nacional Electoral), para después instaurar instituciones autónomas que la fortalecieron (las comisiones de derechos humanos -nacional y estatales, los institutos electorales y los de acceso a la información pública, entre otras), lo que en mi opinión por si mismo tilda a la transición democrática mexicana como exitosa y que en principio podría vislumbrarse como una Democracia Procedimental, dejando de lado el debate teórico respecto al concepto de democracia (bajo el cual podríamos incluso poner en entre dicho que el sistema político actual sea una democracia de acuerdo a la definición vertida por Sartori), tenemos que considerar que dicha democracia presentó y presenta diversas carencias, identificables bajo el concepto de calidad acotado por Leonardo Morlino quien “sugiere considerar una buena democracia o bien una democracia de calidad como aquel ordenamiento institucional estable que mediante instituciones y mecanismos que funcionan correctamente realiza la libertad y la igualdad de los ciudadanos”.

Sin entrar a un análisis formal de las ocho dimensiones de variación que Morlino señala deben colocarse en el centro del análisis empírico de una buena democracia, con respecto a la calidad democrática del régimen político que se dio a partir de la comentada transición y siguiendo las tres dimensiones que dicho autor refiere para considerar si una democracia es de calidad, considero que dicha democracia: i) sí es un régimen ampliamente legitimado y por tanto estable, que satisfizo a los ciudadanos (calidad con respecto al resultado) con instituciones confiables que han superado el umbral mínimo de consolidación y mantenimiento, cuyos resultados son apreciables; ii) en dicha democracia los ciudadanos, las asociaciones y las comunidades que forman parte dicha democracia sí gozan de libertad e igualdad por encima de los mínimos (calidad con respecto al contenido); y iii) los ciudadanos tienen el poder de verificar y evaluar si el gobierno persigue los objetivos de libertad e igualdad dentro de las reglas del Estado de derecho (el así llamado rule of law) y evaluar la eficacia decisional y la responsabilidad política con respecto a la actuación del propio gobierno y en relación con las demandas expresadas por la sociedad civil (calidad en términos de procedimientos); Así, de un primer vistazo, podríamos considerar que la transición democrática mexicana resultó en una

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