Sistema Tributario Peruano 2020

Sistema Tributario Peruano 2020

El escenario global y local de la pandemia ha dejado al desnudo las graves carencias de recursos y capacidades insuficientes del Estado peruano para hacer frente a las demandas económicas y sociales de la población. Más específicamente, el actual contexto desveló los problemas de funcionamiento de un sistema tributario que no se rige por principios de igualdad, transparencia y sostenibilidad.

El bajo nivel de deuda pública en comparación con otros países de la región, la abundancia de reservas internacionales y un manejable déficit f iscal presentaban al país en buena posición f iscal ante el mundo, antes de la pandemia. Sin embargo, el sistema fiscal adolecía de problemas estructurales para recaudar, fiscalizar y solventar sectores críticos como la salud y la educación.

En el escenario actual, marcado por la pandemia y sus secuelas sociales y económicas, la fuerte disminución de los ingresos fiscales en el año 2020 cerró con una presión tributaria de apenas 13 % del PBI.2 Ello trajo como resultado fuertes desequilibrios fiscales, con lo cual se pudo prever que el Estado peruano transitará por un periodo difícil para balancear ingresos y gastos en los próximos años. Por lo expuesto, la construcción de un sistema tributario justo es aún un trabajo en progreso.

En el actual escenario de crisis por la pandemia y para solventar los requerimientos de gasto, se ha recurrido al endeudamiento público como una de las principales fuentes de financiamiento estatal, algo no visto desde el 2006.10 Para ello, durante el 2020 se levantó el límite que existía al endeudamiento, establecido hasta entonces en 30 % del PBI. De igual forma, se podría esperar que este indicador incluso siguiera elevándose hasta casi el 40 % del PBI en el 2023.

Las carencias del gasto público se han traducido en una inadecuada e insuficiente atención a la población, en especial en sectores claves —como salud y educación pública—, pese a las etapas de bonanza fiscal. Uno de los compromisos del Estado peruano, asumido en el marco del Acuerdo Nacional, fue elevar el presupuesto de salud hasta igualar el promedio regional, lo que hubiera significado prácticamente duplicar su nivel de financiamiento. Sin embargo, no hubo avances al respecto y, más aún, el Perú debió enfrentar el impacto sanitario de la COVID-19 con el actual sistema de salud desfinanciado.

En cuanto a la educación pública en el país, su participación en el presupuesto público nunca ha superado el 20 %, pese a su importancia para el país. Mediante el Acuerdo Nacional, se planteó en el 2002 la meta de elevar la inversión en educación a por lo menos 6 % del PBI, lo cual estaba supeditado a alcanzar una presión tributaria de, como mínimo, 18 % del PBI, algo que no se ha conseguido hasta el presente. Similares situaciones enfrentan los sectores de protección social y agricultura, que atienden mayormente a población en situación vulnerable extrema, pero reciben un financiamiento insuficiente. Con la pandemia, el Estado ha intentado adoptar diversos mecanismos de apoyo social (transferencias monetarias o bonos), pero, en términos generales, ha sido complicado dar una respuesta a las urgencias de la población. Se estima que la pobreza monetaria en el Perú se habría incrementado hasta niveles cercanos al 30 % en el 2020, lo que significaría que tres millones de peruanos caerán en la pobreza.22 En tanto, durante las últimas décadas, la agricultura tradicional, familiar y campesina, que está compuesta por el grueso de la población rural, ha recibido una atención secundaria por parte del erario nacional. Como respuesta a la pandemia, el Programa Financiamiento Agrario Empresarial (FAE-Agro), para los pequeños agricultores, fue anunciado recién a fines de junio de 2020, luego de demandas y protestas de los gremios de productores agropecuarios.

El país no puede simplemente aspirar a regresar a la “normalidad” previa a la pandemia, en la que los servicios públicos estaban desfinanciados y en permanente precariedad, sobre todo, cuando transitaremos hacia una deseada etapa de recuperación económica y social posterior a la COVID-19. El financiamiento de sectores como salud, educación, programas sociales, generación de empleo y otros resulta inviable con la actual estructura de ingresos tributarios. El momento para replantear el actual modelo tributario es justamente ahora, cuando las necesidades sociales son apremiantes, pero con una visión de eficiencia, equidad y transparencia. Para ello, se requiere el establecimiento de un pacto fiscal, que convoque y represente a todos los sectores ciudadanos y no solo a los sectores de la élite. Este pacto fiscal debe establecer un consenso para incrementar la recaudación de manera sostenible y con progresividad, pero también debe incluir un acuerdo para el uso legítimo de los mayores recursos fiscales, dándole prioridad a sectores como salud y educación, y a sectores claves productivos, contando con participación ciudadana.

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