Reformas legislativas y sus implicaciones para la educación básica

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REFORMAS LEGISLATIVAS Y SUS IMPLICACIONES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

El derecho a la educación en México quedó establecido como parte de las garantías básicas contenidas en la Constitución de 1917, a partir de entonces el Estado mexicano ha transitado por una larga serie de políticas públicas buscando hacer de la educación, el componente esencial para el desarrollo del país.

México es un país en el que los usos y costumbres de la forma de ejercer la política están signados por la necesidad de dejar atrás la mayoría de los proyectos emprendidos por las autoridades que terminan sus funciones, para dar un giro, a los proyectos y a las acciones que emprenderá cada nueva administración. Lo que ocurre en el ámbito educativo no es la excepción, sexenio tras sexenio se marcan nuevas rutas, cambiando total o parcialmente planes de estudio, métodos de trabajo, materiales de apoyo, procesos administrativos, entre otros.

El preste documento presenta una comparación entre las reformas legislativas en materia educativa entre el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto y el actual presidente Andres Manuel López Obrador, con la finalidad de analizar el impacto social que estas han tenido, rescatar los aciertos de cada una y resaltar el sentir docente.

La reforma educativa promulgada en 2013 por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto, reconocía la necesidad de realizar cambios profundos al sistema educativo nacional, pretendía ser una solución estructural y se presumía que constituyera un parte aguas en la forma que se impartiría la educación en el país; siguiendo las recomendaciones de la OCDE se esperaba incrementar la calidad de la educación con base en la profesionalización de los docentes, la implementación de un nuevo modelo educativo, el establecimiento de sistemas de evaluación del desempeño y el mejoramiento de la infraestructura; no obstante, la reforma dejó de lado algunos aspectos que inciden directamente en la calidad de la educación y los resultados que se pueden esperar de ella.

La reforma educativa aprobada con la firma del Pacto por México trastocó de forma profunda los intereses laborales del magisterio nacional agrupado en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). A raíz de la presentación del proyecto de reforma, los sectores SNTE y CNTE (la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), se movilizaron para exigir a la autoridad federal la eliminación de dicha normativa, al considerarla como lesiva a sus derechos como trabajadores. Generando en los docentes un sentimiento de desvalorización y desprotección de sus derechos y de la seguridad de sus empleos, a su vez se generó una campaña de desprestigio que terminó restándole importancia social a la figura del docente.

La reforma planteada modificaba el artículo 3º y 73 de la Constitución Política, en este último caso para expedir el Servicio Profesional Docente. modificaciones a la Ley General de Educación, la expedición de la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación (INEE).  La reforma consistía en incluir en la Constitución la obligación del Estado de impartir educación de calidad, para lo cual implementaba un sistema de evaluación autónomo de la autoridad educativa y sin aparente relación con el SNTE.

El movimiento magisterial denunció que las nuevas condiciones laborales y administrativas eran lesivas para sus derechos, bajo el argumento de que ponían en riesgo su estabilidad laboral. Por su parte, el gobierno federal se mantuvo firme en su posición con respecto a la estrategia para enfrentar el problema de la calidad de la educación y resistió la movilización del magisterio.

Andrés Manuel López Obrador inició su gestión como presidente de México el primero de diciembre de 2018 y una de sus primeras acciones de gobierno fue firmar la iniciativa de decreto para modificar los artículos 3º y 73 constitucionales y así comenzar el camino para derogar la Reforma Educativa 2013. “Compromiso cumplido, maestras y maestros de México” (León, 12 de diciembre de 2018), fue la frase que utilizó con la intención de poner fin a todo aquello que los profesores identificaron como agresivo, violento y en su contra, e iniciar una nueva ruta que impactara en la mejora de la enseñanza.

En la iniciativa argumentó: “es un error aplicar criterios sancionadores y persecutorios que parten de la desconfianza hacia los profesionales de la docencia y pretenden poner todo el énfasis de la supuesta mejora de la enseñanza en la sujeción a procedimientos mecánicos de evaluación” (Poder Legislativo, 13 de diciembre de 2018, p. 3). Se señaló también la cancelación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).

Se abren espacios de diálogos con las de docentes, académicos, analistas, organizaciones gremiales, comunicadores, empresarios, líderes de opinión, autoridades educativas y organizaciones civiles, se analizó cuáles aspectos debían permanecer y cuáles había que ajustar, modificar o eliminar de la Reforma Educativa 2013 con la finalidad de superar todas las consecuencias no deseadas que ésta había provocado.

Algunos de los cambios más controvertidos que aparecen en la Reforma Educativa 2019, extraídos del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3o, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de mayo de 2019, son los siguientes:

En el artículo 3º se establece, entre otros puntos, que:

1. “Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.
2. “Las maestras y los maestros tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas…”
3. “La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión. Corresponderá a la Federación su rectoría y, en coordinación con las entidades federativas, su implementación…”
4. “La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones…, serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos…, lo dispuesto en este párrafo en ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio.”
5. “Se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación…”, entre sus funciones tendrá la de “realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional”, así como “determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación”. (p. 4)

Tal parece que, en la Reforma Educativa 2019, quedaron “formalmente” solucionados algunos aspectos que habían sido motivo de grandes  confrontaciones como la desaparición de la evaluación con carácter punitivo; se resguardan los derechos laborales; se abrogan la Ley del INEE y la del Servicio Profesional Docente, y, se declara que el Estado tendrá la rectoría de la educación; todo esto podría generar la expectativa de que todas las partes (profesores, sindicatos, autoridades educativas, partidos políticos, organizaciones cívicas) quedarían conformes con lo establecido en el decreto de la actual gestión; sin embargo, tanto las decisiones tomadas, como ciertas acciones posteriores, demandan dirigir la atención hacia algunas implicaciones de dichas decisiones.

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