El segundo informe del Observatorio Niñez y Adolescencia "Infancia Cuenta en Chile 2014"

El segundo informe del Observatorio Niñez y Adolescencia "Infancia Cuenta en Chile 2014" muestra que el 22,8% de la población infantil del país vive por debajo de la línea de pobreza, 8,4 puntos por encima del total nacional de pobreza (14,4%). Este estudio, que vigila la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Chile, pone de manifiesto que las regiones más afectadas por la pobreza infantil son La Araucanía y Biobío, con un 33% y un 30% respectivamente. La situación de indigencia infantil se observó en un promedio del 4,5% a nivel nacional durante 2011, siendo nuevamente más vulnerables la región de La Araucanía (8,2%), Biobío (6,7%) y Los Ríos (5%). El perfil de menores más vulnerables a la indigencia se localiza en niñas de 6 a 13 años afincadas en La Araucanía con un 9,4%, lo que representa más del doble del porcentaje promedio nacional. Uno de los factores más importantes en la calidad de vida de los niños es el Índice de Materialidad de la Vivienda, que permite conocer las condiciones de sus hogares y los materiales con los que estos están construidos. Así, el informe, que establece la distinción de inmuebles aceptables, recuperables e irrecuperables, ubica un 15,9% de las viviendas en la categoría recuperable, coincidiendo los mayores porcentajes con regiones afectadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010: O'Higgins (28,8%) y Maule (23,1%). Sólo un 0,4 % de los hogares con menores presentan una evaluación irrecuperable, con un mayor déficit en Arica y Parinacota (norte), donde un 5% de las casas tienen piso de tierra o paredes de material reciclado. El Observatorio Niñez y Adolescencia también tiene en cuenta los factores laborales para medir la calidad de vida de los menores, con un 7,1% de los hogares sin ningún familiar empleado, y también un 7,1% que recurren al trabajo infantil. "La pobreza, indigencia y cesantía que afecta a las familias con niños debe observarse en el contexto de un país que alcanza significativos índices de desarrollo económico" subraya el estudio recordando que "cuando el 22,8% de la población infantil se encuentra por debajo de la línea de pobreza significa que quizás el país no está invirtiendo lo suficiente

Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/07/29/672295/uno-de-cada-cuatro-ninos-en-chile-vive-por-debajo-de-la-linea-de-pobreza.html

SANTIAGO.- Considerando que 38.770 familias viven en 660 campamentos a lo largo del país, 11 mil más que en 2011 según cifras de TECHO-Chile, el informe anual sobre Derecho Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales abordó este problema en su última publicación. En la XIV versión del informe, presentado esta mañana en la Facultad de Derecho UDP por la directora del Centro de Derechos Humanos del mismo plantel, Judith Schönsteiner, asegura que lo anterior "constituye una violación de una obligación inmediata del derecho a la vivienda digna consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales suscrito por Chile". El informe describe que existe una "falta de una política estructural de vivienda, que pueda superar los obstáculos que le pone el mercado de suelos, y de datos actualizados sobre la situación en los campamentos". También apunta a la "ausencia de reconocimiento constitucional del derecho a la vivienda". De hecho, el informe recomienda que se debe "garantizar constitucionalmente el derecho a una vivienda adecuada, así como el acceso a la justicia", así como "levantar información desagregada sobre la situación de los campamentos en Chile, y mantenerla actualizada", sumado al aumento "de los recursos destinados al término de los campamentos". Diez son los capítulos que incluye este año la publicación, cuyo propósito es "informar y analizar en profundidad, desde la perspectiva de los DD.HH., aspectos conflictivos o silenciados de nuestra vida social, que consideramos de particular gravedad por su carácter estructural o que no han sido destacados con anterioridad". Uno de los capítulos se aborda el derecho de los grupos LGTBI "cuyas violaciones son menos visibles y estudiadas, al menos en Chile". En ese contexto, se indica que ni siquiera el Ministerio de Salud posee cifras oficiales y/o públicas respecto del número de nacimientos intersex, ni tampoco existen normas de carácter legal que garanticen la protección de la integridad corporal de estos niños y niñas. Situación de menores En materia de Infancia, el estudio critica la forma en que el Estado trata a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que tiene a su cargo, asegurando que la institucionalidad de la infancia en Chile es calificada como "una deuda impaga". Tras el análisis de los proyectos de ley presentados durante este año por el Ejecutivo, se concluye que "a 26 años de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño (CDN), Chile sigue sin ajustar sus normas y políticas públicas a los estándares internacionales a los que el Estado adscribió con la suscripción de dicho tratado". Entre otras medidas, se insta a que se apruebe con prontitud el proyecto de ley que crea el Sistema de Garantías de la Niñez, incorporando un enfoque de derechos humanos, y que no se sujete el reconocimiento de éstos a la disponibilidad presupuestaria del Estado. Otra capítulo se llama "Radiografía del empleo público en Chile: derechos laborales de los funcionarios públicos", el cual estudia la situación laboral de dichos trabajadores, en particular en materia de sindicalización, negociación colectiva y derecho a huelga, recomendando que estos derechos sean consagrados constitucionalmente en forma universal (para públicos y privados), aunque "admitiendo posibles restricciones –pero nunca la prohibición– en el caso de servicios esenciales en el sentido estricto del término". El resto de las temáticas incluidas este año se refieren las obligaciones estatales en materia de empresas y derechos humanos; a la práctica de esterilización en niñas y mujeres, con y sin discapacidad psíquica o intelectual; pueblos indígenas, multiculturalidad y sistema educacional; garantías contra la expulsión para migrantes y por último, el capítulo sobre verdad, justicia y memoria por violaciones a los DD.HH. en tiempos de dictadura, único que se mantiene desde los inicios de la publicación.

Fuente: Emol.com - http://www.emol.com/noticias/Nacional/2016/11/07/830003/Informe-de-DDHH-de-la-UDP-plantea-que-derecho-a-la-vivienda-se-reconozca-constitucionalmente.html

Introducción

El acceso a vivienda propia para las familias más vulnerables de Chile representa un mejoramiento en sus condiciones de vida, esperándose beneficios en la calidad de vida y en la salud de sus habitantes. La condición más extrema que se busca mejorar con una solución habitacional corresponde a aquella que involucra a las familias de campamentos, asentamientos que agrupan a 8 y más familias, circunscritos a determinadas áreas geográficas con diversos problemas de habitabilidad1. De acuerdo al catastro iniciado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), en 2011 existían 657 campamentos y cerca de 30.000 familias en esa situación2. La población infantil residente podría ascender a 60.000 niños y niñas3 quienes son más vulnerables a la calidad de los microambientes y podrían corresponder al grupo más beneficiado con el acceso a vivienda.

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