Las mentiras del estado

Colegio San Bartolomé La merced

Grado 11C

Seminario de Economía y Política

Alejandro Figueroa

09 de diciembre de 2015

Un estado de mentiras

Los discursos de hoy en día van dirigidos a la inauguración de múltiples obras, presentaciones de planes de gobierno en un futuro distante, rendiciones de cuentas fiscales, y el proceso de paz, pero se están olvidando de algo trascendental, y es que se está descuidando la economía nacional, dejando que muchas empresas nacionales sucumban ante el capitalismo radical que emplean las multinacionales al entrar al país, o los tratados de libre comercio, que hacen que las empresas no puedan ser competentes ante los bajos precios en que llegan muchos productos a Colombia, además de la devaluación de la moneda que no ayuda en lo absoluto a las empresas nacionales, pues el precio para vender de sus productos no es coherente con el gasto que estas empresas para crearlos, es decir la ganancia es mínima por parte de las empresas . Pero además, no se está haciendo respetar la ley en el sentido en que las legislaciones establecidas por la constitución de 1991, en realidad implementan pero no entran en vigor frente a diferentes multinacionales que compran empresas y que laboran en todo el territorio colombiano, generando así un desnivel económico muy amplio en el país.

Un ejemplo claro de este olvido económico, fue el de FERROSA S.A, una compañía de aceros de Antioquia, la cual fue afectada por la devaluación del peso colombiano, y al principio pidió ayuda del estado, pero el estado no accedió a darla, entonces, un grupo económico argentino llamado Techint, a partir de su empresa Ternium que es una empresa de aceros, así como FERROSA S.A, compró la mayoría de las acciones de la compañía, generando así una estabilidad en la compañía y en la venta de aceros, claro está, esta inversión no fue un regalo divino ni nada por el estilo, esto tenía y tiene una intención económica demasiado amplia, pues Ternium al ser una multinacional muy bien establecida a nivel global, consiguió hacerse dueña de gran parte de la economía nacional en términos de venta y compra de acero, aplicando un término económico llamado oligopolio que consiste en “cuando existe un número pequeño de empresas de un mismo sector, las cuales dominan y tienen control sobre el mercado.” (Colombiamania, 2009), es decir, al comprar esta empresa, en realidad lo que hizo el grupo económico fue hacerse a un mercado amplio, donde su economía podía crecer; ahora, esto legalmente en Colombia debería ser judicializado porque según (La República de Colombia, 1991), que declara:

Artículo 336. Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público o social y en virtud de la ley. La ley que establezca un monopolio no podrá aplicarse antes de que hayan sido plenamente indemnizados los individuos que en virtud de ella deban quedar privados del ejercicio de una actividad económica lícita. La organización, administración, control y explotación de los monopolios rentísticos estarán sometidos a un régimen propio, fijado por la ley de iniciativa gubernamental. Las rentas obtenidas en el ejercicio de los monopolios de suerte y azar estarán destinadas exclusivamente a los servicios de salud. Las rentas obtenidas en el ejercicio del monopolio de licores, estarán destinadas preferentemente a los servicios de salud y educación. La evasión fiscal en materia de rentas provenientes de monopolios rentísticos será sancionada penalmente en los términos que establezca la ley. El Gobierno enajenará o liquidará las empresas monopolísticas del Estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad cuando no cumplan los requisitos de eficiencia, en los términos que determine la ley. En cualquier caso se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores. 

Pero como la nación es tan incoherente, no se divisa ni la más mínima sanción para esta compañía, y para rematar, los entes que intentan impartir justicia en el estado, no pueden hacerlo por el simple hecho de que las compañías se cobijan a partir de la raíz de la incoherencia de Colombia, su constitución, que prohíbe los monopolios, pero antes de prohibirlos primero los promueve a partir de (La República de Colombia, 1991), donde se manifiesta:

Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.

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