Violencia de genero y feminicidio en el Estado de México: el patriarcado como régimen político
Enviado por luisalpaba • 8 de Septiembre de 2015 • Ensayo • 985 Palabras (4 Páginas) • 232 Visitas
Violencia de genero y feminicidio en el Estado de México: el patriarcado como régimen político.
Históricamente, la violencia ejercida en contra de la mujer ha estado vinculada al ejercicio del poder propio de quienes ostentan los medios y dispositivos para doblegar la voluntad de los otros. Desde tiempos inmemoriales, esta se ha manifestado como herramienta de dominación y ha consolidado regímenes políticos dada la subjetivación generalizada de la mujer como incapaz, sumisa y limitada.
Aunque muchas veces atendida, la problemática que nos concierne ha sido tratada en su mayoría como si de un elemento ajeno al sistema político se tratara, no obstante, lo que aquí pretendemos es dar cuenta de cómo los diversos tipos de violencia que se ejercen en contra de la mujer forman parte de la estructura del regimen político dominante y son cobijados por los poderes fácticos. Para ello y dados los altos índices de crímenes perpetrados en contra de la mujer, tomaremos como referencia lo acaecido al respecto en el Estado de México.
Independientemente de la edad, escolaridad, clase social, estado civil, religión, raza o etnia, las mujeres se enfrentan, por su condición de género, a diversas formas de violencia que conforme al contexto pueden manifestarse como violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y feminicidio.
Feminicidio es el calificativo mediante el cual se expresa el homicidio violento y tortuoso de un individuo adscrito al género femenino a manos de otro adscrito al género masculino. Si bien este suceso ocurre en todo el mundo, en nuestro país se ha tornado una de las problemáticas más agravantes y dolosas que ocupan a la sociedad, problemática conocida en parte gracias al esfuerzo de organizaciones civiles como las de Ciudad Juárez en Chihuahua, que a finales de la década pasada salieron a las calles para protestar por las muertes de mujeres jóvenes y niñas que fueron secuestradas, brutalmente torturadas, violadas y finalmente asesinadas por uno o varios individuos, crímenes a la fecha impunes.
Al día de hoy, el Estado de México, ocupa el primer lugar de la república en la comisión de femicidios con 7745, de los cuales el 95 por ciento se mantienen en la impunidad. En 2011, año en que se renovó la gubernatura en el Estado de México, los feminicidios alcanzaron su nivel más alto, 4.5 muertes ocurrían por cada 100 mil mujeres que residen en la entidad. Entrada la administración de Enrique Peña Nieto y hasta el 2010, se registraron 1003 casos de presuntos feminicidios, concentrándose en diez municipios: Ecatepec de Morelos, Netzahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco y Cuautitlán Izcalli.
“Las muertas del estado de México, son las muertas de un país donde la misoginia y el machismo persisten. Donde las autoridades crean cortinas de humo y las cifras, aunque duras, no se explican por sí solas”, declara María de la Luz Estrada, integrante del Observatorio Ciudadano del Feminicio. Al respecto, ni la crítica a nivel internacional que ha desatado la ola de asesinatos y desapariciones ha generado que el gobierno estatal se decida a acabar con la impunidad, y a cumplir con mandatos judiciales para brindar justicia a la población femenina.
El feminicidio puede ser cometido por un conocido o desconocido, pero en ambos casos, es el extremo de variadas formas de discriminación hacia la mujer que se reflejan en maltrato, insultos, desprecio, abandono, hostilidad y degradación. La violencia contra niñas y mujeres constituye una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Su práctica limita total o parcialmente a las mujeres en el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y libertades.
En el Estado de México han sido asesinadas más mujeres que en el municipio de Juárez, que era considerado el lugar más peligroso del mundo para las mujeres. Sin embargo, las autoridades suelen menospreciar o ni siquiera reconocer la existencia del problema.
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