25 años De Democracia En Ecuador

El problema territorial dejó de ser la principal preocupación de la política exterior del Ecuador, y los cambios que se han producido en el mundo colocan al país frente al reto de definir sus posiciones frente al nuevo contexto internacional

El 26 de octubre de 1998, los presidentes Jamil Mahuad y Alberto Fujimori firmaron el Acta de Brasilia, en la que se estableció la frontera terrestre entre el Ecuador y el Perú en la zona no demarcada de la Cordillera de El Cóndor y en otros puntos, se adoptaron acuerdos de integración fronteriza, comercio y navegación

En los 25 años del presente período democrático, cabe destacar tres hechos internacionales: la resolución del conflicto territorial que el Ecuador tenía con el Perú desde la constitución de la República, los profundos cambios ideológicos, económicos y políticos producidos en el contexto internacional y la consolidación de los Estados Unidos en el liderazgo de un mundo unipolar.

Resolución del problema territorial

Dos enfrentamientos bélicos, en la Cordillera de El Cóndor en 1981 y en el Alto Cenepa en 1995, que pudieron derivar en guerras generalizadas, y otros que pusieron en alerta a los dos ejércitos, demuestran la magnitud que, en el cuarto de siglo democrático, alcanzó la histórica disputa territorial entre el Ecuador y el Perú.

El 10 de agosto de 1981, en su Informe al Congreso Nacional, el presidente Osvaldo Hurtado planteó “la necesidad de que el país encontrara una fórmula que permitiera la solución definitiva del problema territorial, indispensable para que pudiera conjurarse el riesgo de una guerra, asegurar la paz entre el Ecuador y el Perú y promover relaciones constructivas de recíproco beneficio". Con tal propósito, llamó a un consenso nacional que permitiera definir una posición en materia territorial, de entre las varias existentes, a fin de que el Gobierno pudiera negociar sobre bases firmes y su política tener continuidad.

Este planteamiento fue criticado por líderes políticos y observado por jefes militares; el diputado León Febres Cordero llegó a calificarlo como un acto de ‘traición’ a la patria, por considerar que existía una sola tesis ecuatoriana consistente en la reivindicación de los territorios situados al norte del río Amazonas, razón por la cual debía ‘mantenerse la herida abierta’ hasta que el Ecuador pudiera recuperarlos. Esta posición no fue reafirmada por el presidente Febres Cordero durante su Gobierno, que más bien se distingue por ser el único que, durante el presente período democrático, nunca mencionó el problema territorial en sus declaraciones de política exterior y en los eventos internacionales a los que concurrió.

El presidente Rodrigo Borja, después de un incidente fronterizo que pudo convertirse en un nuevo enfrentamiento militar, intervino en el foro de las Naciones Unidas para plantear que el problema territorial ecuatoriano-peruano fuera resuelto mediante el arbitraje del Papa Juan Pablo II. La iniciativa no prosperó por la respuesta negativa del Perú, pero permitió un acercamiento entre los dos países que culminó con la primera visita de un presidente peruano al Ecuador, en la cual Fujimori reiteró la tradicional postura de su país, según la cual solo faltaba demarcar ciertos tramos de la frontera común, proceso en el que aceptó la participación de un perito designado por el Vaticano, a la vez que expresó su disposición a realizar ciertas concesiones no territoriales para que el Ecuador tuviera acceso al Amazonas, propuesta que no obtuvo respuesta del Gobierno ecuatoriano. Dado el riguroso apego del Vaticano a los principios del derecho internacional, el instrumento jurídico en el que probablemente habría basado el Papa su arbitraje habría sido el Protocolo de Río de Janeiro.

Este acercamiento fue continuado durante el Gobierno del presidente Sixto Durán Ballén, en el que se mantuvieron contactos bilaterales y se estudiaron fórmulas de solución hasta que, en 1993,

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