ANTECEDENTES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

Desde la década del noventa la política social peruana se ha orientado a erradicar la pobreza extrema. Si bien se alcanzaron importantes avances en este periodo, la política social nunca logró transformarse en una estrategia integrada a largo plazo que permitiera una asignación ordenada y eficiente de los recursos hacia las principales prioridades sociales y tuviera un impacto importante y sostenible sobre los indicadores sociales. Durante los primeros años del nuevo siglo, la situación de los programas sociales tampoco ha mejorado, a pesar de que se han elaborado diversos planes que buscan mejorar la gestión de los programas, estos simplemente no se han materializado por el contrario, se han introducido nuevos problemas referidos a la gestión de los programas como resultado de una creciente burocratización o “partidarización” de los mismos. De esta forma, a la ineficiencia de los programas se le han sumado nuevos problemas, los cuales se han visto incrementados durante el proceso de regionalización. Además, la por iniciar el proceso de descentralización de los principales programas sociales, sin embargo, lo ha hecho sin antes reformularlos, reestructurarlos o fusionarlos. Esta situación ha hecho que los problemas de gestión se mantengan, con fines descriptivos.

El origen de los programas sociales guarda relación directa con el origen de las políticas públicas de desarrollo social, las llamadas “políticas sociales”. Las políticas sociales, tal como fueron impulsadas por los gobiernos europeos al finalizar la Segunda Guerra Mundial se orientaron a procurar condiciones de vida aceptables para el conjunto de la sociedad. Esto implicó intentar, mediante su intervención, resolver los más diversos problemas sociales: desempleo, bajos salarios, analfabetismo, escasa escolaridad, hacinamiento en viviendas, carencia de servicios básicos, enfermedades, muertes evitables, entre otros.

En las décadas de 1970-1980, este modelo entró en crisis por los insuficientes ingresos para solventar los gastos sociales. Tal situación llevó a los Estados a introducir las llamadas “reformas de primera generación” para desmantelar el intervencionismo estatal, aplicar políticas de descentralización y de privatización de empresas públicas, reducir el tamaño del Estado y emplear el mecanismo de mercado como nueva centralidad. En este contexto neoliberal, el Estado debía limitarse a garantizar las condiciones para que las empresas privadas ofrecieran los bienes y servicios públicos, que antes habían constituido un componente fundamental de sus funciones (Cardozo, 2003).

En la década siguiente (los ´90) los problemas sociales de América Latina continuaron creciendo: había aumentado el número de habitantes en condiciones de pobreza y de pobreza extrema (253 millones de personas, que constituían 50% de la población en 1990, frente a 38% que existían en 1980); éste se había concentrado en el medio rural y en grupos particularmente vulnerables, como niños (60%), mujeres, indígenas, ancianos y discapacitados. La pobreza se reforzó con situaciones de desigualdad, marginación y exclusión. Ante esta situación, los Estados comenzaron a aplicar las “reformas de segunda generación”, centradas en la eficiencia de la provisión de servicios, la efectividad para mejorar su cobertura y calidad, así como el reforzamiento de las condiciones para el desarrollo de la actividad privada.

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