Analisis Juridico SNA

EXORDIO:

En el México actual, la corrupción se transparenta pero la impunidad es la constante.

DESARROLLO:

Según el último informe de Transparencia Internacional, en 16 años –entre 1998 y 2014– México cayó 48 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción, al pasar del sitio 55 al 103 entre 175 países evaluados, con una calificación de 35 sobre 100.

Y como lo dice la Ley de Transparencia y acceso a la informacion lo soguiente:

La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información.

Tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.

En el SNA o ahora nueva ley de Transparencia se hace un acto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a los artículos 22, 73, 74, 76, 79, 109, 113, 114, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de crear el Sistema Nacional Anticorrupción.

En cuanto a mi perspectiva, la creación del SNA tiene los siguientes aspectos positivos: visión integral; apoyo de los partidos políticos; la SFP, responsable del control interno, no desaparece y será fortalecida; se permite una fiscalización más oportuna por parte de la ASF; se crean nuevas instancias como la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y se le da participación a la sociedad civil como proponente, promovente, observadora y denunciante, así como coadyuvante en la definición de políticas públicas en la materia.

Los aspectos negativos de la iniciativa son los siguientes: quitar a la ASF la facultad de sanción económica resarcitoria, en lugar de que tanto la ASF como la SFP, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa puedan contar con esta facultad, creando un frente más amplio que sancione la enorme corrupción en el país; la presentación a la Cámara de Diputados de informes individuales de las auditorías realizadas por la ASF una vez que sean concluidas, aproximadamente mil 200 auditorías anuales, hará que su titular comparezca constantemente ante la Comisión de Vigilancia, afectando su labor sustantiva; replicar el Sistema Nacional Anticorrupción en las 32 entidades federativas tendría enormes costos para el erario, estimando presupuestos anuales de entre 15 y 20 mil millones de pesos; carece de opiniones de un mayor

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