Caso Rosendo Radilla.

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Caso Rosendo Radilla.

Primeramente, voy a hablar sobre en qué consistió el caso Rosendo Radilla:

El 25 de agosto de 1974, detuvieron ilegalmente en un retén militar al señor Rosendo Radilla Pacheco, quien fue visto por última vez en el Ex. Cuartel Militar de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Rosendo Radilla fue un destacado y querido líder social del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, quien trabajó por la salud y educación de su pueblo y quien fungió como presidente Municipal. Treinta y nueve años después, su paradero sigue siendo desconocido.

En México durante la década de los setenta y principios de los ochenta, se cometieron numerosas violaciones de los derechos humanos por parte de integrantes del Estado. Éstas formaron parte de una política de Estado que resultó en la comisión de crímenes de lesa humanidad, que se mantienen en total impunidad a la fecha. Parte de esta política de Estado involucró la persecución y detención arbitraria de opositores al régimen principalmente activistas políticos y dirigentes sociales. A este periodo histórico se le denominó “Guerra Sucia”. Es en este contexto en el que se da la detención del señor Rosendo Radilla.

La detención y posterior desaparición forzada del señor Radilla Pacheco fue denunciada públicamente por la familia en el momento de sucedidos los hechos y posteriormente fue denunciada legalmente ante las instancias de procuración de justicia nacionales. Fue parte de la investigación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos la cual concluyó en un Informe Especial publicado en el año 2001 conjuntamente con la recomendación 26/2001 e igualmente fue una de las averiguaciones previas investigadas por la Fiscalía Especial creada en la transición democrática con el fin –no alcanzado– de aclarar los crímenes del pasado. Dicha fiscalía fue cerrada de forma inesperada el 30 de noviembre de 2006. Actualmente las investigaciones radican en la Coordinación General de Investigación dependiente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República.

El caso Radilla tuvo un gran impacto en el sistema jurídico mexicano, tanto por haber sido el primer caso significativo en el que la Corte IDH condena al Estado mexicano, como por contener órdenes para que en México se realicen cambios estructurales de gran importancia para la vida pública del país.

En primer lugar, al ser el caso Radilla el primer caso en que la Corte IDH condena al Estado mexicano por violaciones graves a derechos humanos, ordenando una serie de medidas de reparación en concordancia con la gravedad de las violaciones, las autoridades mexicanas se vieron forzadas a establecer criterios para el cumplimiento de esta sentencia y de otras sucesivas que se emitan por parte de la Corte IDH.

Análisis.

Tal y como se desprende de las múltiples investigaciones realizadas tanto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, el señor Rosendo Radilla Pacheco era un activista social, profesor egresado de de una normal rural del estado de Guerrero, de las cuales el Gobierno temía representaran un foco de rojo y caldo de cultivo de guerrilleros, y que por ello fue cerrándolas de manera paulatina.

Los gobiernos federal y estatales realizaban detenciones ilegales y arbitrarias de supuestos guerrilleros, concentrándose preponderantemente en la zona de Guerrero, donde otros activistas sociales como Genaro Vázquez y Lucio Cabañas gozaban de fama en la región como líderes guerrilleros, y donde, asimismo, éste último secuestrara al Gobernador del Estado y en consecuencia desatara toda una serie de medidas de represión militar y política, tendientes a eliminar los movimientos opositores y armados en contra del gobierno del estado mexicano, encabezado en ese entonces por el Presidente Luis Echeverría Álvarez.
De esta manera, durante las décadas de los setenta y ochenta, las acciones represivas del Estado fueron implantadas desde fuera de lo legal, mediante una estrategia por parte del gobierno, a través de las Fuerzas Federales, cuya única finalidad era la de acabar con todo aquello que fuera o pareciera guerrillero, sin un debido proceso, empleando tortura como mecanismo para obtener información sobre las células insurgentes y llegando a cometer desapariciones forzadas de personas por parte de militares: la “guerra sucia”.

Según se ha documentado, el 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, de 60 años de edad, fue detenido en un retén militar en la sierra de Guerrero, en donde los efectivos del ejército le apresaron en razón de que “componía corridos” (sobre los actores y acontecimientos de la guerrilla), y a partir de entonces, nadie ha sabido de su paradero.

Se documentó, asimismo, sobre la posibilidad de que hubiese sido trasladado a un cuartel militar en donde sería torturado durante varios días y ejecutado posteriormente, para ser enterrado en una fosa clandestina debajo de dicha instalación militar. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados por los familiares de Radilla y de diversas organizaciones no jurisdiccionales, no se ha podido esclarecer lo sucedido.

El asunto, por temor a las represalias propias del ambiente que envolvía la época, no fue denunciado ante las autoridades por parte de los familiares, sino que se realizaron manifestaciones y movimientos sociales en torno a ello, y no fue denunciado legalmente sino hasta el 27 de marzo de 1992, por primera vez, ante el Ministerio Público Federal. No obstante, y dada la falta de resultados, aun cuando se presentaron nuevas denuncias, y de haberse llevado a cabo numerosas actuaciones a través de diferentes instancias, el caso Radilla fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un ejemplo paradigmático de lo sucedido a cientos de familias durante la “guerra sucia” en México.

Como lo señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su recomendación 026 del 2001 al Jefe del Ejecutivo Federal:

“La relevancia de los derechos que se vulneran al presentarse la desaparición forzada implica que dicha violación a derechos humanos se considere de lesa humanidad. Tal situación demanda de las naciones y los Estados con aspiraciones democráticas, la construcción del camino para tutelar de manera eficiente y efectiva los derechos fundamentales de las personas, en particular los reconocidos en una amplia gama de convenios, pactos y declaraciones internacionales suscritos por México, los cuales tienen por objeto propiciar el máximo nivel de reconocimiento y protección de los derechos inherentes al ser humano.”

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