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MARCO GENERAL

El avance democrático depositado en las urnas por la sociedad mexicana, establece las expectativas de alcanzar mejores condiciones de progreso social, económico, político, cultural y laboral entre otros ámbitos. Ante un abanico tan amplio, el Estado busca delimitar eficiente y eficazmente sus políticas públicas, dirigidas a fomentar las actividades productivas que por mandato cons titucional le corresponden.

Siendo así, la política pública laboral ejerce sus funciones conforme a lo establecido en el artículo 123 Constitucional y la Ley Federal del Trabajo (LFT), buscando, mediante su intervención, la armonía entre los factores de al producción, el fomento a la productividad como una constante para elevar las remuneraciones de los trabajadores, así como propiciar las condiciones para el desarrollo de un clima de estabilidad y de paz laboral.

No obstante, que el desarrollo de la política pública laboral encuentra diversos factores que condicionan y determinan su proceder, es indudable que su quehacer en buena medida depende del

comportamiento de la economía y las decisiones que asuman los diversos agentes productivos, centrada en la pauta que establece la interrelación económica mundial: productividad y competitividad.

Precisamente esta conjugación que dirige la inserción a las corrientes económicas actuales, se ha significado por orientar los procesos productivos de los países con mayor desarrollo, desde hace aproximadamente dos décadas. Durante este periodo, las estrategias que se han puesto en operación han tenido, en lo general, implicaciones que han favorecido la estabilidad económica y el posicionamiento de México en el mercado mundial, reconociéndose que algunos sectores sólo han avanzado gradualmente hacia el fomento y establecimiento de estos componentes.

Estos impactos han llevado a la reorganización de la producción nacional interna, influyendo en la depuración de los mercados laborales, según grado de vinculación productiva de los sectores

económicos, disminuyendo las posibilidades de vincular la demanda con la oferta de empleo formal, situación que suscita tensión social, fundamentalmente en aquellos grupos que se instalan al margen del desarrollo económico.

Sin embargo, la política pública laboral, continúa, por medio de sus acciones institucionales, contribuyendo a crear las condiciones para que las instancias del trabajo procuren una justicia pronta y expedita; el fortalecimiento a las acciones de capacitación de la mano de obra asalariada; a la recuperación del poder adquisitivo y al aumento de sus remuneraciones mediante el fomento a la productividad de las empresas.

Por esta razón, no obstante, de la crisis económica y financiera detonada en 1995, se observa que los indicadores laborales, aunque con dificultades, siguieron su marcha paulatina pero ascendente; es decir, de lo anterior se desprende que los ajustes en materia presupuestal que se hicieron en el marco macroeconómico también tuvieron impactos en el sector laboral, pero de una magnitud menor.

Por consiguiente, a través del Servicio Nacional de Empleo, Capacitación y Adiestramiento (SNECA), entre 1995 y 20001 , se llevaron a cabo 15,266 talleres para desempleados y 378 ferias de empleo; en los primeros, se atendió a 197,980 solicitantes, mientras que por medio de las segundas se colocó a 276,349 personas que asistieron a estos eventos, destacando la participación de 24,394 empresas. Cabe mencionar que durante el período el programa referido contribuyó a la colocación de 816,652 trabajadores a nivel nacional.

Por otra parte, el Programa de Becas de Capacitación para Desempleados (PROBECAT), otorgó durante el período de referencia 2.9 millones de becas para capacitación e impartió 138,398 cursos, en sus distintas modalidades. En lo relativo, al Programa de Trabajadores Agrícolas Migratorios Temporales Mexicanos con Canadá, fue posible colocar a 37,850 personas en ese país.

En el caso del Programa de Calidad Integral y Mo dernización (CIMO), se desarrollaron 291,539 eventos de capacitación beneficiando a 3,153,381 trabajadores, distribuidos entre sectores económicos y por tamaño de empresa.

En materia de seguridad e higiene en el trabajo, durante el período 1995-2000, la STPS llevó a cabo 275,180 inspecciones a empresas de jurisdicción federal. Asimismo, se observó que no obstante los esfuerzos desplegados en este renglón, el porcentaje de riesgos de trabajo por cada 100 trabajadores expuestos a éste, se mantuvo inalterado.

Cabe mencionar, que el proceso para el desarrollo de la capacitación en relación directa con las normas de competencia laboral requeridas para participar competitivamente, iniciado en 1995, registró desempeños mínimos, dado que los primeros esfuerzos respondieron a casos piloto con la intervención del Programa CIMO para identificar competencias laborales a nivel de empresa. En este mismo sentido, también con la intervención del Programa, entre 1999 y 2000 se capacitó y evaluó a 7,680 trabajadores, aspecto que tendrá que fortalecerse, sin duda alguna, en la presente Administración debido a los requerimientos y reordenamiento de la producción interna y mundial.

Estos instrumentos fundamentales del quehacer institucional tendrán que fortalecerse con el propósito no sólo de cumplir una meta cuantitativa, sino de enraizar en los trabajadores las capacidades, habilidades y destrezas que requieren las empresas.

Asimismo, éstas deben reconocer la importancia de compartir el compromiso de fomentar la capacitación e incrementar las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, para el impulso de la productividad, mecanismo incuestionable para mejorar su rentabilidad y las remuneraciones del factor trabajo.

1 Para el 2000, SNECA y PROBECAT, son cifras definitivas para el período enero- julio; mientras que para el CIMO,

corresponden al período enero-agosto, preliminares al mes de julio y estimadas a agosto. ( 6º. Informe de Gobierno, 1º de septiembre, 2000. Anexo, Poder Ejecutivo Federal).

Por supuesto, también se reconoce que existen retos, por una parte, los que se identifican con aquellas variables que evolucionan conforme al comportamiento que adquiere nuestra economía, y, por otra, los que se refieren directamente con el quehacer institucional que despliega la Secretaría.

En la búsqueda de un escenario caracterizado por la estabilidad macroeconómica, mostrada en los años que antecedieron a la crisis, para el gobierno mexicano fue necesario aplicar otro

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