Escasa Educacion

En México, 34 millones de personas están en rezago educativo; 7 millones son analfabetas; 1.4 millones de niños no asisten a la escuela; más de 1 millón 324 mil tienen menos de cuatro años de estudio, y hay un número inestimable de analfabetas funcionales.

Cifras del relator especial sobre el Derecho a la Educación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) dan cuenta de la marginación y la penuria educativa.

El análisis Llegar a los marginados. Informe de seguimiento de la educación para todos 2010, de la UNESCO, identifica a quien está en la marginación educativa como quien no tiene acceso a los servicios escolares; mientras que aquel que está en la penuria educativa tiene menos de cuatro años de estudios y carece de conocimientos básicos en lectura, escritura y matemáticas.

A nivel mundial, México tiene el lugar 55 en el índice Educación para Todos, que mide el acceso a los servicios educativos. De acuerdo con el informe, tiene el lugar 65 en la cantidad de alumnos que alcanza el quinto grado, y el 66 en alfabetización para adultos. Mientras que en el acceso de las mujeres a la educación, está en la posición 58.

Vernor Muñoz Villalobos, relator especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU, advierte que en México existen grandes asimetrías estructurales y desigualdad en la educación. El país “enfrenta dos grandes retos: abatir la exclusión que genera el propio sistema educativo y elevar la calidad”.

Durante la presentación de los resultados preliminares de su evaluación, en su primera misión a México, apuntó que la exclusión de las oportunidades educativas tiene destinatarios muy precisos: “Las poblaciones pobres reciben una educación pobre”.

Desigualdad y exclusión

El informe Llegar a los marginados. Informe de seguimiento de la educación para todos 2010 apunta que la desigualdad en el aprendizaje tiende a ser más amplia en los países de bajos ingresos.

Según expone el informe, el que se hable una lengua diferente a la oficial está asociado al bajo desempeño escolar. En México, la población indígena cursa tan sólo 1.5 años en la escuela, mientras que a nivel nacional el promedio alcanza los ocho años.

Ocho de cada 10 indígenas no cuentan con educación básica. La tasa de analfabetismo alcanza hasta al 50 por ciento de la población en las zonas rurales; sin embargo, de los 1.5 millones de indígenas en rezago educativo, sólo se atiende a 66 mil.

A diferencia del 17 por ciento de la población nacional que ingresa a la universidad, únicamente el 1 por ciento de los indígenas que cursan la primaria acceden a estudios a nivel superior.

En su visita a México, el relator especial sobre el Derecho a la Educación, Muñoz Villalobos, reconoció que pese a que el país ha reconocido formal y constitucionalmente los derechos de los pueblos indígenas, la eficacia educativa está por debajo de los estándares.

“El modelo educativo es insuficiente para el rescate y la potenciación de las culturas y las lenguas indígenas”. Describió que éste deja sin oportunidades a la población de las zonas rurales o les ofrece opciones de baja calidad.

En los últimos años, abundó, el presupuesto para educación intercultural se ha reducido dramáticamente. Únicamente existen nueve universidades de este tipo.

El relator considera que la lucha contra la deserción y el rezago está relacionada con la necesidad de fortalecer la capacitación y la formación docente, la que “muchos expertos han calificado como primigenia, irregular e inconsistente”.

Respecto de la situación de los jornaleros agrícolas, refirió que el 70 por ciento del total del rezago educativo proviene de estas familias. Alrededor de 1 millón de niños tienen dificultades para continuar con sus estudios. Por lo que Muñoz Villalobos llamó reforzar la boleta única y el Programa de Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes.

Respecto de la inclusión de los menores con discapacidad, el relator observó que la educación integradora y especial no termina de armonizar. Es necesario, comentó, traducir los compromisos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en normas locales.

“Detrás de esta situación de asimetría y desigualdad –expuso el relator–, hay un problema más estructural que tiene que ver con la ausencia de una política pública articulada y sistémica”.

Para el relator, esta realidad contrasta con el principio de derechos humanos sobre el acceso universal

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