Evaluacion Del Desempeño

Evaluación del desempeño legislativo en México; ¿Qué evaluamos? ¿Calidad o cantidad? La experiencia del Congreso de Sonora.

El artículo que hoy se presenta está íntimamente ligado a la nueva cultura de la transparencia y el acceso a la información pública. En este caso, la información proviene de un ente que regularmente no se había caracterizado por evaluar su comportamiento derivado de su función constitucional, por ser ésta de corte más cualitativo que cuantitativo, pero que sin lugar a dudas en las últimas dos décadas se ha convertido en protagonista de la esfera política nacional y estatal como lo es el Poder Legislativo.

De acuerdo a lo antes mencionado, consideramos importante revisar de manera breve la función del poder legislativo en México, desde la perspectiva del equilibrio de los poderes del Estado.

La división de poderes

El principio de la división o separación del poder en un sistema de gobierno, emana de la premisa de acotar el poder supremo de los monarcas en las épocas absolutistas, que reinó en las monarquías europeas entre los siglos XIV hasta el XVIII. Primero fue John Locke (1632-1704), quien afirmó que era imprescindible que se separara el poder ejecutivo del legislativo, esto, para objetivar su dirección, y es el primero que propone que el Rey sea sometido al imperio de la ley.

Fue Charles Louis de Secondat Barón de Montesquieu (1689-1755), quien en su obra Del espíritu de las leyes, hace ver de una manera teórica y magistral pero sencilla, la importancia que el poder del gobierno se divida en legislativo, ejecutivo y judicial llamando a esta situación como la división de la soberanía o “la proporción justa”. Montesquieu se plantea el problema de si existen leyes generales que determinen la formación y el desarrollo de la sociedad humana en general y de las sociedades humanas en particular.

La herramienta primordial de los congresos que justifica su existencia y función constitucional recae en el proceso legislativo, método por el cual el parlamento aprueba o rechaza los proyectos de ley y de decreto que ellos mismos promueven o bien que reciben de entidades facultadas para tal efecto. El proceso legislativo se compone de cuatro etapas o momentos que llevan a una secuencia que podemos clasificar como: iniciativa, trabajo de comisiones, discusión y votación del pleno, y sanción y publicación (Rodríguez, 2008, 27).

Hoy en día es común enterarnos que algunos congresos estatales se preocupan por evaluar su actividad legislativa o parlamentaria tema central del presente artículo. Esto obedece en gran medida a las necesidades de los propios congresos de gozar de la aceptación popular en cuanto a su función constitucional. Sin embargo, esa aceptación a la que aspiran es lo que menos han podido conseguir, esto después de algunos años de consolidarse como órganos colegiados donde prevalecen los acuerdos cupulares entre partidos políticos dejando de lado las necesidades de los ciudadanos.

Podemos afirmar de una manera simple que la evaluación del desempeño en términos generales es uno de los mecanismos para dar seguimiento al trabajo de las personas dentro de una organización. French (1991), comenta que por desempeño se entienden diversas acepciones: el nivel de rendimiento laboral, aportación personal al trabajo asignado, productividad individual, observancia precisa de las normas laborales vigentes, así como dedicación, empeño, laboriosidad y demás atributos de un trabajo individual dedicado y escrupuloso de conformidad con los estándares y cometidos definidos para la persona o su puesto.

De igual forma, de acuerdo con el puesto que se ocupe, una persona puede ser evaluada en cuanto al desempeño que obtuvo con relación a objetivos y programas de trabajo, pero también en cuanto a metas de productividad, la precisión con la que cumple sus actividades, el acierto de sus decisiones operativas, el rendimiento que se traduce en aportaciones o ganancias para la organización, o en cuanto al cumplimiento de normas o estándares aplicables al método con el que desempeña su trabajo (Pontifes, 2002).

Según puede apreciarse, el enfoque de la evaluación del desempeño presenta distintas alternativas, muchas de las cuales estarán determinadas por el tipo de organización o de resultados que se esperan de las personas en una determinada posición de trabajo. Regularmente la evaluación del desempeño se aplica en las empresas privadas para definir parámetros de productividad y mejorar las capacidades de los empleados, la productividad, etc.

¿Qué pasa cuando un concepto de medición indispensable para el desarrollo de las empresas privadas lo trasladas al sector público? Este sistema de evaluación se podría entender y aceptar en las áreas operativas de la administración pública, ya que la burocracia cuenta con elementos muy similares a la iniciativa privada en cuanto a registro de datos como lo es contar con un horario de trabajo definido, trabajar en base a metas diarias, realizar tareas repetitivas las cuales son apreciadas por un evaluador del área de recursos humanos, etc.

Chiavenato (2001), refiere que “Cuando un programa de evaluación del desempeño está bien planeado, coordinado y desarrollado, normalmente trae beneficios a corto, mediano y largo plazo. Los principales beneficiarios son, generalmente, el evaluado, el jefe, la empresa y la comunidad.”

Hasta aquí se puede decir que la adaptación de la evaluación del desempeño reflejado como factor de superación (positivo) o deterioro (negativo) de la posición de un empleado en una organización del sector público, no representa ningún problema, y más aun si tenemos en cuenta que la década anterior se caracterizó por que diversas entidades públicas alcanzaron certificaciones de estándares internacionales en sus procesos administrativos como los ISO-9000 en todas sus variantes, procesos netamente enfocados a la iniciativa privada.

Antecedentes

La evaluación al desempeño legislativo a través de ciertos indicadores, es una práctica relativamente nueva en el espectro gubernamental en México. Los primeros esfuerzos para evaluar el desempeño de los diputados, se realizaron fuera del ámbito académico. En el año 2002 COPARMEX presentó los resultados de una encuesta de opinión sobre el trabajo legislativo que a la postre derivó en un documento a manera de propuesta sin mucho sustento metodológico ni académico llamado “10 propuestas para el fortalecimiento del Congreso”.

COPARMEX creía que uno de los problemas centrales por los cuales el Poder Legislativo en México había perdido fuerza y credibilidad, era la falta de vinculación e interacción entre diputados, senadores y sus representados. Esto sucedía, dado por que no existen los incentivos para que

...