Guerra Del Agua

Guerra del agua (Bolivia)

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La guerra del agua de Cochabamba es el nombre popular de una serie de protestas que tuvieron lugar en Cochabamba, la tercera ciudad más poblada de Bolivia, entre los meses de enero y abril de 2000. Su detonante fue la privatización del abastecimiento de agua potable municipal.

En septiembre de 1993, impulsada por el Banco Mundial, la multinacional Bechtel firmó un contrato con Hugo Banzer, presidente electo y antiguo dictador de Bolivia, para privatizar el servicio de suministro de agua a Cochabamba. El contrato fue oficialmente adjudicado a una empresa denominada Aguas del Tunari, un consorcio empresarial formado por Bechtel (que participaba con el 27,5 por ciento), la empresa norteamericana Edison, las empresas bolivianos A. Petricevich y S. Doria Medina, así como el consorcio español Abengoa S.A. (que participaba con el 25 por ciento). Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua (servicio del que se carecía hacía varios años en la ciudad); las mismas se habían elevado en más de un 50 por ciento. Todas estas acciones culminaron en las protestas de la guerra del agua de 2000. Muchas personas se vieron obligadas a retirar a sus hijos de las escuelas o a dejar de visitar médicos como consecuencia de los precios del agua. Se declaró la ley marcial y la policía boliviana mató al menos a una persona (Víctor Hugo Daza, de 17 años) e hirió a 170 participantes en las protestas. En medio del colapso de la economía nacional y el aumento de los disturbios, el gobierno de Bolivia rescindió el contrato con Bechtel.

El edificio Kingdom Tower, localizado en Arabia Saudí, fue construido por Bechtel.

En 2001, la empresa de ingeniería Bechtel inició un proceso legal contra el gobierno de Bolivia, reclamando indemnizaciones por daños por valor de 25 millones de dólares. Bechtel argumentó que el contrato únicamente le permitía administrar el sistema de aguas, que era un servicio deteriorado y que fue el gobierno local quien subió los precios del agua. La batalla legal atrajo la atención de los movimientos anticapitalista y anticorrupción. Este tema es tratado en el documental canadiense realizado en 2003 La corporación (The Corporation, en su título original, y Corporaciones. ¿Instituciones o psicópatas?, en España) así como en la propia página web de Bechtel. En enero de 2006, Bechtel y otros socios internacionales retiraron la demanda contra el gobierno boliviano después de intensas protestas.

Índice

1 La Ley 2029

2 Aumento de la tarifa

3 Opinión del gobierno sobre los manifestantes

4 Las demandas de los manifestantes se amplían

5 Resolución

6 Bibliografía

7 Película documental

8 Véase también

La Ley 2029

Para asegurar la legalidad de la privatización, el gobierno boliviano aprobó la ley 2029, que verificó el contrato con Aguas del Tunari. Para muchos, la ley parecía conceder a Aguas del Tunari el monopolio sobre todos los recursos hídricos. Muchos temieron que esto incluyera el agua usada por los campesinos para el riego, así como los recursos de la comunidad, que habían sido independientes antes de la regulación. La ley consideraba "permitir la venta de los recursos de agua" que nunca habían sido realmente parte de SEMAPA (Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado). Esto hizo pensar que los sistemas comunales independientes del agua, que todavía no estaban conectados con SEMAPA, serían expropiados por la nueva concesión. Aguas de Tunari no solo podría haber instalado las conexiones necesarias para conectarse a los sistemas comunales independientes, sino que también habría podido cobrar a los residentes por la instalación de estas conexiones. La ley indicaba además que la población requeriría una licencia para recoger el agua de lluvia, una política inaplicable. El primero en plantear interrogantes sobre el alcance de la ley fue Omar Fernández, dirigente de la Federación Departamental Cochabambina de Regantes (FEDECOR). FEDECOR estaba compuesta por profesionales locales, incluyendo ingenieros (SIB-Departamental CBBA con el Ing. Maldonado a la Cabeza) y ecologistas, una federación de los granjeros campesinos, y la Central Obrera Boliviana dirigida por Oscar Olivera. Estos grupos se unieron y formaron la Coordinadora para la defensa del agua y de la vida, ente que se convirtió en la base de la oposición a la política.

Aumento de la tarifa

Como una cláusula contractual que convino Aguas de Tunari, se tenía el pago de 30 millones de dólares de la deuda acumulada por SEMAPA. También acordaron financiar una extensión del sistema del agua y comenzar un programa de mantenimiento muy necesario sobre el sistema existente del agua. Dider Quint, director del consorcio, mencionó "Éramos conscientes que podríamos poner este programa en ejecución en un período del tiempo más corto que el que estaba requerido por el contrato. Para lograr esto teníamos que aumentar la tarifa de agua, y nivelar por todos los aumentos que no habían sido puestos en ejecución antes."

Además, para asegurar el contrato, Aguas del Tunari tuvo que prometer al gobierno boliviano la financiación para la terminación del Proyecto Múltiple Misicuni, atascado durante varios años y que consistía en la perforación de un túnel de 20 kilómetros para el trasvase de agua a través de las montañas (Cordillera Tunari) y que dotaría de agua potable y riego a Cochabamba, además de generar energía eléctrica. Empero el Banco Mundial la había juzgado poco rentable, mientras que el consorcio no tenía ningún interés en la construcción de la presa, pues fue dejada a un lado por un miembro influyente de la megacoalición de Banzer, el alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa. Una tentativa de privatizar el sistema de agua había sido hecha sin la condición de construir la presa en 1997, pero Reyes Villa había utilizado su influencia para aplastar el reparto. Los críticos del alcalde sostuvieron que la presa era un "proyecto de la vanidad" que beneficiaría a "algunos de sus soportes financieros principales".

Los funcionarios en Bolivia para Aguas de Tunari eran sobre todo ingenieros que

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