Guerra Del Agua

Guerra del agua (Bolivia)

La guerra del agua de Cochabamba es el nombre popular de una serie de protestas que tuvieron lugar en Cochabamba, la tercera ciudad más poblada de Bolivia, entre los meses de enero y abril de 2000. Su detonante fue la privatización del abastecimiento de agua potable municipal.

En septiembre de 1993, impulsada por el Banco Mundial, la multinacional Bechtel firmó un contrato con Hugo Banzer, presidente o y antiguo dictador de Bolivia, para privatizar el servicio de suministro de agua a Cochabamba. El contrato fue oficialmente adjudicado a una empresa denominada Aguas del Tunari, un consorcio empresarial formado por Bechtel (que participaba con el 27,5 por ciento), la empresa norteamericana Edison, las empresas bolivianos A. Petricevich y S. Doria Medina, así como el consorcio español Abengoa S.A. (que participaba con el 25 por ciento). Poco después, surgieron quejas sobre el aumento de las tarifas del agua (servicio del que se carecía hacía varios años en la ciudad); las mismas se habían elevado en más de un 50 por ciento. Todas estas acciones culminaron en las protestas de la guerra del agua de 2000. Muchas personas se vieron obligadas a retirar a sus hijos de las escuelas o a dejar de visitar médicos como consecuencia de los precios del agua. Se declaró la ley marcial y la policía boliviana mató al menos a una persona (Víctor Hugo Daza, de 17 años) e hirió a 170 participantes en las protestas. En medio del colapso de la economía nacional y el aumento de los disturbios, el gobierno de Bolivia rescindió el contrato con Bechtel.

El edificio Kingdom Tower, localizado en Arabia Saudí, fue construido por Bechtel.

En 2001, la empresa de ingeniería Bechtel inició un proceso legal contra el gobierno de Bolivia, reclamando indemnizaciones por daños por valor de 25 millones de dólares. Bechtel argumentó que el contrato únicamente le permitía administrar el sistema de aguas, que era un servicio deteriorado y que fue el gobierno local quien subió los precios del agua. La batalla legal atrajo la atención de los movimientos anticapitalista y anticorrupción. Este tema es tratado en el documental canadiense realizado en 2003 La corporación (The Corporation, en su título original, y Corporaciones. ¿Instituciones o psicópatas?, en España) así como en la propia página web de Bechtel. En enero de 2006, Bechtel y otros socios internacionales retiraron la demanda contra el gobierno boliviano después de intensas protestas.

La guerra del Gas

La guerra del gas es un nombre que se dieron a los conflictos desde septiembre a octubre del año 2003, relacionados a la exportación de gas natural de Bolivia a Estados Unidos y México. El conflicto principal surge por la decisión del gobierno presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada de exportar gas natural por Chile. Las principales demandas de la guerra del gas era a la no exportación del gas natural hasta que existiera una política para abastecer el mercado interno, de la misma manera por los precios bajos (considerados casi de regalo) a los que se pretendía exportar el gas, que eran menores de un dólar el millar de BTU. La segunda demanda era una Asamblea Constituyente, es decir, crear un nuevo pacto social hacia un nuevo Estado de consenso.

Antecedentes en el gobierno de Quiroga

El conflicto comenzó en el año 2002, cuando la administración de presidente Jorge Quiroga propuso construir un gasoducto a través del territorio boliviano y chileno, hasta el puerto de Mejillones en Chile, la ruta más directa al océano Pacífico. Sin embargo, el antagonismo hacia Chile es muy profundo en Bolivia debido a la pérdida de la salida al mar en la Guerra del Pacífico (1879 - 1884). Diversos sectores bolivianos comenzaron a vociferar y hacer campaña contra la opción del puerto chileno, exigiendo alternativas como la de un puerto peruano por donde transportar el gas, pero con la dificultad de la mayor lejanía. Según las estimaciones chilenas, la opción de Mejillones sería 600 millones de dólares más baratos. En Perú se señalaba una diferencia de no más de 300 millones. Los que se inclinan a la opción peruana dicen que también beneficiaría la economía de la región norteña de Bolivia por donde pasaría el gasoducto.

Poco antes de las elecciones presidenciales en julio de 2002, el gobierno de Jorge Quiroga pospuso

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