Modelo Distributivo De La Renta

EL MODELO DISTRIBUTIVO

La toma del poder, por el partido Acción Democrática en el golpe de Estado de 1945, lleva a estos políticos a la posibilidad de implantar, rápidamente, su "modelo distributivo, que en cierta forma mantendrán los gobiernos democráticos (1945-1948 y desde 1958) y, en menor medida, el gobierno dictatorial (1948-1957), que puso más énfasis en la inversión pública. Esta política es, naturalmente, muy popular. Se reconoce y acepta ahora como adecuado, que la renta petrolera forme la parte esencial del ingreso del Estado que lo repartirá, como antes, a los empresarios, en forma de créditos ventajosos, exención de impuestos, subsidios, altos pagos por servicios, transferencias y dólares baratos.

Pero además se hacen grandes inversiones en educación y sanidad, se dan créditos con facilidades a pequeñas industrias, se protege la producción nacional con aranceles de importación y se incrementa el gasto público, corriente y de inversión, contratando empresas privadas que hacen grandes negocios. El gobierno crea empresas de metalurgia, petroquímica, turismo y entra, expe- rimentalmente en el negocio petrolero mediante la CVP (Corporación Venezolana de Petróleo). No se pone énfasis en la rentabilidad de estas empresas, sino en su contribución al desarrollo nacional y regional, creación de empleos y suministro de recursos baratos a la producción privada. Se trata además, de reactivar la agricultura con préstamos, subsidios, obras de infraestructura y aranceles a los artículos importados. Todo esto incrementa la demanda interna de artículos de consumo al subir el nivel de ingreso de la población, ampliando el mercado y estableciendo hábitos de consumo de país desarrollado, lo cual se armoniza con el crecimiento industrial y agrícola.

La transformación de un país atrasado y campesino, en un país alfabetizado, urbano, culturalmente sofisticado y con centros de buena capacitación, es obra de esta política. El partido Acción Democrática como promotor de este modelo distributivo adquiere preponderancia definitiva y los demás no pueden sino aplicar la misma política.

Pero este "modelo distributivo" tiene sus puntos débiles. El gran incremento de la actividad estatal crea una burocracia que tiende a ser ineficiente y en parte, corrupta. La afluencia fácil del dinero público se presta al tráfico de influencias y a los proyectos irresponsables. La incapacidad administrativa, producto de la preparación insuficiente y

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apresurada de los funcionarios y de la tendencia a cubrir cargos técnicos ateniéndose a intereses grupales o partidistas, producen despilfarro e ineficiencia. El país se vuelve fuertemente dependiente de la exportación petrolera y se produce una estructura económica, que requiere en alta proporción insumos y tecnología extranjera (Maza Zavala, 1985).

Por varios mecanismos, el modelo distributivo lleva a un aumento continuo del gasto público. El funcionario que está en un puesto distributivo tiende a ampliar sus compromisos; cada nueva administración surgida de las elecciones agrega compromisos de distribución a los ya existentes; las exigencias electorales llevan a nuevos compromisos de mejoras a amplios grupos sociales y la tecnocracia del Estado busca imponer nuevos proyectos para valorizarse y apropiarse de posiciones de reparto, lo cual agrega más cargas al gasto público. Al lado de estas tendencias propias del modelo distributivo se halla la tendencia típica de la tecno-burocracia de aumentar el alcance de sus actividades y sustraerla al control parlamentario (Licha, 1990). Todo esto hace incontenible e incontrolable el aumento del gasto público.

Por otra parte, los empresarios obtienen altas tasas de ganancias por la protección arancelaria, la evasión de impuestos, los créditos favorables, los contratos ventajosos con el gobierno, los subsidios y la energía barata. La vinculación con el gobierno es para ellos más importante que la eficiencia de las empresas y su competitividad internacional (Naim y otros, 1989). Desarrollan una industria de ensamblado, no competitiva, altamente dependiente de insumos y equipo importado. El carácter familiar de los grupos económicos hace que tiendan a una expansión y diversificación no optimizada y a todo tipo de acuerdos oligopólicos (Francés, 1992). Todo esto crea un capitalismo no competitivo y acostumbrado a altas tasas de ganancia. Los terratenientes hacen jugosos negocios inmobiliarios mediante la urbanización rápida y la reforma agraria. La clase media se beneficia con el empleo público y la alta remuneración a los profesionales y aun los obreros obtienen salarios que crecen más que su productividad (Baptista, 1981).

La población marginal, la que menos recibe en el reparto, subsiste sin embargo debido a la prosperidad de las otras clases. Su gran crecimiento se apoya en la migración desde el campo hacia las zonas urbanas, debida a que el crecimiento empresarial agrícola absorbe poca

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mano de obra y la ciudad da oportunidades de empleo o subsistencia mediante la economía informal. Así el reparto desigual de la renta se traduce en una estratificación social, que tiene una cierta estabilidad (Rojas, 1987), mientras la renta crece sostenidamente.

Por último el régimen democrático establecido por el sistema distributivo limita la participación popular en el gobierno al acto electoral, dejando a los políticos elegidos un gran poder discrecional en su función de repartidores de la renta y una inmunidad casi completa para sus irregularidades administrativas (Brewer C., 1988). La influencia de los electores fuera de los procesos electorales sólo puede ejercerse a través de los partidos, originando una "partidización" de todas las instituciones públicas e incluso privadas, en las cuales cada ciudadano busca realizar sus proyectos personales mediante la influencia política. Por otra parte debido a que la contribución privada al ingreso del Estado es minoritaria (cifras típicas son un 20% en impuestos indirectos y de importación y 5% en impuestos sobre la renta) no se desarrolla una tendencia de los ciudadanos a controlar el gasto público, y el Estado ve el ingreso petrolero como un patrimonio propio.

El alza de los precios petroleros de 1974 y el control del mercado internacional por el cartel de la OPEP, conducen a la nacionalización de la industria y a una extracción más fácil de la renta. Ahora la empresa no está protegida por un país extranjero poderoso, sino que es propiedad del Estado perceptor de la renta, generándose con ello otros problemas no resueltos como, por ejemplo, la intromisión excesiva del Estado

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