Conducta Moral De Empresas - Caso

Las implicaciones del caso de soborno de Wal-Mart

El caso continúa traspasando las fronteras: Wal-Mart, el mayor minorista del mundo, anunció de forma reciente que comenzó a investigar las alegaciones de que los ejecutivos de la empresa en México hicieron cientos de pagos ilegales —más de US$ 24 millones— para acelerar las aperturas de nuevas tiendas. Según un reportaje de New York Times, trabajadores de Wal-Mart en EEUU supieron de los casos de soborno en 2005, pero no alertaron a los compañeros de EEUU o de México en aquella época.

Las acusaciones han puesto bajo sospecha a Wal-Mart, que es también el mayor minorista de México y la principal fuente de empleos del país en el sector privado. Según los reportajes emitidos sobre el asunto, la investigación de posibles sobornos hecha por el propio Wal-Mart podría llevar al despido de algunos ejecutivos de la empresa, acarreando multas importantes por parte del Gobierno americano en caso de que las investigaciones revelen que los altos ejecutivos del minorista tenían conocimiento de los pagos ilícitos, pero no tomaron las medidas oportunas. El día siguiente a la divulgación de las acusaciones, las acciones de Wal-Mart cayeron cerca de un 5%.

Tal vez ese sea sólo el comienzo de los problemas de la empresa: en otro caso también muy comentado, líderes de los fondos de pensiones de la ciudad de Nueva York dijeron que votarían contra la reelección de los directores de Wal-Mart en la asamblea general de accionistas en junio. Además, el Sistema de Jubilación de los Profesores del Estado de California, dueño de más de 5,3 millones de acciones de Wal-Mart, presentó una demanda ante la justicia acusando a los altos ejecutivos de la empresa, en una actitud oportunista, de vender una enorme cantidad de acciones antes de que se hicieran públicas las operaciones ilícitas en México, a finales de abril.

Según especialistas en cuestiones jurídicas y éticas de Wharton y de otras instituciones, el caso de Wal-Mart suscita una discusión más amplia sobre la forma en que las multinacionales hacen negocios en otros países. ¿Es el caso del supuesto soborno de la empresa en México algo anómalo o típico del comportamiento de las multinacionales, y que pocos ejecutivos estarían dispuestos a admitir? ¿Es justificable la práctica de sobornar trabajadores públicos desde el punto de vista económico o ético? Además de la caída de los precios de las acciones y de las demandas presentadas por los accionistas, ¿cuáles serían algunas de las posibles consecuencias del soborno de autoridades extranjeras?

Seguir las reglas establecidas

A pesar del alboroto que ha rodeado el caso Wal-Mart, el soborno de trabajadores públicos continúa siendo una práctica muy común en diversos países del mundo, según los datos más recientes del informe anual de Transparencia Internacional (TI), organización sin fines de lucro con sede en Berlín y más de 100 oficinas en todo el mundo. El índice de Percepción de Corrupción del órgano, de 2011, señala que diversos gobiernos de Asia, América Latina y Oriente Medio son incapaces de proteger a sus ciudadanos del abuso cometido contra los recursos públicos, sobornos y decisiones tomadas en secreto. Entre esos países, México no es de ninguna manera el caso más grave. Los diez países en que el soborno y otras formas de corrupción han sido más frecuentes el año pasado son Somalia, Corea del Norte, Myanmar (antigua Birmania), Afganistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Sudán, Irak, Haití y Venezuela. México aparece en la posición 100 de 183 países monitorizados por TI, exactamente en la misma posición que países mucho menos desarrollados como Benin, Burkina Faso y Malawi. A pesar del nivel de insatisfacción expuesto por el informe, los especialistas en corrupción sostienen prácticamente de forma unánime que ejecutivos americanos y de otros países están tomando más en serio que en el pasado las directrices anticorrupción. Una razón de eso es la Ley para Combatir las Prácticas de Corrupción en el Exterior (FCPA, según las siglas en inglés), de 1977, que impone penas severas a las empresas americanas que sobornen a trabajadores extranjeros. Además, un número cada vez mayor de ejecutivos reconoce que el soborno no es sólo éticamente erróneo, también antiproductivo para la economía.

En un artículo publicado en la edición más reciente de American Business Law Journal titulado "Cómo deben proceder las empresas para cumplir con las leyes anti soborno", Philip M. Nichols, profesor de Estudios jurídicos y de Ética en los negocios de Wharton, dice que diversos académicos "produjeron investigaciones convincentes sobre las barreras al desarrollo económico, la degradación de las instituciones sociales y políticas, la adjudicación equivocada de recursos y habilidades, el empobrecimiento y otros males sociales que la corrupción impone a las políticas de los países y a sus economías". Él añade que aunque haya una escasez de "datos empíricos corporativos sobre las consecuencias del pago de sobornos", la investigación existente, sumada a las discusiones y a las realidades del contexto regulatorio, "constituye un argumento bastante persuasivo [...] para que se cumplan las normas relativas al soborno".

Shaun Donnelly, vicepresidente de inversiones y de servicios financieros de United States Council of International Business, organización sin fines de lucro de Nueva York, dice que "la tendencia va en buena dirección [...] El sentimiento público es que el soborno no es una forma aceptable de hacer negocios", y que las empresas globales están volviéndose más escrupulosas en lo que concierne al cumplimiento de la ley. Los años posteriores a la introducción de la FCPA, de 1977, "las empresas americanas estaban obligadas a actuar de manera correcta, pero las empresas de otros países, no", observa Donnelly. A partir de los años 90, los órganos internacionales han puesto en vigor convenciones anticorrupción semejantes, como las endosadas por la Organización de los Estados Americanos (1997) y por el Consejo de Europa (1999), Unión Africana (2003) y, de forma más significativa, la Convención Antisoborno (1999) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con sede en París. "Muchas empresas de gran tamaño se toman esto en serio, y tienen programas de entrenamiento, evaluaciones y revisiones anuales", añade Donnelly.

Nichols dice que la creciente integración económica global también ha llevado a muchas empresas a evitar el soborno y otros tipos de corrupción que, en el pasado, eran considerados comunes. "Los gobiernos saben que la gestión del perjuicio local causado por el soborno requiere coordinación [con otros gobiernos]", dice Donnelly. "Cualquier

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