RESUMEN LA CRISIS DE UN PARADIGMA Y CONCLUSIONES

RESUMEN LA CRISIS DE UN PARADIGMA Y CONCLUSIONES

Actualmente en nuestro país atraviesa un trance respecto a la seguridad pública, esto se debe al monopolio que se ha ejercido en la justicia penal, que ha sido el único medio de control que ha sido optado por el gobierno, teniendo a un estado “juez y verdugo” centrando toda la fuerza pública en un solo ente.

En la teoría absolutista, el estado es concebido como eje reactor de la sociedad en él se deposita toda la supremacía de la sociedad, es “absoluto” es decir que se trata de la estructura del ´pode público que subyuga a sus gobernados.

Ahora bien, este concepto de estado se ha ido modificando a través de la historia, surgiendo así nuevos conceptos como el “Estado de derecho y Estado constitucional”. Aun así, nuestro país sigue atrapado en el concepto de antaño, que ve al estado como concentrador del poder.

Pero, si el estado es el que actúa como “controlador” del orden social, ¿cómo es que lo ejerce?, la respuesta es simple, a través de la justicia penal la cual se encarga de aplicar penas, sobre los delitos que han sido consumados por algún miembro de la sociedad, su mecanismo de actuación, es decir, el derecho penal se encarga de individualizar la responsabilidad para que así se pueda aplicar la pena que la ley dicta.

Dicha responsabilidad recae en el delito que dicho sujeto consumo, que visto ante el estado es un acto de “rebeldía” que merece ser penado. Mas sin en cambio las visiones de varios juristas han apuntado en modificar la visión que se tiene con el derecho penal, proponiendo así, nuevos sistemas que se evoquen en una prevención y no en la sanción.

Mas, sin embargo, el terreno de aplicación del derecho penal, se va afectado, por las llamadas acciones “penales y no penales” hacer esa distinción significa un gran retroceso en la aplicación de políticas públicas, puesto que reprimir la criminalidad ya no se trata de dar respuesta el fenómeno criminal.

Ahora bien, después de ponernos al margen de la aplicación del derecho penal, resulta conveniente hablar sobre sus resultados y de cómo es que se ejerce la justicia penal.

“De pronto me pareció que el ejercicio puro de las ciencias jurídico-penales, distaba mucho de acercarse a la realidad más viva de la delincuencia y la práctica estadual correspondiente desde la omisión de la política criminal respectiva, hasta la aplicación e interpretación judicial de los textos vigentes”

-González de la Vega

Nuestro sistema solamente se evoca a generen dispositivos legales y políticas públicas, sin la debida cimentación, en ánimos de dar lo que los gobernados exigen, que una aplicación “solida” del derecho penal, el gobierno se ha enfocado más en los resultados que en proceso, teniendo así, practicas penales ineficientes. Esto hace perder la vertiente del objetivo del derecho penal, que no es el combate al delito, si no la penalidad del delito, y ahí esta sus mayores debilidades, ya que actúa solamente cuando se comente un delito, dejando de lado todo el campo de la previsión del delito.

Es por ello que nuestro país se encuentra en un “limbo” entre la represión y la previsión, dado a que sus políticas públicas, no están orientas hacia un rumbo fijo, y más aún porque la criminología se basa en países primermundistas y no en nuestro país y en la situación actual que se tiene, quedando estas muy alejadas de nuestro paradigma. No se puede entender el fenómeno criminal si no es por la observación a la sociedad que incuba a el criminal.

Este problema lo venimos arrastrando desde los años 50, con el aumento de la violencia y el índice delictivo, todo esto por cuestiones económicas, geográficas, sociales, desempleo, sobrepoblación, etc.

La violencia que actualmente sufrimos se traduce en un problema de seguridad pública, por lo que trae consigo, ya sean pérdidas materiales o humanas, con esto México se sitúa en un punto de violencia impresionante; todo esto debido a nuestro sistema nacional de seguridad pública, el cual es muy ingenuo, pues no hay una buena coordinación, como antes se decía, entre las políticas públicas y su ejecución.

Nuestro país, en la notable ausencia de una política de Estado en materia de prevención del delito, ha intentado en algunos momentos, diríamos con balbuceos, construir una alternativa de esta naturaleza.

Podemos dividir dichos intentos entres momentos:

La luz de la esperanza.

El país a causa del Sexto Congreso de Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, de la Organización de las Naciones Unidas celebrada en 1980, incluyo mucho más a la sociedad en el Plan nacional de desarrollo en su ejecución, así mismo incluyo el Programa de procuración de justicia, en donde su objetico era que la sociedad participara proactivamente en los problemas y las soluciones relativas a la reforma jurídica, a la procuración e impartición de justicia y a la seguridad pública.

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