UN ENSAYO PARA LA PAZ LEGISLACIÓN PARA LA PAZ

ENSAYO EL CAMINO HACIA LA PAZ ES LEGISLACIÓN PARA LA PAZ

PEDRO NEL ROCHA

Presentado A

Dr. ERIC ALEXANDER LEIVA RAMÍREZ

CETAP: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PÚBLICA

CEDE PRINCIPAL – ESAP

MATERIA:DERECHO APLICADO A LA GESTIÓN PÚBLICA G3 DEL 3 AL 18 DE MAYO

PROGRAMA: ESPECIALIZACION GESTION PÚBLICA -VIRTUAL

MODALIDAD: ESPECIALIZACIÓN

PERIODO 2017 - 1

Semestre 1

ENSAYO EL CAMINO HACIA LA PAZ ES LEGISLACIÓN PARA LA PAZ

“No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón”.

Juan Pablo II (1920-2005) Papa de la iglesia católica.

Luego de más de 50 años de conflicto armado interno en el territorio Colombiano, el Gobierno Nacional encabezado por el Presidente Juan Manuel Santos, decidió ingresar en una nueva ruta de negociación, paz y reconciliación con los grupos insurgentes que se encuentran enquistados en los sectores rurales del territorio.

Fruto de una negociación de más de 4 años con los insurgentes, se llegó a una controvertido “Acuerdo de Paz” el cual fue firmado por las partes, y que fue llevado a las urnas y no validado por los Colombianos, quienes por una margen cerrado de cincuenta mil votos, decidieron que “NO” era un acuerdo que construyera PAZ estable y duradera, debido a que no se encontraban los diferentes sectores políticos apoyando y haciendo parte de este proceso de diálogo.  Lo que llevo al Gobierno Nacional a hacer mesas de trabajo en donde las propuestas de los diferentes sectores sociales, políticos, incluso religiosos, estuvieron en la mesa y fueron incluidas dentro del punto para las negociaciones.

En proceso se está llevando a cabo, la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia “FARC-EP” se encuentran en un proceso de desarme progresivo, y reincorporación a la vida civil.

Para lograr lo que el Gobierno Nacional llama una “Paz Estable y Duradera”, se debe inicialmente crear un marco jurídico que respalde todas las decisiones tomadas por el Ejecutivo.  Es importante definir leyes claras que permitan sentar bases para construir una nación en donde la Guerra y el Conflicto armado sean solo recuerdos y enseñanzas que ya no vuelvan a suceder nunca más en el territorio nacional.

El Gobierno Nacional ha definido claramente como uno de los principales pilares de su política actual, la consolidación de un territorio nacional libre de violencia y establecer un territorio en paz, consolidando a través de la seguridad y el orden público, la aplicación de una justicia oportuna y eficiente, orden público y la observancia de los derechos humanos el Estado de Derecho y la aplicación de una justicia transicional que ayude a establecer una camino hacia la reconciliación.

Este proceso de reconciliación debe llevar a la reconstrucción de la nación a partir del restablecimiento de vínculos y la recuperación de la confianza, por medio de la integración de los diferentes sectores sociales y de las diferentes fuerzas políticas.

A partir de este establecimiento, el Gobierno requiere el diseño de un marco jurídico y un fortalecimiento normativo con el fin de tener como responder a las exigencias de la población que durante todos estos años fue víctima del conflicto armado, y garantizarle a esta población que es una gran comunidad, el ingreso a los derechos de justicia, verdad y reparación.

La gran importancia que tiene para el país, para las víctimas del conflicto, para el sector público, para los sectores privados y para la sociedad civil, una ley integral que busque el reconocimiento de las víctimas, reconociendo la importancia de la verdad, justicia y reparación, lo que permitirá dar un paso para la reconciliación para con las víctimas del conflicto armado.

La “Ley de Victimas y Restitución de Tierras”, se convierte en una ley, pilar para la recuperación de ese tejido social destruido por la guerra, y define a la “Victima” como una prioridad, y el actor principal para reconstruir a la sociedad.

Esta ley define sus principios bajo los conceptos de sostenibilidad, gradualidad y progresividad, y define los organismos e instituciones que se encarguen especialmente de su aplicación, como es el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas – SNARIV.

También se prevé la conformación del Departamento Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, que se responsabilizara por la atención a grupos vulnerables, y volver a integrar social y económica, e igualmente dar lineamientos de política a la nueva Unidad Administrativa

Finalmente se busca crear un Centro de Memoria Histórica, el cual, funcionara como un archivo, y tendrá como objeto reunir todo la información documental y testimonial de hechos que llevaron a la afectación de la población civil y  tendrá como objetivo mantener vivo el recuerdo del conflicto armado Colombiano para no tenerlo que vivir nuevamente, y lograr aprender de este fenómeno, para que no se repita, para que no vuelva a afectar a toda la población Colombiana, para no volver a una guerra civil interna que no pareciera tener final, que no tiene terminación.

El objetivo de este marco legal entonces es el soporte para las víctimas y el soporte político, administrativo, social, económico e incluso cultural para que se pueda superar este terrible capítulo de la historia de la República de Colombia.

La Ley 1448 de 2011, de Victimas y Restitución de Tierras, es una política pública que está diseñada para estructurar un programa de atención y reparación de las víctimas del conflicto armado, la creación de la Institución “Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV”, que exigirá que los Entes Territoriales, diseñen, formulen e implementen políticas para la reparación y reintegración de las víctimas del conflicto.

De igual forma la ley da nacimiento a la “Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral” que tendrá como principal función la atención y reparación integral que será la encargada de coordinar y armonizar las actuaciones de las entidades que lo conforman.

Se conformara el Departamento Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, que tendrá a su cargo la atención a grupos vulnerables y la reintegración social y económica y diseñara las políticas para la atención y reparación integral, social y económica y definirá los parámetros para la nueva unidad administrativa para la atención y reparación integral que coordinara las actuaciones de las entidades que conforman el sistema.

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