En la noche del 3 de Marzo de 1801, John Adams

En la noche del 3 de Marzo de 1801, John Adams, en su último acto como presidente de los Estados Unidos, nombra a 42 miembros de su partido para dejarlos como jueces de paz en el Distrito de Columbia y Alexandria. Al día siguiente, el líder del partido contrario, Thomas Jefferson tomo posesión como nuevo presidente.

Para poder entender de mejor manera el caso de Marbury vs Madison es conveniente retroceder en el tiempo. En el año 1800, el gobierno del presidente Adams y su partido federalista se encontraban en una situación desastrosa. En parte, como resultado de la dedicación  del partido a suprimir las libertades políticas, medidas económicas contra grupos mayoritarios y a favor de la aristocracia.

Para terminar su periodo, Adams, en el mes de mayo de 1800 había recurrido a uno de sus miembros llamado John Marshall, y lo nombra Secretario de Estado.

En el mes de noviembre del año 1800 el grupo federalista pierde las elecciones presidenciales y también la mayor parte de los diputados y senadores del Congreso frente al partido de Thomas Jefferson, apoyado por James Madison, reconocido como un gran conocedor de teoría política y principal artífice del proyecto de Constitución aprobado.

A partir de entonces Adams, con el apoyo de su partido, busca colocar a los miembros relevantes de su partido creando nuevas plazas de jueces federales y darle empleos a otros, menos importantes, como jueces de paz durante cinco años; deja a su Secretario de Estado, John Marshall, a cargo de los asuntos de la presidencia.

A continuación, aprovechando que había quedado vacante el puesto de Jefe de Justicia en la Suprema Corte, Adams nombra precisamente a su secretario de estado John Marshall para desempeñar dicho cargo. El senado confirma el nombramiento el día 27 de enero de 1801 y el día 4 de febrero, Marshall comienza a desempeñar su cargo; sin embargo, continuo desempeñando su antiguo cargo de Secretario de Estado y como tal selló y firmó el nombramiento de Marbury el 3 de marzo, un día antes de entregar el poder a Jefferson.

Por el consejo de Marshall, el presidente Adams presenta una nueva ley de organización judicial, conocida como la Judiciary Act de 13 de febrero de 1801. En dicha ley se creaban 16 nuevos juzgados federales para darles empleos de por vida a algunos de los políticos desplazados de su partido y reducía el número de jueces de la Suprema Corte de 6 a 5 por el retiro de uno que estaba en funciones, para evitar la intervención de Jefferson. Además de lo anterior, el congreso federalista saliente, autorizo a Adams para crear los ya citados 42 jueces de paz por una duración de 5 años, siendo los últimos nombramientos otorgados por Adams, conocidos también como “Los jueces de media noche”.

Lo trascendente de dichos nombramientos es que 4 de esos 42 nombramientos nunca llegaron a sus destinatarios, saber: William Marbury, Dennis Ramsay, Robert Townsend Hooe y William Harper. Muchas han sido las explicaciones para este hecho; tales como que Marshall no las entrego por descuido o negligencia o que la razón de fondo fue que los destinatarios no eran de su agrado.

La cuestión se torna más grave, debido a que la nueva ley de organización judicial, fue hecha precisamente por Marshall, además tenía el cargo de Jefe de Justicia de la Suprema Corte y llevaba los asuntos presidenciales mientras toma cargo Jefferson.

Una vez que toma posesión el nuevo presiente, Jefferson nombra como su secretario de Estado a James Madison. En los días siguientes Madison, pone en posesión de sus cargos a todos los jueces de paz que tenían en sus manos los nombramientos que había hecho en su favor el anterior presidente. William Marbury y los otros tres miembros del partido federalista cuyos nombramientos nunca fueron entregados, reclaman del nuevo Secretario que les entreguen los cargos que les habían conferido, pero Madison rechaza su petición.

En vista de la negativa, Marbury y los demás afectados presentan una demanda judicial ante la Suprema Corte, pidiendo a esta que emita un writ of mandamus contra Madison, en el cual se le ordene a este que los ponga en posesión de su cargos.

Archibal Cox, famoso profesos de Harvard, decía que Marbury buscaba el cargo porque realmente lo quería, aunque dicho empleo difícilmente valía la pena. O por otra parte, buscaba dejar en ridículo a Jefferson y a Madison para ganar puntos a favor del partido y crear una buena impresión ante el público en general.

Dicho lo anterior, se hace evidente que el pleito y su correlativa sentencia no buscaban ni se enfocaban en cuestiones esencialmente de derecho, por el contrario, el motor de dicho pleito era meramente político. De esta forma, pone al Jefe de Justica Marshall en una situación bastante complicada.

Una vez que quedó probado en el juicio que Adams, siendo todavía presiente, había designado, junto con otros muchos, a Marbury y a los otros tres demandantes como jueces de paz durante 5 años, era indiscutible que estos tenían derecho a que se les entregara el cargo para el que habían sido designados, independientemente de que hubieran recibido o no los documentos en los cuales se hacían constar dichos nombramientos.

Una vez presentado el conflicto, la Suprema Corte tenía distintas maneras de actuar:

Si Marshall hubiera resulto a favor de Marbury, tenía inevitablemente que haber expedido la orden de mandamus que este pedía en contra del Secretario de Estado para que lo pusiera en posesión del cargo al que tenía derecho, pero seguramente Madison, al igual que había ignorado la notificación  que le había hecho la Corte para que presentara las razones por las cuales no le había entregado a Marbury ese cargo, también hubiera ignorado la orden que pudiera expedir la Corte condenándolo a hacer tal entrega. De esta forma la Corte no tendrá mecanismos para hacer cumplir su resolución, debilitando el prestigio frente a la opinión pública y evidenciando la impotencia de ésta para hacer cumplir sus determinaciones.

Por otro lado, en caso de darle la razón a Madison y sostener que fue correcto el no entregarles sus cargos, no solo estaría equivocado, sino que complacería a los enemigos políticos de Marshall y avergonzaría a su propio partido. Por último, sostener que la corte no tenía poder para expedir órdenes a un funcionario de la rama ejecutiva apoyaría la decisión política de Jefferson y cancelaría la posibilidad de que los órganos judiciales revisar los abusos del órgano ejecutivo en el futuro.

Otro camino era alegar la falta de jurisdicción de la Corte para conocer del asunto, pero lo más probable es que hubiera aparecido ante sus compañeros del mismo partido como una claudicación y no hubiera ayudado a mantener el control que Marshall quería tener sobre los otros jueces en la Suprema Corte.

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