Grafologia

1- Explique los cambios en la economía y la sociedad de la provincia de Buenos Aires a partir de la “feliz experiencia”. ¿Que tensiones se plantearon con las demás provincias a partir de las decisiones económicas de Buenos Aires?

Ternavasio analiza esta etapa a partir de la victoria de los caudillos del litoral sobre las fuerzas directorales acaecida en Cepeda en febrero de 1820, terminó de sellar la suerte del debilitado poder central. La disolución del Congreso y del Directorio después, abrió un proceso de transformación política general, cuyo rasgo más sobresaliente fue la formación de los estados provinciales autónomos. La derrota del poder central generó en Buenos Aires una crisis política sin precedentes, agudizada después de la firma del Tratado del Pilar, el 23 de febrero de 1820, en el que se buscó sellar la paz definitiva entre las fuerzas enfrentadas. Los términos del tratado despertaron resquemores en algunos grupos de la elite porteña que se sintieron agraviados frente al avance de los caudillos del litoral. Lejos de aquietar los ánimos, el pacto excitó aún más el clima de agitación. Ciudad y campaña fueron escenarios de una disputa que vio sucederse hasta una decena de gobernadores. La lucha entre centralistas y confederalistas se entrecruzó con una fuerte división facciosa y un nuevo conflicto no menos importante: el que enfrentó a ciudad y campo en la configuración del nuevo poder provincial. La disputa culminó en octubre de 1820 con la derrota militar de una de las facciones del confederacionismo porteño frente a las milicias de campaña dirigidas por el general Martín Rodríguez.. El grupo que orientó la administración provincial incluyo a muchos personajes que luego de la revolución hicieron de la política su principal actividad, como asimismo a algunos miembros de los grupos económicamente dominantes con intereses en el comercio y en la expansiva economía rural. El apoyo que éste últimos sector brindó al gobierno encabezado por Martín Rodríguez estuvo vinculado al orden impuesto en la provincia por la nueva administración. El entonces llamado Partido del Orden reunió en su seno a un heterogéneo grupo de la elite bonaerense empeñado en un plan de reformas tendientes a modernizar la estructura administrativa heredada de la colonia y a ordenar la sociedad surgida de la revolución en sus más diversos aspectos. El nuevo estado-provincia pudo utilizar en su beneficio las rentas liberadas por la caída del poder central e inaugurar una etapa de reconstrucción y transformación en todos los niveles de la realidad social. La “feliz experiencia de Buenos Aires” no estaba, sin embargo, destinada a perdurar. Apenas emergieron las propuestas de convocar a un congreso constituyente, las controversias y desacuerdos reaparecieron en escena. La disputa en torno a la definición de a quien correspondía la soberanía, sumada a la precaria situación internacional y a la inestable situación interprovincial, terminaron por sellar la suerte de la “feliz experiencia”. El poder político se organizo mediante la ley electoral de 1821 y la ley que establecía la forma para designar gobernador. Respecto de las prácticas no formalizadas, merece una consideración especial el problema de la división de poderes. Para la elite gobernante de la provincia, la división de poderes representó el principio sobre el cual se debía constituir el nuevo andamiaje político En 1821 se dicta la ley de sufragio con la cual se buscaba crear una participación más vasta del electorado potencial para evitar, por un lado, el triunfo de facciones minoritarias, y por otro, la realización de asambleas que cuestionaran la legitimidad de las elecciones por el escaso número de votantes presentes en ellas. La prescripción del voto activo sin restricciones tendió a ampliar la participación en el sufragio para disciplinar a través del canal electoral la movilización iniciada con la revolución y legitimar con este gesto al nuevo poder provincial creado en 1821. A partir de esto el poder representativo implantado en Buenos Aires fue que combinaba el sufragio directo y el voto activo sin restricciones. Esta transformación en el plano de las prácticas no derivó exclusivamente del cambio producido en la norma electoral, también fue el resultado de la explícita voluntad política encarnada por los que conformaron el Partido del Orden. Los diputados representaban ahora, de manera desigual, a la ciudad y a la campaña, correspondiéndole a la primera doce representantes y once a la segunda en el seno de la Junta de Representantes. El centro de la política seguía estando en el ámbito urbano. Los candidatos para representar a la campaña eran discutidos y designados generalmente en la ciudad y los lectores sufragaban unánimemente por el candidato oficial protagonizado en el distrito por el juez de paz local.

Las reformas rivadavianas manifestaban que tanto el Cabildo de Luján y el de la “antigua capital virreinal” fueron suprimidos en diciembre de 1821 sin que se manifestara una oposición por parte de los propios cabildantes y sin que se expresaran voces en contra en la prensa local. En esta perspectiva, cualquier tipo de reforma que tendiera a redistribuir funciones entre el Cabildo y el poder provincial, dejaba latente la amenaza de nuevas revueltas, asonadas o asambleas devenidas en cabildos abiertos que podrían cuestionar a la autoridad legítimamente constituida. Los cabildos, entonces, fueron abolidos. Se cumplía así el doble objetivo trazado por el plan reformista: modernizar el aparato político institucional heredado de la colonia y centralizar la estructura administrativa del Estado-Provincia. La supresión de los ayuntamientos estuvo acompañada por la eliminación del Consulado de Comercio y por el intento de redistribuir funciones en el marco del nuevo ordenamiento político que presuponía la división de poderes. Dependientes del Poder Ejecutivo, se crearon los ministerios de Gobierno, de Hacienda y de Guerra, y se dictó una ley de retiro para empleados civiles, exigiendo al nuevo personal capacitación. La reforma de la administración de justicia dio lugar a un régimen mixto: justicia de primera instancia, letrada y rentada, y justicia de paz, lega y gratuita. La racionalización alcanzó también a dos sectores de la sociedad, cuyo poder e influencia se fundaban en antiguos privilegios: los militares y el clero. La reforma militar redujo drásticamente el aparato militar heredado de la década revolucionaria. El objetivo que se perseguía era doble: reducir los gastos del fisco y reorientar las fuerzas militares hacia nuevas metas. Se creó un nuevo ejército regular que acompañado por las fuerzas milicianas, se orientó hacia la frontera y la campaña, pasando a ser la defensa de los ataques indígenas una de sus tareas fundamentales. La reforma eclesiástica

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