27 De Febrero

Golpe de Estado de febrero de 1992

El 4 de febrero de 1992, un grupo de militares ejecutó un intento de golpe de estado en Venezuela contra el entonces presidente constitucional Carlos Andrés Pérez. La intentona no logró sus objetivos y los rebeldes se rindieron. Entre los oficiales alzados que comandaron esta maniobra se encontraban, principalmente, cuatro tenientes coroneles del ejército: Hugo Chávez, Francisco Arias Cárdenas, Yoel Acosta Chirinos y Jesús Urdaneta.

Este evento transformó radicalmente la vida política venezolana, introduciendo nuevos actores en la escena: de estos cuatro protagonistas, el primero es presidente desde 1999; sin embargo, Arias también ha incursionado en política: fue electo gobernador del estado Zulia, candidato presidencial en 2000 -compitiendo con su propio ex compañero Hugo Chávez-, Acosta ha mantenido un bajo perfil y Urdaneta se ha convertido en un crítico de las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Chávez.

Todos los participantes en esta acción fueron llevados a prisión por esta acción, siendo su causa posteriormente sobreseído y puestos en libertad dos años después, durante la presidencia de Rafael Caldera.

Al poco tiempo de iniciar Carlos Andrés Pérez su segundo período presidencial, tuvo lugar entre los días 27 y 28 de febrero de 1989 un estallido masivo y sorpresivo de violencia popular. La magnitud del hecho estremeció a la sociedad venezolana e impactó a la opinión pública internacional, debido al alto grado de popularidad que tenía la figura de Pérez y que se vio expresado en la gran cantidad de votos con los cuales resultó electo y que le daban un-supuesto-amplio margen de acción para su gestión gubernamental. En este sentido, el 16 de febrero de 1989 el recién posesionado presidente de la República Carlos Andrés Pérez, presentó ante el país un programa de ajustes macroeconómicos llamado popularmente "paquete económico", concebido para generar cambios sustanciales en la economía nacional.

En términos generales, el paquete comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos y política social. Entre las principales medidas anunciadas figuraban la decisión de acudir al Fondo Monetario Internacional y someterse a un programa bajo supervisión de ese organismo con el fin de obtener aproximadamente US $ 4.500.000.000.000 en los 3 años siguientes; la liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%; unificación cambiaria con la eliminación de la tasa de cambio preferencial; determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas y realización de todas las transacciones con el exterior a la nueva tasa flotante; liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 reglones de la cesta básica; incremento gradual de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua, electricidad y gas doméstico y sinceración general de precios de las empresas públicas; aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina; aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%; aumento de sueldos en la administración pública central entre el 5 y el 30% e incremento del salario mínimo a Bs. 4.000 en el área urbana y a Bs. 2.500 en el área rural; racionalización y eliminación progresiva de los aranceles a la importación; reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto (PTB) y congelación de cargos en la administración pública.

Todas las medidas mencionadas anteriormente excepto la última eran de aplicación inmediata. En tal sentido, el alza de la gasolina debía efectuarse a partir del 26 de febrero de 1989 y las tarifas del transporte público urbano en un 30% a partir del 27 de febrero, válido para los 3 meses siguientes, después de los cuales podrían aumentarse hasta el 100%. No obstante, los transportistas no estuvieron de acuerdo con el aumento inicial del 30% al considerar que el mismo debía ser de al menos un 70%, por lo que la Cámara del Transporte convocó un paro para el día 27 de febrero como medida de presión sobre el Ejecutivo Nacional. Ese día los choferes de las rutas interurbanas (sobretodo las que cubrían el trayecto entre Guarenas y Caracas) iniciaron sus recorridos habituales tratando de imponer sus tarifas y desconociendo el pasaje estudiantil. Ante tales circunstancias los usuarios reaccionaron con un alto grado de violencia contra las unidades de transporte, muchas de las cuales fueron destruidas y quemadas. Asimismo, en poco tiempo la violencia se desbordó al comenzar el saqueo y destrucción de locales comerciales, desde pequeños abastos hasta supermercados; también fueron atacados diversos tipos de locales comerciales, talleres y pequeñas fábricas; y tuvieron lugar intentos de penetrar por la fuerza en áreas residenciales de sectores de clase media

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