6ta Etapa Legislacion Cooperativa

6 ETAPA

1976-2012

LEY 4ª DE 1973.

Esta ley introdujo tres modificaciones fundamentales a la Ley 200 de 1936, así:

a) Reafirmó el concepto de posesión agraria;

b) redujo de diez a tres años continuos el término de inexplotación económica imputable al propietario que se exigiría para decretar la extinción del dominio privado a favor de la Nación;

c) facilitó la prescripción adquisitiva agraria de cinco años.

Por otro lado esta ley modificó las anteriores leyes de reforma agraria, la 135 de 1961 y la 1ª de 1968. Adicionalmente, facultó al Presidente de la República para crear e integrar, en el término de un año, una Sala Agraria en el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal de la justicia contencioso administrativa en el país. Aunque esas atribuciones extraordinarias no fueron empleadas por el Gobierno, algunos autores han visto en esa circunstancia un estímulo a la organización de la jurisdicción agraria, apreciación que no se comparte, ya que la intención del legislador, al habilitar al Gobierno para crear esa Sala, no era la de atribuirle el conocimiento de los procesos propios de esa jurisdicción, sino los relativos a las contenciones entre la administración pública y los particulares, características de la justicia administrativa.

LEY 30 DE 1988.

Esta ley, que modificó la legislación de reforma agraria antes relacionada, intentó dar vida a una Sala Agraria en el Consejo de Estado. Y previendo que el propósito no se concretara a través de facultades legislativas al Ejecutivo, en el cuerpo mismo de la ley se creó una Sección de Asuntos Agrarios en la Sala de lo Contencioso Administrativo de dicho Tribunal, que estaría integrada por cuatro consejeros, y creó dos plazas de magistrados adicionales en los Tribunales seccionales de lo contencioso administrativo, todos los cuales, en su conjunto, tendrían básicamente el conocimiento y decisión de las acciones contencioso administrativas que se intentaran contra los actos administrativos expedidos por el Ministerio de Agricultura, y los establecimientos públicos del sector agropecuario que fueran adscritos, salvo los de naturaleza laboral, así como de los procesos de expropiación de fundos rurales que para fines de reforma agraria ordenara adelantar el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA).

Esta organización judicial tampoco llegó a materializarse, pues nunca fueron nombrados los consejeros de Estado ni los magistrados de los tribunales referidos. En este caso tampoco podría hablarse de un antecedente de la justicia agraria tal como vendría a establecerse en Colombia en 1989.

FORMACION DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA.

En 1987 el Gobierno colombiano solicitó al Congreso Nacional que le entregara unas facultades legislativas extraordinarias, con el objeto de efectuar reformas a la administración de justicia en el país y atender una de sus grandes necesidades mediante la expedición de decretos:

De esta manera e inicialmente intento racionalizar los procedimientos judiciales, a fin de procurar su eficiencia, modernización y rapidez, para lo cual se implantarían nuevas jurisdicciones y se crearía el número de jueces y magistrados que fuere menester.

Una de las atribuciones extraordinarias solicitada estaba encaminada a organizar y regular una “Jurisdicción Agraria”.

Mediante la Ley 30 de 1987, dictada por el Congreso de la República se dieron las facultades extraordinarias al Gobierno para “crear y organizar la jurisdicción agraria” y se integró la correspondiente comisión encargada de preparar el anteproyecto de decreto que debería presentarse a la Comisión Asesora y al Gobierno para su aprobación y expedición. El encargo de la Comisión Redactora era el de “estudiar lo relativo a las reformas necesarias para la creación y organización de la jurisdicción agraria, e implementar sistemas jurisdiccionales de solución de conflictos entre particulares y asignar a otras autoridades trámites administrativos y otros no contenciosos que actualmente están a cargo de

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