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Conflicto entre Nicaragua y Colombia por el Archipiélago San Andrés en aguas del Caribe

Nicaragua ha vuelto a revivir una vieja disputa con Colombia, por la soberanía del Archipiélago San Andrés, situado en aguas del mar Caribe.

Estas islas han estado en manos colombianas desde hace muchos años, pero fueron ratificadas su adjudicación por la Corte Internacional de Justica, el 13 de diciembre del 2007. Pero el acuerdo tenía su fisura. En aquella oportunidad, la ratificación fue para las Islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Quedaron fuera del acuerdo la propiedad de los Cayos Roncador, Serrana y Quitasueños, que habían sido querelladas por Colombia a los Estados Unidos.

Asimismo quedaron sin delimitarse de manera definitiva las áreas marinas y submarinas entre Colombia y Nicaragua. Precisamente en esta oportunidad Nicaragua ha presentado ante la CIJ una demanda de una nueva delimitación de la zona económica o áreas marítimas entre los dos países. Lo que podría significar una reconsideración de la propiedad del archipiélago San Andrés. Colombia, rebate esta nuevo pedido de Nicaragua, declarándola de inadmisible.

Colombia pidió este viernes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que declare “inadmisibles” las reivindicaciones de Nicaragua sobre la frontera marítima entre ambos países, en la disputa sobre lasoberanía del archipiélago San Andrés.

“La propuesta de Nicaragua de crear una nueva delimitación en el mar es inadmisible”, dijo el delegado colombiano Julio Londoño Paredes durante la última de las audiencias en el caso, sobre el que los jueces deliberarán previsiblemente varios meses.

Managua considera que Colombia tiene bajo su soberanía una zona de 200 millas que le corresponde a Nicaragua.

En sus conclusiones finales, el Gobierno nicaragüense pidió a los jueces que busquen una solución “equitativa” en el reparto de las zonas económicas situadas entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas desde la costa.

Esta postura contrasta con la de Colombia, que la semana pasada argumentó que “no hay necesidad de limitar las zonas marítimas” entre ambos países.

Colombia argumentó que la soberanía del archipiélago no puede ponerse en disputa porque el conflicto ya se resolvió en 1928 con la firma del tratado Bárcenas-Esguerra.

Dicho tratado ratificó, según Bogotá, la soberanía colombiana sobre San Andrés.

Nicaragua defendió durante su primer turno de palabra la nulidad del tratado de 1928 sobre el dominio colombiano de San Andrés, dado que el país se encontraba bajo ocupación de Estados Unidos.

En 2007 y como respuesta a objeciones preliminares planteadas por Colombia en la disputa, la CIJ reconoció la soberanía colombiana sobre las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la vez que se declaró competente para dirimir en el conflicto sobre la frontera marítima entre los dos países, excluyendo la jurisdicción de esas islas.

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El conflicto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua: ¿medioambiente, soberanía, narcotráfico o mero instrumento electoral? (ARI)

Carlos Malamud y Carlota García Encina

ARI 22/2011 - 07/02/2011

Tema: Costa Rica y Nicaragua se encuentran enfrentadas en un litigio ante la Corte Internacional de Justicia por un humedal en la desembocadura del río San Juan.

Resumen: Lo que empezó siendo un trabaja de dragado en la parte nicaragüense del río San Juan por iniciativa del gobierno de Daniel Ortega y la posterior acusación de Costa Rica de que se estaban produciendo importantes daños medioambientales en su territorio ha desembocado en un conflicto bilateral ampliamente sobredimensionado y con crecientes repercusiones internacionales. Esto ha sido así porque en él confluyen cuestiones políticas internas, especialmente visibles en una Nicaragua sumida en una intensa precampaña de cara a las próximas elecciones presidenciales. También se han ido añadiendo, por ambas partes, una serie de justificaciones post facto, como la violación de la soberanía nacional por la parte contraria, la disputa limítrofe por el trazado del río San Juan, los planes de obras faraónicas relacionados con la construcción de un segundo canal transoceánico paralelo al de Panamá y la acción o inacción frente al flagelo del narcotráfico, un problema cada vez más grave en América Central.

Análisis: El río San Juan, que delimita la parte más próxima al mar Caribe de la frontera común entre Costa Rica y Nicaragua, ha vuelto a ser protagonista de las desavenencias entre ambos países. Si bien se trata de una cuestión recurrente desde la independencia de los dos países, en esta ocasión y a causa de motivos de lo más variados ha renacido con un intenso vigor. Menos de dos años después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fallara sobre la soberanía y los derechos de las partes sobre la titularidad y utilización del río, el tribunal de La Haya volvió a celebrar audiencias para decidir sobre los últimos altercados. Aunque en esta ocasión no se trata de diferencias sobre el curso del río San Juan, sino de su desembocadura. Ya en la denominación comienzan las diferencias, dado que la zona del delta es conocida como isla Portillos por los costarricenses y Harbor Head por los nicaragüenses, y así aparece en los mapas de cada parte.

El río San Juan, con una extensión de 200 km, ha tenido una gran importancia histórica, sirviendo en la época colonial para el comercio entre las provincias españolas centroamericanas. Tras la independencia y el surgimiento de las nuevas repúblicas, el valor del río aumentó ante los diversos proyectos que hablaban de la posibilidad de construir un canal transoceánico, lo que provocó constantes altercados bilaterales entre Nicaragua y Costa Rica por su posesión. En 1858 se suscribió el Tratado de Cañas-Jerez, en el que los dos gobiernos acordaron el límite entre ambas naciones. El Tratado otorgaba a Nicaragua la soberanía sobre el cauce del río y a la vez reconocía a Costa Rica derechos de navegación con fines comerciales, con algunas restricciones, como la prohibición de navegar con buques de guerra. Estas condiciones fueron posteriormente ratificadas por los laudos Cleveland (1888) y Alexander (1897).

Durante más de un siglo la situación fronteriza parecía tranquila, pero en 1998 se produjeron varios incidentes bilaterales por la interpretación contradictoria que ambos gobiernos hacían del Tratado en lo relativo a los derechos de navegación en el río San Juan. No casualmente se volvía a hablar por aquel entonces de la ampliación del canal de Panamá y de la posibilidad de construir uno nuevo, mucho más barato y por el que pudieran

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