Argentina Debe Impulsar La Investigación Del Atentado A La AMIA

Argentina debe impulsar la investigación del atentado a la AMIA

(Washington, D.C.) – El gobierno de Argentina debería asegurar que el acuerdo firmado con Irán para crear una Comisión de la Verdad para investigar el atentado ocurrido en 1994 contra un centro de la comunidad judía en Buenos Aires no impida que se produzcan avances en las investigaciones penales en Argentina, señaló hoy Human Rights Watch, en el 19º aniversario del atentado.

Durante años, Irán se negó a colaborar con las investigaciones judiciales en Argentina. Sin embargo, el 27 de enero de 2013, Argentina e Irán firmaron un “Memorándum de Entendimiento”, por el cual se crea una comisión internacional de juristas con facultades para revisar la evidencia que involucra a ciudadanos iraníes acusados por las autoridades judiciales argentinas como responsables del atentado, y para interrogar a algunos de los presuntos implicados.

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), que congrega a 120 comunidades judías de todo el país, incluida la AMIA, ha impugnado este acuerdo en la justicia junto con algunos familiares de víctimas, argumentando que interfiere con la investigación judicial argentina.

“Los familiares de las víctimas han esperado casi dos décadas para que avance la causa”, indicó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Ahora está en manos de las autoridades argentinas presionar a Irán para obtener una cooperación genuina y no permitir que se frenen o desvirtúen sus esfuerzos para esclarecer este caso”.

El 18 de julio de 1994, la detonación de un coche bomba en la entrada de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) dejó un saldo de 85 muertos y 300 heridos. En 2006, la justicia federal argentina dictó una orden de captura internacional contra varios importantes funcionarios iraníes y un jefe del servicio de seguridad de Hezbollah acusados de participar en el atentado. Todos ellos se encuentran fuera de la jurisdicción argentina y ninguno ha sido detenido.

La orden de 2006 pedía la detención del ex presidente iraní Ali Akbar Hashemi-Rafsanjani y otros siete funcionarios de ese país, incluidos los ministros de inteligencia y relaciones exteriores, varios jefes del cuerpo de elite Guardias Revolucionarios y diplomáticos que trabajaban en la embajada iraní en Buenos Aires en ese momento. En la orden, se acusa a estas personas de haber planificado, ordenado o participado de algún modo en el atentado. La justicia también dictó una orden de arresto contra un jefe del servicio de seguridad de Hezbollah, quien fue asesinado en 2008 durante un atentado con un coche bomba.

Interpol ha emitido varias “notificaciones rojas” contra seis de estos hombres para que se determine su ubicación y sean detenidos o se impida su desplazamiento “con miras a su extradición, entrega o aplicación de otras medidas jurídicas similares”. Irán aseveró en reiteradas oportunidades no haber tenido ningún tipo de participación en el atentado, y se ha negado a extraditar a los sospechosos a Argentina. Actualmente no existe tratado sobre extradición entre Irán y Argentina.

El breve acuerdo suscripto por Argentina e Irán no establece claramente la composición ni las potestades de la Comisión de la Verdad. Se prevé que estará integrada por cinco juristas internacionales. Cada gobierno designará a dos, que no podrán ser ciudadanos de los respectivos países, y ambos gobiernos elegirán conjuntamente al quinto integrante, quien además presidirá la comisión.

Este organismo, que eventualmente establecerá sus reglas de procedimiento, examinará “la evidencia y la información” proporcionadas por Irán y Argentina,

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