Arthur Arthur. 2009. How ‘Transitions’ reshaped human rights: a conceptual history of trasitional justice

1. Arthur. 2009. How ‘Transitions’ reshaped human rights: a conceptual history of trasitional justice

El Johns Hopkins University Press está colaborando con JSTOR para digitalizar, preservar y extender el acceso a los Derechos Humanos

Trimestral.

http://www.jstor.org

Cómo "Transitions" Derechos Humanos: Una forma de nuevo la historia conceptual de la Justicia Transicional

Autor (s): Paige Arthur

Fuente: Human Rights Quarterly, vol. 31, No. 2 (mayo de 2009), pp. 321-367

Publicado por: El Johns Hopkins University Press

URL estable: http://www.jstor.org/stable/20486755

Consultado el 26-04-2015 21:21 UTC

La utilización del archivo de JSTOR indica la aceptación de los Términos y Condiciones de Uso, disponible en

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

JSTOR es un servicio sin fines de lucro que ayuda a los estudiosos, investigadores, estudiantes y descubrir, usar y construir sobre una amplia gama de contenidos

en un archivo digital de confianza. Utilizamos tecnología de la información y las herramientas para aumentar la productividad y facilitar nuevas formas de enseñanza.

Para obtener más información acerca de JSTOR, por favor, póngase en contacto con support@jstor.org.

Este contenido descargado de 163.1.30.36 el Dom 26 Abr el año 2015 21:21:29 GMT

Todo el uso sujetos a JSTOR Términos y Condiciones

Human Rights Quarterly

¿Cómo 'Transiciones "humana reformada

Derechos: Una historia conceptual de

Justicia transicional

Paige Arthur *

ABSTRACTO

Este artículo aclara el origen de la esfera de la justicia de transición y su límites conceptuales preliminares. Argumento que el campo comenzó surgir a finales de la década de 980 1, como consecuencia de las nuevas condiciones prácticas que humana defensores de los derechos enfrentados en países como Argentina, donde autoritaria regímenes habían sido reemplazados por otros más democráticos. El alejamiento de"nombrar y avergonzar" y hacia la rendición de cuentas por los abusos del pasado entre activistas de derechos humanos se recogió a nivel internacional, en el que el centrarse en el cambio político como "transición a la democracia" ayudado a legítimar esas demandas a la justicia que daban prioridad a las formas legales, institucionales y -respuestas tales como castigar a los líderes, proceder a la instrucción fuerzas de seguridad abusivas, y su sustitución por el secreto de Estado con la verdad y la transparencia sobre otros derechos a la justicia que se orientan hacia la justicia social y la redistribución. Termino discutir las muchas formas en que estos límites conceptuales iniciales ya han sido probados y ampliadas.

1. INTRODUCCIÓN

Reflexionando en 1989 sobre la cuestión de cómo las víctimas de tortura en Brasil, Uruguay, y los regímenes represivos de todo el mundo podrían encontrar cierto grado de justicia por su sufrimiento, New Yorker escritor Lawrence Weschler, con su habitual elocuencia, fue directo al corazón de la materia . Hubo un "momento primordial que tiene desesperadamente ser abordado y con la misma desesperación por la sociedad de la tortura como por la víctima de la tortura." Preguntas necesarias que hay que responder: "¿Quién fue allí que estaba gritando .. Quién, incluso ahora, se atreven a escuchar ... ¿Quién será responsable Y quién va a pedir cuentas.????" 1 Sin embargo, no hubo un problema. "La gente buena," le ofreció, "no estarán de acuerdo en la forma en que la explotación de la cuenta debe proceder en el contexto de la vida real, las situaciones políticas a menudo excepcionalmente precarias.

"Weschler había sido parte de un "notable grupo de activistas y académicos", que, como él lo describió, se reunieron en noviembre de 1988 para discutir cómo los gobiernos sucesores deberían hacer frente a los crímenes de sus predecesores. La reunión, que fue organizada por el Instituto Aspen y financiado por la Fundación Ford, con el objetivo de ordenar a través de la moral, política y jurídica implicaciones de ensayos recientes, las comisiones de investigación, purgas y otras medidas destinadas a sostener los regímenes anteriores para dar cuenta de los abusos sistemáticos de los derechos humanos, así como para fomentar una transición a la democracia."Una y otra vez de nuevo, "escribió Weschler," países tan diversos como Uganda, Argentina, Sur Corea, Chile, Sudáfrica, Brasil, Filipinas, Uruguay, Guatemala, y Haití (todos los cuales estuvieron representados en la Conferencia de Aspen) y la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, y China (que no eran) con frente a los mismos tipos de preguntas en su intento de pasar de la dictadura a los sistemas democráticos de gobierno, en esencia, la cuestión de qué ver con los antiguos torturadores que persiste en medio de ellos.

El caso de Argentina surgió large.With el colapso de la dictadura militar y la elección de Raúl Alfonsín en 1983, se había producido un intenso debate público sobre quién debe ser castigado por violaciónes de derechos humanos y lo que debe hacerse para las víctimas de esos violaciónes. En el primer plano del debate, sin embargo, fue siempre la amenaza a la estabilidad del nuevo régimen que tales acciones podrían plantear. El gobierno de Alfonsina optó por procesamientos limitadas y, en una medida drástica, puso a los antiguos líderes de la junta a prueba. También convocó a una comisión de investigación para averiguar lo que había sucedido a las personas que habían sido "desaparecidos" por las fuerzas de seguridad del Estado. Jaime Malamud Goti, uno de los principales arquitectos, junto con Carlos Nino, de la política procesamientos Alfonsín, sostuvo en la conferencia del Instituto Aspen que los procesamientos no sólo eran una respuesta a la sed de las víctimas por la justicia: "Estamos de acuerdo con la opinión de que tratar la los responsables de las fuerzas armadas de los peores crímenes contribuiría a la consolidación de la democracia mediante la restauración de la confianza en sus mecanismos ". Sin embargo, la administración se dividió. El ministro de defensa, que tenía las relaciones más directas con los militares, se opuso a la política sobre la base de que corría el riesgo de una reacción violenta, tal vez incluso un golpe de estado político potencialmente desastroso. Malamud Goti y Nino preocupados de que el poder judicial, algunos de los cuales se llevó a cabo el relevo de la anterior régimen, obstruiría la política procesamientos. Bajo una fuerte presión de los militares, después de una serie de ensayos muy publicitados y la publicación de la Comisión del informe de investigación, nunca más, el gobierno puso fin a nuevos procesamientos con la llamada Ley de Punto Final de 1986 y Ley de Obediencia Debida de posteriormente, 1987. Un gobierno luego indultado esas sentencias de prisión todavía sirven.

...