Aurelio Ramos Méndez

Aurelio Ramos Méndez | Opinión | Fecha: 12-ago-12 | Hora de creación: 04:36:03 | Ultima modificación: 04:36:03

Si por azares de la política el ex guerrillero Jesús Zambrano Grijalva, El Tragabalas, llegase algún día a la Presidencia, de seguro su desempeño distaría años luz del gobierno realmente revolucionario desplegado por el también ex guerrillero José Pepe Mujica. Éste envió el pasado jueves al Parlamento una iniciativa destinada a convertir el Uruguay en el primer país del mundo donde el Estado será productor y vendedor de mariguana, como solución al grave problema del narcotráfico y la violencia.

A diferencia del ex integrante del Movimiento Tupamaro, quien ha tenido el valor, la sensibilidad y la audacia de impulsar un proyecto plausible, innovador y provocador, el ex miembro de la Liga 23 de Septiembre acaba de alertar, con lustros de retraso, sin autoridad política y con notable desinformación o descarado oportunismo, sobre la narcopolítica y los riesgos de instauración en México de un narcogobierno.

No le va bien al dirigente del partido de Julio César Godoy —el diputado que para rendir protesta entró al Palacio Legislativo oculto en la cajuela de un carro— hablar de “preocupantes y condenables informaciones” sobre vinculación de bandas del narco con el PRI, con base en fotografías supuestamente auténticas de destacados priistas con recién capturados traficantes de drogas.

Afanoso por llevar agua al molino de Andrés Manuel López Obrador, el líder nacional del PRD intenta sacar los mayores dividendos políticos de la captura del priista Humberto Celaya Valenzuela, detenido en Madrid junto con el primo de Joaquín Guzmán Loera El Chapo, Jesús Gutiérrez Guzmán, y otros dos presuntos delincuentes.

Según el perredista, “un día sí y otro también, aquí y allá”, surgen informaciones que vinculan al PRI con bandas de narcotraficantes.

“Lo preocupante de todo esto es que podemos estar entrando a una suerte de ‘narcogobierno’ o ‘narcopolítica’, que estaría corroyendo los cimientos mismos de la institucionalidad en nuestro país”, dijo Zambrano con el tono de quien descubre que el sol quema.

Se necesita cinismo para fingir ignorar que a lo largo del país, sobre todo en Michoacán, decenas de legisladores, alcaldes, funcionarios municipales y estatales del partido presidido por Zambrano, han sido acusados —con razón o sin ella— mediante copiosas pruebas, fotografías, audio y video grabaciones, de vinculación con la delincuencia organizada.

Hasta un extraterrestre podría saber lo que Zambrano pretende ignorar: que en materia de narco, si en el PRD y el PRI llueve, en el PAN y otros partidos no escampa. En el blanquiazul, sólo el maniqueísmo puede llevar a negar que gobernadores, senadores, diputados, dirigentes partidistas y aun funcionarios federales han sido acusados de proteger al narco.

Tales acusaciones datan de un cuarto de siglo, desde los tiempos de los gobernadores Ernesto Ruffo y Francisco Barrio. O más recientemente con Nahúm Acosta en Los Pinos y Guillermo Anaya en el Senado. Para no hablar de las especulaciones sobre la fuga de Guzmán Loera en tiempos de Vicente Fox.

Obnubilado por un repugnante oportunismo, Zambrano soslaya que por estos días seis militares de alta graduación

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