Bases Militares De Colombia

BASES MILITARES EN COLOMBIA

La firma del acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos establece una nueva etapa. La presencia de uniformados norteamericanos en siete bases militares colombianas, bajo el argumento de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, constituye un severo riesgo para el equilibrio de la seguridad de la región. Argumentar la lucha contra las drogas es una apuesta arriesgada de Washington, porque su política está cuestionada debido a los escasos resultados obtenidos en la lucha contra el crecimiento del narcotráfico, la delincuencia organizada, las bandas criminales y el poder de los grupos armados.

La preocupación de los Gobiernos de la región se evidenció en la Cumbre Extraordinaria de la Unión de Naciones Suramericanas, (Unasur, 28 de agosto del 2009), donde, aunque no se condenó el acuerdo, se confirmó la necesidad de contar con una política de lucha contra el narcotráfico no alineada a Washington, sino basada en los principios de la integración suramericana. Esta coyuntura habría podido constituir una oportunidad para avanzar en reformas a las políticas fracasadas.

A pesar que la amenaza de las bases es más grave para Colombia, la opinión nacional se ha mostrado un tanto indiferente, quizás por falta de información o de conciencia política; sólo algunos dirigentes de izquierda, intelectuales, estudiantes, sindicalistas, indígenas, han manifestado su protesta, han escrito en contra en la prensa y preparan debates sobre ese tema en el Congreso. No ocurre lo mismo en los otros países sudamericanos. El viaje de urgencia que el Presidente Uribe tuvo que hacer a las capitales sudamericanas a dar explicaciones a los presidentes de la región y las tres reuniones que ellos realizaron en menos de dos meses para examinar el problema, reflejan el alto grado de preocupación que ha suscitado.

CAUSAS.

Las tradicionales relaciones de dependencia de los países sudamericanos con Estados Unidos han experimentado cambios importantes en los últimos años: la mayor parte de los gobiernos de la región a excepción de Colombia se han alejado políticamente de Estados Unidos, han asumido una actitud contestataria, rechazan sus políticas y orientaciones, algunos se han atrevido a nacionalizar empresas multinacionales y a hablar de socialismo del siglo XXI y todos tratan de afirmar su autonomía. Sin pedirle permiso y sin su participación, han organizado un aparato de integración regional, UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas, y otro más reducido pero más radical, el ALBA, Alternativa Bolivariana para las Américas.

UNASUR está formada por todos los países de Sudamérica (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia (a regañadientes), Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela), con una superficie total de 17.715.335 de kilómetros cuadrados, una población total de 386.529.000 de habitantes, un PIB total de 4.034.793 millones de dólares, 8 millones de kilómetros cuadrados de bosques, es el primer productor mundial de alimentos en el mundo y tiene importantes reservas de petróleo y gas. Al consolidarse la integración de este grupo de países puede convertirse en una verdadera potencia continental, libre de la tutela de Estados Unidos. El ALBA, por su parte, está integrado por Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Honduras; cuestiona frontalmente las políticas de Washington, tiene estrechas relaciones con China, Rusia, Irán, Libia, los países del llamado por Estados Unidos “el eje del mal” y ha adoptado su propia moneda de intercambio intrarregional.

OBJETIVOS.

Todo indica que el primer objetivo de las bases es frustrar los actuales procesos de integración sudamericana, UNASUR y ALBA.

Controlar sus inmensos recursos de petróleo, agua y biodiversidad. Al lado de sus habituales mecanismos económicos y políticos de dominación, Estados Unidos instala ahora un poderoso aparato de guerra. Una maniobra militar con fines políticos, a la cual el gobierno colombiano aporta el terreno.

A los gobiernos, en general, poco se les puede creer, pero a los de Washington y Bogotá, campeones mundiales de mentiras y engaños, no se les puede creer nada. El gobierno de Uribe afirma que las bases norteamericanas no son norteamericanas sino colombianas, que sólo se utilizarán para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y que no serán utilizadas para atacar a otro país. Patrañas para negar la evidencia. Las bases militares son norteamericanas, no se establecen para combatir el narcotráfico y están diseñadas para dominar a Sudamérica. Nadie medianamente consciente cree que el imperio más poderoso del planeta, cuyo principal objetivo es dominar el mundo, va a establecer bases militares en Colombia sólo para perseguir el narcotráfico y el terrorismo local y no para afianzar su política de dominio continental.

Pero la mentira más torpe e inaceptable de los dos gobiernos, es el de decir que garantizan que las bases estadounidenses no atacarán a otros países. Los colombianos tenemos suficiente experiencia sobre las promesas y garantías de Estados Unidos. En el Tratado Mallarino-Bidlack, firmado entre la Nueva Granada y los Estados Unidos en 1846, estos se comprometieron expresamente a defender la soberanía granadina en el Istmo de Panamá, amenazada por potencias extra continentales.

CONSECUENCIAS EN COLOMBIA.

Desaparición de la independencia y la soberanía nacional de Colombia. La presencia de bases militares estadounidenses, significa que en Colombia el monopolio de las armas en manos del Estado desaparece. A partir del momento de su instalación, en Colombia habrá dos clases de Fuerzas Armadas, oficialmente reconocidas: una, la Fuerza Pública colombiana (Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Policía), a la cual la Constitución encomienda, de manera exclusiva, la defensa de la soberanía nacional, la independencia y el orden institucional

Las tropas de las bases militares estadounidenses, o sea, destacamentos de las fuerzas militares más poderosas del mundo. Entre las dos, obviamente, la Fuerza Pública colombiana pasa a un segundo plano.

La autorización de instalar bases militares extranjeras en Colombia implica el reconocimiento de que la Fuerza Pública nacional es incapaz, por sí sola, de defender la independencia, la soberanía nacional y el orden institucional y la aceptación de que, en adelante, la defensa de estos valores esenciales estará, por lo menos en parte, en manos de fuerzas extranjeras. Este hecho niega de plano la soberanía y la independencia nacional. Por eso, la presencia de bases militares extranjeras no está prevista en la Constitución Política; lo único que la Constitución

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