Borbonicas

Reformas político-administrativas

La reforma más importante al sistema administrativo y de gobierno de Nueva España durante el siglo XVIII fue la subdivisión de su territorio en intendencias. Las disposiciones contenidas en las Ordenanzas afectaban directa o indirectamente a toda la administración del virreinato, ya que al crear nuevos organismos administrativos afectaron la distribución de competencias entre las autoridades del viejo sistema, en las que por consiguiente encontraron la mayor resistencia.

El territorio que correspondía a la audiencia de Nueva España fue subdividido en seis intendencias y por su parte la subdivisión de Nueva Galicia permitió reordenar la jurisdicción que había crecido siguiendo el avance de la conquista española en una época en la cual aún era difícil prever el desarrollo futuro de las provincias o reinos que podían surgir del avance español hacia el norte. Parte de esta reorganización tenía como propósito aligerar la carga administrativa que pesaba sobre la capital del virreinato, pero también, y paradójicamente, aumentar el control metropolitano sobre un territorio demasiado extenso, al establecer un nuevo tipo de funcionarios que podían tratar asuntos directamente con España, sin intermediación del virrey.

También reorganizó el gobierno distrital y dejó las funciones que antes correspondía a los corregidores y alcaldes mayores en manos de los delegados, nombrados por el intendente, o de los alcaldes ordinarios, designados por el cabildo.

Mientras hubo intendencias las alcaldías mayores no desaparecieron por completo y de hecho hubo necesidad en muchas intendencias de regresar a los antiguos funcionarios menores para el cobro de ciertos impuestos.

El establecimiento de las intendencias en Nueva España encontró resistencia que sólo pudo soportar porque se fueron ajustando a la realidad particular de la colonia muchos de los principios demasiado genéricos contenidos en las Ordenanzas. La fuerte reacción que desencadenó hizo vacilar en más de una ocasión a la administración central madrileña, durante el reinado de Carlos IV, habiéndose planteado el regreso al sistema anterior. Más aún, en la Nueva España fue rápidamente percibido que la reforma concebida e instrumentada por la corona iba en contra de los intereses de la clase dominante, por lo que su oposición y los vacíos legales de las propias Ordenanzas contribuyeron a que no fueran puestas en práctica en su totalidad. Sin embargo, y aunque no pudo lograr todos sus objetivos iniciales, la reforma promovida y ejecutada por Carlos III a través de funcionarios como el visitador José de Gálvez tendría sobre todo consecuencias de largo plazo en la organización política de los futuros países.

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