CONFLICTO ARMADO INTERNO EN COLOMBIA

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ANTEPROYECTO

CONFLICTO ARMADO INTERNO EN COLOMBIA

ELABORADO POR:

VALERIA RUIZ MAZO

LAURA YAJAIRA LOPERA ZAPATA

VALENTINA CASTAÑEDA PIEDRAHITA

PROCESOS INVESTIGATIVOS

DERECHO

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO

PRESENTADO A: JUAN DIEGO RESTREPO YEPES

2022

Planteamiento del problema.

Actualmente, Colombia está tomando medidas para poner fin a casi seis años de conflicto armado que ha dejado a millones de víctimas de diversas y graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. En particular, el proceso de paz en La Habana (Cuba) ha recorrido un largo camino y ha recibido un gran apoyo de la comunidad internacional, principalmente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que quiere deshacerse de la cultura de la confrontación pasada de moda por donde lo intentan. para terminar. conflicto armado externamente hostil y desproporcionado.

En este marco la Universidad Jorge Tadeo Lozano (2012) plantea que ante esta coyuntura se necesita una apuesta por la construcción de una cultura de paz que permita un pensamiento renovado del posconflicto, y, por tanto, una política social. Sin embargo, no fue una tarea fácil, ya que las estructuras e ideologías de una cultura de confrontación del siglo XX persisten en la sociedad actual y entre sus muchas características la inclusión de los políticos recuerda a las personas y causa millones de víctimas en todo el mundo.

Larrañaga (2006), a raíz de la barbarie del siglo pasado, llegó a un consenso internacional para evitar el comportamiento que deben experimentar las futuras generaciones de que, a finales del siglo pasado, las Naciones Unidas similar a otras organizaciones, pero más involucradas regionalmente. El Sistema al reafirmar su compromiso con los Ideales del diálogo y la cooperación internacional, quiere reemplazar la cultura del enfrentamiento y la guerra por valores y actitudes que encarnan una cultura de paz.

De Armas (2003) afirma que, de acuerdo con esta secuencia de pensamiento, la mediación es un proceso de resolución de conflictos en el que dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a un tercero equitativo, el mediador, para encontrar una solución, llegando a un acuerdo satisfactorio por vía judicial... Satisfacer las necesidades de las partes, evitar ser limitado en el contenido prescrito por la ley y celebrar voluntariamente el contrato por las partes.

En términos generales, el conflicto puede entenderse como un proceso de separación entre dos o más partes para buscar resolver su disputa. El conflicto es parte de la historia humana y como tal es inherente a la existencia humana en la Tierra, desde las sociedades más primitivas hasta las más civilizadas, incluso a esta edad se puede afirmar.

Finalmente, cabe señalar que, además del contexto pacífico, la UNESCO (1995) propone un plan con ocho medidas de acción que, una vez implementadas, serán específicas y abarcarán las siguientes áreas: Educación, desarrollo económico y respeto por todos. los derechos humanos, la igualdad entre mujeres y hombres, la participación en la democracia, la tolerancia y la solidaridad, la libre circulación del conocimiento y la información y, en última instancia, la promoción de la paz y la seguridad internacionales. Para Gorjón y Gonzalo (2007), la mediación es una herramienta útil para crear sociedades más pacíficas, capaces de convertir el conflicto en una oportunidad de crecimiento y desarrollo, y es después de este análisis que llegamos a la pregunta: Pregunta problematizadora:

¿Se puede considerar que actualmente el estado colombiano con respecto al conflicto armado que se presenta en el país delimita las ayudas del derecho internacional humanitario y aviva la vulneración de derechos a las víctimas?

Justificación:

Conflicto armado en Colombia

Desde nuestra independencia como nación en el siglo XIX padecimos diez guerras civiles, cuyos resultados, medidos en términos de dolor, sangre, desconfianza y afectación de la economía, no pueden considerarse, desde la distancia que nos proporcionan los años, como justificadas por los motivos invocados para su realización. Ni Dios, ni el pueblo, ni el anticlericalismo o la forma de la república pueden considerarse ahora razón suficiente para causar daños seguros a cambio de dudosos beneficios. En el siglo XX, en cuya alborada algunos en el mundo guardaban la esperanza de que fuera el siglo en que el hombre extinguiera las guerras de la faz de la tierra, luego de un periodo de relativa normalidad (1910 a 1945) se presentó en nuestro país el período conocido como el de «la violencia»; etapa gris de nuestra historia que resulta emblemática para exhibir cómo el fervor político podía traducirse en pretensiones de eliminación física del oponente. Sin que aún el Frente Nacional hubiese culminado la eliminación de la violencia, en la década de los sesenta surgen movimientos guerrilleros que en nombre del pueblo pretenden una revolución de corte marxista. Con la notoria alteración de contexto, fines, métodos, fuerza y financiación que la prolongación del conflicto facilita, hemos ingresado al siglo XXI con la exacerbación del enfrentamiento y la irracionalidad de sus resultados.

Dificultades de la solución del conflicto

Si se asume que la derrota militar de las fuerzas enfrentadas resulta imposible de lograr, se llega aparentemente a una circunstancia de equilibrio que favorecería una salida negociada. Esta idea, que hace depender la suerte de la negociación del conflicto de la inderogabilidad del enemigo, conlleva la dificultad de que no excluye la pretensión de obtener una posición de fuerza prevalente sobre el mismo, para obligarlo a aceptar condiciones desfavorables; en otras palabras, si bien puede generarse la conciencia de que la vía militar no es la solución, no deja de resultar un instrumento de disuasión y mejoramiento de status en la salida negociada. Al parecer, en la actual etapa del conflicto nos encontramos en este forcejeo, lo cual, desafortunadamente, puede prolongarse, con altos costos en cuanto a dolor, sangre y atraso económico y social; pero las cosas resultan más complejas cuando advertimos que, por la dinámica de la guerra y la vinculación del grueso de sus actores irregulares con la economía ilegal, se puede sobreponer al objetivo estratégico de una solución aceptable, en términos militares, sociales, políticos y económicos, el objetivo coyuntural de la supervivencia del lucro económico derivado de sus actividades ilícitas, con base en ciertos poderes locales. Además, la incidencia del narcotráfico en la confrontación bélica, así como el pretexto de salvaguardar la seguridad del hemisferio, coloca al país en una posición de reducida autodeterminación en la resolución del conflicto. La política internacional de Estados Unidos, la mayor potencia militar y económica del mundo desde que acabó la Guerra Fría, no cobra justificación en la lucha anticomunista, sino en el combate contra las drogas y, prioritariamente, ¡¡¡a partir de los episodios del!!  de septiembre, en la lucha contra el terrorismo. Así las cosas, la Rama Judicial no parece ser protagonista en este escenario, aunque indudablemente podemos y debemos asumir un comportamiento ante el conflicto.

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