Cinismo: Fiebre Institucional

Cinismo: Fiebre institucional

El Estado, en forma genérica y quizás aquí dicho de forma simplista, se compone de diversos elementos, a saber: el territorio, la población, el poder político y el orden jurídico. La combinación de estos nos permite decir, por ejemplo en el caso de México, que existe un territorio mexicano donde habitan tanto nacionales como extranjeros, que los nacionales pueden bien ser ciudadanos o no, siendo que los primeros participan en virtud de sus derechos políticos en la elección más o menos directa de gobernantes que ejercerán el poder político, y todo lo dicho bajo la bóveda jurídica del orden positivo de normas.

Así las cosas es necesario señalar que si bien todo esta regulado y establecido en el orden jurídico, en el caso de México este orden no existe en el aire o arraigado en las costumbres, sino que encuentra fundamento en el texto de la Constitución Política, Ley Suprema de la Unión. De tal modo que todos los elementos que acabamos de referir estarán delimitados en el texto Constitucional; logrando como efecto que de nuestra Carta Magna se desprendan desde los Derechos Fundamentales y sus garantías, hasta la forma en que el gobierno se establece y opera. Emanarán pues de la Constitución diversas leyes e instituciones necesarias para la operatividad y vida Estatal de México.

Dejando de lado todo aquello más propio de la Teoría Política, es momento de volcarnos, con los elementos apenas expuestos, a una situación concreta: la elección presidencial que acabamos de vivir. Esto nos dará pie para entablar una reflexión sobre el papel del ser ciudadano y el deber patriótico.

2012: Instituciones o dignidad

Desde que Leonardo Valdés Zurita anunció que podíamos considerar a Enrique Peña Nieto como Presidente Electo, y desde que este anuncio se coordinó con el de Felipe Calderón Hinojosa en el mismo marco, el país se polarizó de manera aún más acentuada que durante las campañas electorales.

Los que miramos perplejos el desarrollo inequitativo y corrupto de la contienda nos preparamos para asumir la posición que ya teníamos reflexionada: desconocer el resultado INSTITUCIONAL que el IFE y la oligarquía nos habían ya preparado maliciosamente. (Pues a decir verdad y lejos de toda preferencia electoral, aunque Andrés Manuel hubiera conseguido una aplastante victoria, era difícil poder imaginar al Tribunal Electoral calificando la elección de válida y entregándole al Tabasqueño su constancia de mayoría.)

Los que apoyaban a la manera priista de concebir las cosas pronto se alistaron para descalificarnos y tacharnos de “irrespetuosos de las instituciones”, calificativo que, dicho en el burgués contexto de las mesas de comentario político a las once de la noche y charla de café con el tema electoral, es sumamente grave y significa algo así como ser apátrida o un loco desposeído de todo sentido de responsabilidad comunitaria.

Tenemos pues frente a nosotros dos maneras bien distintas de concebir un resultado electoral. La fundamentación de los que adoptamos la postura inconforme es de total apelación a la realidad, a lo que sucedió durante el proceso electoral: compra de voto, rebase de tope de campañas, financiamiento ilícito, manipulación de la percepción del electorado a través de encuestas truqueadas, lo que todos sabemos, etc. Por el otro lado la fundamentación de los que adoptan la postura de aceptación es de total apego a las instituciones (que de antemano sabían los iban a favorecer, porque bien el TEPJF pudo haber declarado inválida la elección).

Pero a todo esto ¿Cómo es que el total apego a las instituciones es una razón más poderosa que el apego a la verdad? Eso encuentra respuesta, supuestamente, en el respeto al Estado de Derecho. Es ahora que nuestra breve y académica introducción vuelve a escena.

En un Estado de Derecho todos, gobernantes y gobernados, están sometidos al orden jurídico. El sistema normativo debe ser garante de libertades y derechos en primera instancia, debe establecer la manera en que se va a configurar el gobierno y debe proporcionar operatividad al mismo. Se podría decir que todo esta contemplado en el sistema normativo y que en el orden jurídico todo puede tener de algún modo una respuesta.

De forma muy esquemática: los ciudadanos tenemos derecho a elegir al Presidente de la República mediante elecciones “libres y auténticas”. Si las elecciones no son ni libres ni auténticas, en principio los ciudadanos no debemos salir hinchados de rabia a quemar autoridades electorales, eso está fuera del marco normativo. Debemos, por otro lado, acudir a las autoridades competentes para referir nuestra inconformidad; estas tiene la obligación atendernos, valorar si procede o no y, dado el caso, resolver la controversia. Según nuestro orden de Derecho, el TEPJF es quien tiene la facultad de juzgar y resolver: el TEPJF tiene entonces la última palabra.

Hasta aquí lo expuesto el panorama para los inconformes es desolador, pues aunque fuimos testigos de las más atroces injusticias en una democracia, la autoridad que se supone debía impartir justicia simplemente simuló que nada había pasado y como su palabra es la que tiene valor jurídico, nuestra verdad es ahora una mentira. La verdad institucional es pues discordante con la verdad histórica y la verdad histórica es una afrenta a las instituciones. ¿Cómo llegó esto a este estado de cosas? ¿Las instituciones son un mal?

No se podría como tal señalar que las instituciones son un mal. Sucede que las instituciones no tienen intereses en sí mismas, pues existen justamente en un plano institucional; no obstante son necesariamente operadas por seres humanos que sí que tienen intereses y sí que pueden constituirse en enemigos del pueblo. Entonces ¿Quién vigila a aquellos que operan las instituciones? Si el resultado del TEPJF en asuntos electorales, por así llamarlos, es la última palabra ¿Es su palabra infalible? De algún modo podríamos decir que en el plano institucional sí, y de hecho los que están a favor del régimen priista lo sostienen, pero con una óptica humana y racional no podemos

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