Constitución.

Constitución consagraba el carácter unitario de la nación, en la que residía la soberanía, modificaba

el nombre de estados por el de departamentos, ordenaba que la legislación penal, civil, comercial,

minera, etc., fuese de orden nacional, y eliminaba la elección de funcionarios ejecutivos regionales.

Ahora el presidente designaría a los gobernadores y éstos a los alcaldes; todos los funcionarios del

ejecutivo tendrían el origen de su nombramiento en el presidente de la República. Los

departamentos conservaban algunas rentas, aunque otras pasaban de nuevo al gobierno central, y

tendrían un organismo administrativo electivo, la Asamblea Departamental.

Núñez, como ya se dijo, quería dividir los nueve estados en fragmentos menores. Probablemente

temía el poder de sus propios caciques, como Payan; Aldana había sido ya destituido por su empeño

en conservar el control de las milicias de Cundinamarca. El regionalismo logró impedir esta línea, y

varios delegados subrayaron la importancia de respetar la tradición federalista del país. Tan fuerte

sultó la resistencia a la división territorial, que la Constitución acabó estableciendo condiciones

os de la Corte Suprema, y a los

agistrados de los tribunales superiores, procedentes de ternas presentadas por aquélla. Sin

a, donde se decidía sobre su constitucionalidad. Toda ley que

era aprobada sin objeciones era por definición constitucional y ningún ciudadano ni funcionario

pero responsable, con arreglo a leyes, cuando atente a la honra de

s personas, al orden social o a la tranquilidad pública». La libertad de expresión sólo aparece

re

difíciles para la formación de nuevos departamentos; estos sólo podían crearse, si afectaban a

departamentos existentes, mediante una ley aprobada en dos legislaturas sucesivas y con el

consentimiento del 80 de las municipalidades de la comarca en cuestión. La Constitución,

supuestamente para moderar el centralismo, incorporaba principios de «descentralización

administrativa», pero basta el más superficial examen para advertir que los contrapesos

descentralistas no recibieron en ella expresión real.

El poder presidencial se apoyaba fundamentalmente en su ilimitada capacidad de nombramiento y

remoción de todos los funcionarios del orden ejecutivo y en su largo período de mandato: duraría

seis años. A esto se añadían una serie de disposiciones que le permitían colocarse por encima de los

demás poderes públicos. El presidente nombraba a los miembr

m

embargo, para evitar una directa subordinación al ejecutivo, los cargos de magistrados de la Corte o

de los tribunales eran vitalicios.

En cuanto al Congreso, el president

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