Desafíos del derecho en la globalización

Una buena economía se basa en la convicción de que el mercado en combinación con la propiedad privada de los medios de producción (es decir, el rasgo esencial del capitalismo) constituye tanto la modalidad más eficiente de coordinación económica, como también una condición necesaria para garantizar la máxima libertad política. Según esto, es tarea del Estado velar por el buen funcionamiento del mercado. 

Principalmente el derecho, en manos del estado, debe garantizar los Derechos de las personas, haciéndolos valer y en dado caso reivindicándolos frente a una economía que cada día se encuentra en constante flujo, pues el mercado es un ámbito donde “triunfa el mejor”, que podría aplicarse también como el que mejor mueva sus fichas, y en muchos casos atentando contra ciertos derechos. Por lo tanto debe actuar el Estado debe actuar.

La garantía de la libertad de mercado, donde el Estado le confiere al mercado un margen de acción suficiente y que por principio no interfiere en el "juego" de la oferta y la demanda, pero lo que implica por lo tanto, de manera esencial una limitación del Estado. Sin embargo, hay que proteger la libertad del mercado también contra cualquier menoscabo que pudiera sufrir por parte de transgresores. Es el Estado como instancia suprema de coordinación y regulación en una sociedad (puesto que goza del monopolio del ejercicio legítimo de la coacción física) quien debe garantizar la seguridad de la propiedad privada, y quien debe asegurar que el acceso al mercado no sea obstaculizado por aquellos a quienes no les gusta tener competidores. Esto implica que el Estado es suficientemente fuerte para imponer la ley tanto a nivel nacional como a nivel local y que no está ligado a intereses privados poderosos. Lo cual lo podemos ver en el artículo 333 de la Constitución Política, que sostiene “la actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. […]”.

Se compromete al estado en una garantía de la competencia, donde es llamado a intervenir activamente en el mercado cada vez que allí se configuren constelaciones de poder - formalmente inobjetables - que afecten seriamente la competencia. Porque es la competencia de la cual depende la eficiencia superior del mercado en la generación de bienestar social. Monopolios y carteles anulan esta eficiencia, independientemente de que se presenten del lado de la oferta o de la demanda. La constitución colombiana ha pretendido regular los monopolios de la manera más libre posible, toda vez que, no son considerados ilegales per se, por lo que tan solo se regula su formación y funcionamiento. Lo más importante, es que todo monopolio debe ir de acuerdo con el interés 2 público y lo que establezca la ley, señalando el artículo n° 336 de la Constitución Política de Colombia lo siguiente: “Ningún monopolio podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con un finalidad de interés público o social y en virtud de la ley. […]”.

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