Descentralización Y Regionalización En El Perú

“Descentralización y Regionalización en el Perú”

Introducción

Una característica estructural de la sociedad peruana es la concentración del poder político y económico, lo que ha generado un profundo desequilibrio entre Lima y las regiones. Se pone así en evidencia que la exclusión social y económica tiene también una dimensión territorial.

Las regiones tiene el rol de periferia subordinada a un bloque dominante, nacional y transnacional, que ha sido incapaz de construir un proyecto de desarrollo inclusivo durante nuestra historia republicana. La forma centralizada y autoritaria de ejercicio del poder ha facilitado la imposición de una estructura social con profundas inequidades y desequilibrios sociales.

La exigencia por transformar esta realidad está presente desde nuestra primera constitución, en la cual se planteó el debate entre el centralismo y federalismo. Desde entonces, los sectores dominantes han tenido la capacidad y, sobre todo, la fuerza para bloquear y frustrar los diversos intentos descentralistas, en el marco de la preservación de una sociedad muy excluyente.

Los desequilibrios territoriales se profundizaron en los años noventa, durante los cuales el fujimorismo aplicó el modelo neoliberal mediante un régimen político autoritario, que encontró las condiciones adecuadas para su desenvolvimiento luego del fracaso del gobierno aprista y la crisis general del sistema de partidos.

Para imponerse, el régimen impulsó una estrategia orientada a debilitar el rol del Estado, de las instituciones básicas de la democracia, del sistema de partidos y de las diversas formas de organización de la sociedad. La hiperconcentración del poder fue un aspecto sustancial del modelo autoritario.

El colapso del régimen fujimorista abrió una nueva posibilidad para institucionalizar la democracia en el Estado y la sociedad peruana. En ese marco favorable, la descentralización logró abrirse espacio y, junto con la participación, se constituyeron en componentes significativos del proceso político democrático.

Los cuatro años de transición nos han mostrado los serios problemas que deben enfrentar nuestras sociedades ara avanzar en la consolidación del régimen democrático. La incapacidad, la debilidad y la falta de liderazgo del gobierno de Toledo son sin duda algunos factores, pero son sólo parte del problema. Continúan vigentes los ejes fundamentales del modelo económico del fujimorismo con un crecimiento sostenido que es al mismo tiempo profundamente excluyente y generador de mayor pobreza y desigualdad. Asimismo nos encontramos con la persistencia de la crisis del sistema de partidos, sin capacidad de renovación para superar la profunda brecha que los separa de la sociedad y el ciudadano. Finalmente está la fragmentación del tejido social y el debilitamiento de las diversas expresiones organizadas de la sociedad, en particular de los sindicatos.

La descentralización

La descentralización puede entenderse bien como proceso o forma de funcionamiento de una organización. Supone transferir el poder, de un gobierno central hacia autoridades que no están jerárquicamente subordinadas. Una organización tiene que tomar decisiones estratégicas y operacionales. La centralización y la descentralización son dos maneras opuestas de transferir poder en la toma de decisiones y de cambiar la estructura organizacional de las empresas de forma concordada.

El proceso de descentralización forma parte de la reforma del Estado peruano y tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país en beneficio de la población. Para ello se distribuyen competencias, funciones y recursos entre tres niveles de gobierno: Gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales; para el ejercicio equilibrado del poder estatal. Se busca organizar el territorio de manera racional para garantizar la adecuada prestación de servicios a la ciudadanía.

Es decir, la descentralización no es un fin sino un medio para hacer que el estado brinde mejores servicios a la ciudadanía asegurando el desarrollo del país.

Principales objetivos:

Transferencia ordenada de competencias públicas del Gobierno Nacional a los gobiernos regionales y locales.

Redistribución de los recursos del Estado entre los tres niveles de gobierno, con el objetivo de promover el desarrollo eficiente y equitativo del territorio Nacional.

Desarrollo económico, auto sostenible y promoción de la competitividad de las regiones y localidades del país.

Participación y fiscalización por parte de la ciudadanía.

Formas de descentralización del Estado

La descentralización, en suma, “se puede considerar como un proceso social de transferencia de competencias desde la administración central a las administraciones intermedias y locales” y puede adoptar diversas formas:

Descentralización horizontal. Es la que dispersa el poder entre instituciones del mismo nivel. Por ejemplo decisiones sobre el gasto de un ministerio que puede distribuirse entre varios.

Descentralización vertical. Permite que algunos poderes del gobierno central se deleguen hacia niveles de administración inferiores (locales o territoriales) y puede adquirir las formas ya referidas de desconcentración, delegación, devolución y privatización.

Descentralización administrativa. Supone el traslado de competencias de la administración central del estado a nuevas personas jurídicas del derecho público, dotadas de un patrimonio propio. Aunque el poder central tiene un control muy limitado sobre actividades de las entidades documentadas, éstas se encuentran sujetas a las órdenes de aquel y no gozan de personalidad jurídica propia. El objetivo de este tipo de descentralización es lograr una gestión administrativa más ágil y efectiva.

Descentralización política. En ella los poderes, competencias y funciones administrativas, normativas y de gobierno se trasladan a un órgano con una base territorial determinada (región, territorio, localidad, comuna, etcétera), una cierta autonomía para crear su propio derecho y un origen democrático dimanado de un proceso electoral.

Descentralización funcional. Consiste en el reconocimiento al órgano correspondiente de competencias específicas o delimitadas sólo a un sector de actividad; es decir, el Estado asigna una función técnica o de servicios a una entidad gestora que dispone de personalidad jurídica y patrimonio propio. Un ejemplo puede ser una empresa pública.

Descentralización territorial. Entraña el traspaso de poder decisorio a órganos cuyo ámbito de actividad o jurisdicción lo constituye un territorio o localidad.

Descentralización mixta.

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