Doce años
giltg12 de Febrero de 2014
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Doce años de cambios en México
MIGUEL DE LA MADRID H.
Deseo agradecer la oportunidad que se me brinda de hablar de los cambios más
importantes que se han producido en México en los últimos doce años. Trataré, en primer
lugar, de exponer las condiciones prevalecientes generales en la economía mexicana y en el
entorno internacional en los momentos anteriores a aquel en que fungí como presidente de
la República. Después, describiré las políticas diseñadas para enfrentar las dificultades
económicas que vivió el país en esos años, así como las transformaciones más importantes
realizadas a nivel estructural hasta este momento. Finalmente, concluiré con algunas consideraciones
sobre nuestro futuro.
Más que proporcionar cifras detalladas o una relación cronológica sobre los hechos y las
medidas que se adoptaron, centraré esta plática en los aspectos cualitativos más relevantes,
tanto de los dilemas que hemos enfrentado en México como las estrategias básicas que se
adoptaron para resolverlos.
Ciertamente, como precisaré más adelante, son muchos los cambios que se han
producido en mi país a lo largo de estos años. Sin embargo, cuando uno se acerca a la
historia de México, lo primero que destaca es justamente la capacidad que tenemos los
mexicanos para cambiar. La Independencia, la Reforma, el Porfiriato, la Revolución y el
régimen instaurado después de ella han significado periodos de profundas transformaciones
en todos los ámbitos de la vida nacional. Asimismo, cada una de estas etapas se ha
caracterizado por representar un reto distinto y, en cada una de ellas, se ha dado respuesta a
dilemas específicos.
La serie de cambios producidos en México a partir de 1982 forma parte, por decirlo así,
de esa tradición, aun cuando, a lo largo de estos años, haya variado la velocidad o el ritmo
con el que se han instrumentado esas transformaciones, según lo han determinado las
circunstancias enfrentadas o las características del proceso iniciado. En este sentido, puede
decirse que los primeros años de la década de los 80, representaron, en general, un proceso
de reflexión y aprendizaje para los funcionarios responsables de ejecutar las medidas. Un
caso muy claro de esto lo constituye la desincorporación de empresas públicas para
compactar el tomado del sector público federal. No existían antecedentes en mi país de este
tipo de experiencias. La complejidad de las operaciones por realizar también demandaba
un análisis detallado de los factores involucrados en dicho proceso.
Por otra parte, en esa primera etapa se buscó consolidar una nueva estrategia de
desarrollo en el país que estuviera sustentada en bases más sanas que el anterior. La
precipitación hubiera restado solidez a las políticas. La serenidad era un requisito necesario
ante las cambiantes y difíciles circunstancias que en ese momento enfrentaba mi gobierno.
Recordemos que la situación de México, al igual que la de la mayoría de los países de
América Latina, llegó a ser muy crítica durante el año 1982. La crisis alcanzó tal magnitud
que, por primera vez en 43 años, los países latinoamericanos experimentaron una caída
conjunta del producto interno bruto. En ese resultado influyeron tanto las políticas
económicas internas que estos países habían seguido a lo largo de los años anteriores,
como las circunstancias prevalecientes en el entorno nacional.
A partir de 1979, la situación de la mayoría de países en desarrollo se tornó
particularmente difícil, debido a la situación recesiva en que entró la economía y al brusco
aumento de las tasas de interés que se registró en los mercados internacionales, derivada de
la aplicación de políticas contraccionistas que buscaban contener la inflación. En el
contexto de economías débiles, la recesión y el creciente desempleo fortalecieron las
tendencias proteccionistas, por lo cual, el volumen del comercio mundial registró un
crecimiento nulo en 1981 y disminuyó un 1.5% en 1982. Así, el ritmo de crecimiento
económico de los países industriales, después de promediar 4.1 % anual en el periodo
1976-79, se redujo a sólo 1.2 % anual en 1980 y 1981 y fue ligeramente negativo (-0.3%)
en 1982.
La evolución seguida por el entorno internacional se tradujo en una caída de los precios
de las materias primas, y, en consecuencia, en un deterioro importante de los términos de
intercambio de los países en desarrollo.
La actividad económica deprimida de los países industrializados y sus esfuerzos para
abatir los precios del petróleo y sustituirlo con otras fuentes de energía debilitaron el
mercado petrolero mundial. Esto representó para México la caída de sus ingresos externos
más importantes.
El mercado internacional de capitales también registró un menor volumen de operación
debido, entre otros factores, a la reducción del superávit externo de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo. Las políticas contraccionistas instrumentadas en los
países desarrollados también incidieron en un menor volumen de recursos. Por su parte, las
dificultades que empezaban a manifestar los países en desarrollo para pagar la deuda
contaría en los años anteriores y su catalogación por parte de la banca internacional como
sujetos riesgosos de crédito, se tradujo en una importante reducción de los recursos que, a
lo largo de la década de los setenta, habían fluido hacia éstos. También hubo un
acortamiento en los plazos del crédito internacional. Todos estos factores desembocaron en
una crisis de graves proporciones ante la cual mi país se planteó la necesidad de modificar
la estrategia de desarrollo que se había seguido internamente hasta ese momento, pues ya
no constituía un instrumento adecuado para hacer frente a las nuevas circunstancias que se
estaban viviendo, tanto en el plano doméstico como en el internacional.
La estrategia de desarrollo que se siguió en México durante cuatro décadas fue, de
muchas maneras, el resultado de la maduración de las instituciones que creó la Revolución
Mexicana y se combinó con una evolución estable de los mercados mundiales. La
estrategia de desarrollo que se aplicó en ese tiempo pretendió articular los mercados que
existían segmentados en todas las regiones del país, con grandes inversiones en
infraestructura en los sectores de telecomunicaciones, energía y transporte; también se
buscó apoyar la producción agrícola, mediante una activa política de reparto agrario, que
respondía, además, a los planteamientos de justicia social y se promovió la industrialización
a través de una política de sustitución de importaciones. Con esta última, se esperaba
proteger las industrias nacientes durante el proceso de aprendizaje, en tanto se volvieran
más competitivas en el mediano plazo.
El desarrollo industrial que se produjo en esos años conllevó una rápida urbanización, de
tal modo que, para 1970, más del 50% de la población vivía en ciudades de más de 2,500
habitantes. El empleo se desplazó en esos años de la agricultura a los servicios y el sector
industrial.
Sin embargo, la tasa de crecimiento de la población alcanzó niveles de casi 3.5% por año
en ese periodo, de tal modo que, a pesar del crecimiento rápido del empleo industrial, éste
no fue suficiente para absorber la creciente fuerza de trabajo urbana. De esto modo, el
sector servicios se convirtió en el "colchón" de la mano de obra urbana, donde ésta podía
encontrar un medio de vida aunque fuese de baja productividad y baja remuneración.
Por otra parte, hasta la década de los 60, las políticas macroeconómicas aplicadas dieron
como resultado un flujo estable aunque moderado de entradas de capital, y propiciaron que
el ahorro interno se invirtiera internamente, en vez de irse al exterior en forma de fugas de
capitales. A partir de la década siguiente, se empezó a depender de los flujos de capital
externo en una proporción cada vez mayor.
Hasta fines de los años 60, la tasa de inflación fue baja, tanto por la aplicación de
políticas fiscales y monetarias prudentes como por la ausencia de choques externos de gran
magnitud.
La situación empezó a cambiar al iniciarse la década de los 70, al manifestarse las
debilidades de la estrategia. A las menores tasas de crecimiento que se empezaron a
registrar en la economía, el Estado respondió con la expansión del gasto público, sin que
este incremento se viera acompañado de una mayor recaudación, por lo cual el déficit
fiscal creció y, con él, aumentaron también el déficit de cuenta corriente y la tasa de
inflación.
En ese momento se consideraba que la intervención estatal directa era absolutamente
necesaria para continuar impulsando el proceso de desarrollo nacional. Por tal motivo, el
Estado mexicano comenzó a adquirir empresas privadas al borde de la quiebra o a instalar
nuevas con el argumento de reducir el desempleo. Además, para tratar de paliar la pobreza
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