EL PLAN DE ONCE AÑOS, NUEVA ALTERNATIVA ANTE EL REZAGO

En diciembre de 1958, Adolfo López Mateos, asumió el poder. El sistema político mexicano se encontraba sólidamente establecido. El país había logrado un notable crecimiento económico que se reflejaba en un importante desarrollo industrial. Sin embargo, junto este progreso, el panorama educativo era desalentador. La explosión demográfica había adquirido proporciones sorprendentes y el presupuesto del Estado, no obstante su considerable incremento, no permitía dar los servicios que la población requería a la velocidad que ésta se multiplicaba. Ante estas crecientes exigencias, los esfuerzos de gobernantes y educadores habían quedado rezagados: el analfabetismo ascendía al 38%, el número de escuelas seguía siendo insuficiente y cada año, según las estadísticas escolares, cerca de tres millones de niños en edad escolar quedaban sin escuela.

Desde el inicio de su gestión, el mandatario advirtió que la educación pública sería una de las prioridades de su gobierno. El nuevo proyecto educativo buscaba adecuarse a las necesidades del desarrollo económico del país que demandaba un número creciente de técnicos y obreros calificados. Por ello, el ampliar las oportunidades de educación y mejorar la calidad de la enseñanza, se convirtieron en los pilares del nuevo proyecto educativo.

Jaime Torres Bodet, quien poco tiempo atrás había dejado la dirección de la UNESCO, fue llamado nuevamente para ocupar la cartera de Educación. Su gestión anterior, aunque breve, había dejado una huella importante en la Secretaría de las calles de Argentina a través de la Campaña Nacional en contra del Analfabetismo, la creación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, la publicación de la Biblioteca Enciclopédica Popular, la creación del CAPCE, comité encargado de la construcción de escuelas. Sin embargo, según confiesa en sus Memorias, dadas las condiciones que prevalecían, no era motivo de regocijo el regresar, en 1958, a una Secretaría de Estado, de la que había podido salir -no sin ventura- doce años antes. Con mayor prisa que el presupuesto habían crecido las obligaciones de la Administración. Se contaban por decenas de centenares los maestros no titulados. La población había sido más rápida en ofrecer al país nuevas generaciones de párvulos que los establecimientos docentes en instruir a las nuevas generaciones de maestros. Además, la inquietante desproporción en la distribución del presupuesto -el sólo pago de sueldos abarcaba el 72%- constituía un obstáculo indiscutible para ampliar el sistema educativo y lograr una mejor enseñanza.

El discurso inaugural no cayó en el vacío y en el mismo mes de diciembre, López Mateos tomó las primeras medidas. La enseñanza elemental, considerada tradicionalmente como "base de la democracia" e "instrumento de homogeneización social", se convirtió en el objetivo central del proyecto lopezmateísta. El presidente envió al Congreso una iniciativa de ley para que se formara una comisión mixta y elaborara no sólo un diagnóstico cuantitativo del problema educativo a nivel primario sino un plan que pudiera satisfacer, en un tiempo determinado, la demanda a nivel nacional.

Diez meses más tarde, en octubre de 1959, la Comisión formada por representantes del Poder Legislativo y de las secretarías de Educación, Hacienda y Gobernación así como por asesores de Industria y Comercio, Banco de México y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entregaba el informe a Torres Bodet. Ante la falta de datos recientes, se había tenido que partir de una base poco confiable: el censo de 1950. Nueve años habían transcurrido durante los cuales era ostensible el crecimiento de la población. Se acudió entonces a la Dirección General de Estadística de la Secretaría de Industria y Comercio para actualizar los datos. Los muestreos contribuyeron a recabar mayor información. Los resultados del estudio subrayaron aún más el panorama desolador de la educación nacional. México había dejado de ser un país predominantemente agrícola; el desarrollo industrial de los últimos años había desplazado a la agricultura como eje de la estructura económica del país provocando una creciente demanda de mano de obra calificada, de técnicos, obreros y profesionistas, que difícilmente podría satisfacerse mientras el nivel educativo medio de la población adulta apenas llegara a dos años de escolaridad. Este grave rezago -señalaba el informe- se debía fundamentalmente a la deserción escolar. Las cifras referentes a la enseñanza primaria resultaban alarmantes. La inscripción al primer grado había ido aumentando en forma que no guardaba proporción con los grados siguientes. Además, el sistema escolar no había podido escapar a los desequilibrios del modelo de desarrollo. No obstante que la población escolar total del país se encontraba hacia 1958 distribuída casi por igual entre el medio rural y el urbano, el progreso se había concentrado en las zonas urbanas mientras que en las áreas rurales el rezago era cada vez mayor; el 81% de las escuelas en estas zonas no eran de organización completa y la mayoría de ellas seguían funcionando como escuelas unitarias a cargo de un sólo maestro que atendía simultaneamente dos o tres grados. Por ello era alarmante la diferencia en el rendimiento terminal de la escuela primaria: mientras que en el medio urbano de cada 1,000 niños que ingresaban al primer grado terminaban sus estudios 300, en escuelas rurales, sólo 22 obtenían el certificado de educación primaria.

Los índices de reprobación, principalmente en las áreas rurales, eran tambíen preocupantes. Igualmente inequitativa era la distribución del magisterio. Las escuelas rurales, no obstante representar el 77% del total de las primarias en todo el país, tenían asignados al 37% de los maestros. Para finalizar, el informe hacía una severa advertencia: el nivel educativo medio de la fuerza de trabajo del país hacía peligrar el ritmo del crecimiento económico que el país requería.

Ante la imposibilidad de formular un plan general que abarcara todos los ciclos del sistema educativo, se decidió atacar el problema desde sus inicios. La Comisión presentó una propuesta: el Plan Nacional de Expansión y Mejoramiento de la Enseñanza Primaria cuyo propósito era garantizar, en un plazo de once años, la enseñanza elemental a todos los niños entre los 6 y los 14 años que tuvieran posibilidad efectiva de asistir a la escuela y no la recibieran por falta de aulas, de grados escolares, de maestros o por cualquiera otra razón de orden escolar. La realización de este ambicioso proyecto implicaba dos acciones complementarias: por una parte, aumentar en todos los rincones del país las oportunidades de inscripción, y por otra, establecer los grados superiores en aquellos establecimientos

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