ENSAYO SOBRE LOS ORGANISMOS DE CONTROL EN COLOMBIA

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA

ENSAYO SOBRE LOS ORGANISMOS DE CONTROL EN COLOMBIA

En la actualidad, es muy común ver noticias o escuchar hablar a diferentes actores sociales sobre las labores desempeñadas por los organismos de control en nuestro país, no obstante, ¿realmente se conoce con certeza sobre las labores que dichas instituciones realizan o deberían realizar? Según el Departamento Nacional del Planeación en su libro “El Estado y su organización” (2005), -…los organismos de control fueron creados con el fin de verificar y controlar la gestión administrativa y fiscal de las entidades públicas…- los organismos que ejercen las funciones del ministerio público y de control fiscal en el orden nacional son la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Auditoría General de la Republica. Se diría entonces que existen unas instituciones no adscritas a las ramas del poder público que se encargan de garantizar que tanto el comportamiento de los funcionarios que administran los bienes públicos como los recursos administrados por estos, tengan un correcto funcionamiento.

Cuando se empieza a hacer un estudio más concienzudo sobre las funciones de los organismos de control, por parte del ministerio público se encuentra la Procuraduría General de la Nación como organismo principal en los órdenes nacional y regional en cabeza del Procurador General de la Nación, quien tiene como función principal velar por el cumplimiento de la Constitución, las leyes y actos administrativos mediante la protección de los derechos humanos y la vigilancia de la buena conducta de los funcionarios públicos. Como complemento a las labores que realiza la Procuraduría General de la Nación, la Constitución de 1991 creó la Defensoría del Pueblo en cabeza del Defensor del Pueblo quien se encuentra bajo la dirección del Procurador General de la Nación; el cual tiene bajo su cuidado la promoción, el ejercicio, y la divulgación de los Derechos Humanos. A nivel municipal, son los personeros municipales quienes a través de su intervención como agentes del ministerio público, ejercen control administrativo sobre los entes territoriales municipales y realizan guarda y promoción de los Derechos Humanos.

A medida que ha pasado el tiempo, desde la creación de la figura del Procurador General de la Nación en el año 1819, de acuerdo al Reglamento Provisional para el establecimiento del Poder Judicial expedido por el Congreso de Angostura hasta su implementación en el año 1830 con la Constitución de ese mismo año, se ha venido presentando algo así como una “evolución” de las intervenciones que este realiza frente a las diferentes coyunturas que afronta el país; hoy por hoy, tenemos un procurador que se encuentra en su segundo período luego de una polémica elección en el año 2012, con considerable incidencia de sus ideologías conservadoras en el desempeño de su cargo.

Con la convicción y el objetivo de garantizar los Derechos Humanos y velar por la correcta conducta de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus labores, la Procuraduría General de la Nación se encuentra muy atenta y vigilante al desarrollo de un diálogo entre la guerrilla de las FARC-EP, que ya presenta un poco más de 50 años de existencia y el Estado colombiano que se ha dedicado a combatirla mediante el uso fuerzas armadas sumando considerables bajas para ambos bandos; dicho diálogo es conocido como el ya trillado pero no menos importante “proceso de paz” que cumplirá en el próximo mes de septiembre, tres años de haberse iniciado. El proceso de paz que lleva su curso en la ciudad de La Habana, Cuba, está compuesto por un equipo negociador por cada una de las partes (FARC y Gobierno) y están realizando acuerdos con base en una agenda previamente acordada; desde su inicio y aún hasta la fecha, este proceso ha tenido tanto fuertes opositores como grandes adeptos que se han encargado de que además de los ciudadanos de la República de Colombia como los demás países del todo el mundo, pongan su interés en lo que pueda resultar de las conversaciones. Entre muchos de esos opositores, se encuentra el señor procurador general de la nación Alejandro Ordóñez Maldonado quien en primera instancia y haciendo juicios a priori, se podría inducir que estaría a favor del proceso de paz puesto que de esta forma, la guerrilla de las FARC llegaría a su fin tras medio siglo de guerra y los habitantes de cada uno de los 1.103 municipios del país tendrían por fin la tan anhelada paz; sin embargo, cuando se empiezan a considerar aspectos políticos y de interés particular, -burocráticamente hablando- se empieza a entrever que la oposición presentada no es tan justificada como uno esperaría y más aun viniendo de la cabeza del ministerio público.

Titulares en diferentes medios de comunicación como: “Procurador considera inaceptable un proceso de paz con las dosis de impunidad que con descaro exigen las FARC”^[1], “Procurador pide suspensión del proceso de paz si persisten acciones terroristas”^[2] y “Ordóñez: críticas de la Procuraduría al proceso de paz con las FARC son constructivas”^[3], entre otras; son una muestra clara de la obstrucción que representa el procurador Ordóñez al proceso de paz que pretende materializar el presidente Juán Manuel Santos. Ante tanta insistencia por parte del procurador para la interrupción y en el mejor de los casos (para él) la suspensión del proceso de paz, la pregunta dicotómica obligada que surge es: ¿tiene razón en la inconveniencia del proceso de paz o definitivamente hay algo detrás de todas las críticas y acusaciones suscitadas a lo largo del proceso? Quizás desde nuestra posición de ciudadano, ignorante de todas las estrategias, alianzas y coaliciones políticas en las altas esferas gubernamentales, podría deducirse que el procurador no acepta el proceso de paz más porque el precursor del mismo sea el presidente Santos que porque realmente los diálogos no sean productivos y ahí, se ser cierta esta aseveración, habría un completa tergiversación de las funciones que debe realizar el principal funcionario del ministerio público. El problema radica entonces, en que los colombianos tengamos la capacidad de hacer este tipo de análisis, que nos permitan tener la mayor objetividad posible para no dejar amañar nuestra visión y apreciación sobre los vaivenes que nos muestran los medios de comunicación, que por cierto, generalmente están sesgados frente a una de las partes por el argumento que sea.

Generalmente cuando se lanzan acusaciones frente a algo o alguien, lo más lógico sería que dichas acusaciones sean soportadas con las respectivas evidencias, pero, cuando no existen tales evidencias, la única opción que queda es apostarle al famoso adagio popular “confunde y reinarás” como cierto expresidente por ahí… Traigo este comentario a colación, porque cada episodio de aparición del señor procurador en medios de comunicación para referirse al proceso de paz, es para tratar de confundir a los ciudadanos sobre sus elocuentes tesis sin fundamento sobre la inviabilidad de los diálogos, que a propósito, en ocasiones parecen rezagados sin mostrar avance alguno; cabe aclarar que cuando me refiero a tesis sin fundamento, hago referencia a las ya repetidas intervenciones del jefe negociar del gobierno Humberto de la Calle, sobre la no especulación de los resultados de los ciclos de diálogos efectuados una vez estos culminan, pues bien sea de una fuente u otra que sea opositora, siempre el gobierno pasa a desmentir premisas que circulan sin fundamento alguno como la dichosa impunidad para los guerrilleros que cometieron crímenes de lesa humanidad; según las comunicaciones oficiales del gobierno, esta acusación no ha sido producto de lo acordado en los diálogos en La Habana pero aun así, se le da tratamiento de compromiso adquirido.

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