El Movimiento Medico

El movimiento médico en México

1964-1965 En los inicios del gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, 1965, ocurrió uno de los conflictos laborales de los sectores medios urbanos más importantes de los últimos treinta años: el movimiento promovido por los médicos de las instituciones públicas de seguridad social en México. Este conflicto laboral no fue el primero de los trabajadores públicos en el país —nuestra historia está colmada de ellos— y por lo tanto su posible riqueza como movimiento social no estriba en su exclusividad histórica, sino en la peculiaridad social de los médicos, que dio un contenido a su actuación política, provocando un determinado tipo de respuestas del Estado, así como de los grupos, representantes y organizaciones de clase que constituían el contexto social del momento. Exponer el conjunto de relaciones que entreveradas crearon el contenido y el sentido del conflicto es nuestro objetivo central. El manejo del movimiento, con una fuerte presencia personal por parte del presidente licenciado Gustavo Díaz Ordaz, y el cuestionamiento por parte de los médicos de ciertas medidas político-administrativas tomadas por él durante el conflicto, planteaban en ese momento una excepción a la norma tradicional en la dirección de los problemas laborales. Según esta norma, la figura presidencial se coloca en el papel de juez supremo entre las partes beligerantes, encontrando por lo general el acatamiento obediente de la recomendación presidencial por parte de los interesados. Otra característica poco común en los conflictos laborales, estuvo dada en las medidas contradictorias con la política presidencial de aquellos ministros y directores que estaban encargados de instrumentarla, y sobre todo, el hecho de que tales contradicciones salieran a la luz pública a través de las denuncias hechas por los médicos afectados.

Los anteriores hechos, que forman parte sustantiva del conflicto, nos muestran pugnas importantes en el interior del grupo gobernante y la falta de una adecuación en los mecanismos de dominación —control y legitimidad fundamentalmente— frente a un conjunto de sectores sociales, que, aunque cuantitativamente minoritarios, son sin discusión políticamente importantes. LOS ANTECEDENTES Los antecedentes del conflicto que plantearon los médicos de las instituciones de seguridad social están vinculados al proceso de socialización de la medicina en México. Las características de este grupo se gestan con la creación y desarrollo de las instituciones encargadas de prestar los servicios médicos a los trabajadores estatales y a los derechohabientes del Seguro Social, lo que permitió la fusión de las individualidades disgregadas por el ejercicio liberal de la profesión, y dio origen a un nuevo grupo social cohesionado por un conjunto de intereses laborales comunes. Aunque el artículo 123 de la Constitución de 1917, en sus fracciones XIV y XXIX, garantizaba a los obreros su integridad física, responsabilizando a los patrones de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y recomendaba la creación de seguros de invalidez, este derecho no quedó reglamentado hasta 1938 para los servidores públicos a través del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicios del Estado con la creación de la Dirección de Pensiones, y en 1943 mediante la aprobación de la Ley del Seguro Social para los obreros industriales. Sin embargo, el surgimiento y los 15 primeros años de desarrollo de la seguridad social para los trabajadores, están enmarcados en un contexto histórico cuya característica fundamental es la tendencia creciente a la acumulación de capital. Este periodo se inaugura al final del gobierno cardenista y sufrirá una modificación sustancial hacia el final de los cincuenta, sobre todo en el gobierno de López Mateos.

La primera consecuencia de la política obrera de este periodo fue la disminución del número de conflictos ganados por los obreros, previo fallo de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Mientras en el cardenismo el promedio fue de 54.5%, con Ávila Camacho desciende al 51.0% y en 1950, bajo la presidencia de Miguel Alemán, llega a la cifra récord de 10.8%.

Otro hecho importante que ejemplifica la política obrera seguida a partir de 1940 lo constituye la decreciente tasa de sindicalización. En 1940, la tasa de sindicalización llegó a ser del 14.5% con una fuerza de trabajo de 6.1 millones de trabajadores; para 1950 esta tasa descendió al 9.9%, bajando el número de agremiados de 878 mil a 817 mil. En 1960 no se había alcanzado aún el porcentaje de 1940, ya que representaba sólo el 11.5% de un total de 1 200000 trabajadores.

Sin embargo, no podemos afirmar que durante estos tres sexenios que anteceden a la crisis de 1953, los intentos por controlar a la clase obrera hayan logrado inmovilizarla. Todo lo contrario, es a partir de 1943 que se inicia una gran cantidad de movimientos huelguísticos, y es en 1944 el año con mayor cantidad de huelgas en todo el periodo posrevolucionario.

El gobierno de Miguel Alemán se distinguió especialmente por su tendencia a limitar la acción sindical. Tal es el caso de la deformación de la legislación obrera que otorgó a la Secretaría del Trabajo la facultad de reconocer o vetar a los comités ejecutivos de las organizaciones de los trabajadores. De la misma manera se hizo frecuente uso de la fuerza pública en contra

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