Evolución Histórica Del Derecho De Hidrocarburos

Evolución histórica del Derecho de Hidrocarburos

Desde el momento en que Venezuela obtuvo su independencia, se ha establecido que la propiedad de yacimientos y minas pertenece al Estado. Este sistema proviene de antiguas leyes coloniales que atribuían dichas propiedades a los reyes y que luego fue sustituido por la propiedad de la República de Venezuela, la cual, después de volverse un Estado independiente proclamó su derecho sobre la propiedad de las minas yacimientos y sobre el patronato eclesiástico.

En Venezuela ha habido dos sistemas que regulan los hidrocarburos. Primero está el sistema regalista que atribuía la propiedad de las minas y yacimientos al Estado, y este estaba obligado a ceder derechos de explotación a particulares que han cumplido los requisitos impuestos por la ley. El sistema regalista continuó hasta el Código de Minas de 1904, ya que se excluye a los hidrocarburos de la modalidad de concesiones y a partir de ese momento comenzó el sistema dominal en Venezuela. EL sistema dominal consistía en que el mismo Estado se encarga directamente de explotar los yacimientos y minas por medio de terceros que escoge libremente, a quienes le otorga el derecho de explotar dichos yacimientos. El sistema dominal se conservó con la excepción de la Ley de Hidrocarburos de 1920.

En 1925 todo lo que se refería a las minas fue reservado a la competencia del Poder Federal por la Constitución del mismo año. Se dispuso que cada Estado perteneciente a la unión conservara la propiedad de los yacimientos que se encontraran en su jurisdicción, sin embargo, la administración de estos la conservaría el Poder ejecutivo federal. Los ingresos obtenidos iban directamente al Tesoro Nacional. Para compensar a los Estados, fue establecido el situado constitucional, este es el ingreso que corresponde a cada Estado, el cual debía ser distribuido a cada uno en proporción al número de sus habitantes. El sistema de la constitución de 1925 se ha conservado hasta el día de hoy, y a excepción de algunas modificaciones aún sigue manteniendo sus más importantes principios, es decir, los yacimientos de hidrocarburos siguen siendo propiedad de la Nación, el Poder Ejecutivo es el responsable de la administración de dichos yacimientos, y la renta producto de estas minas ingresa al Tesoro Nacional y se distribuye hacia los Estados por el situado constitucional.

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