Evolución legal de la prensa mexicana

Evolución legal de la prensa mexicana

Alfredo Ramírez Alarcón

Historia de México

CIDE

En este ensayo se expondrá el difícil camino que a mi parecer ha tenido que sortear la prensa escrita a lo largo de la historia mexicana, se hará evidente de la difícil relación entre la prensa y el Estado mexicano en sus diferentes épocas.  Este tema lo abordo desde la perspectiva legal, es decir, analizando los cambios en la normatividad y reglamentos desde la época Colonial hasta nuestros días. El propósito de este ensayo es el dar a conocer el proceso legal que la prensa en México llevo a través del tiempo. Esto con el afán de que usted tenga una base histórica y cultural para entender mejor la situación actual de la relación entre la prensa y el Estado.

Comenzaré señalando que si bien la relación prensa-Estado desde la perspectiva legal comienza en la Colonia, la prensa como tal ya existía desde que la imprenta se utilizo para la reproducción de manuscritos con móviles políticos. En un principio, en la época medieval, el control de la literalidad de la producción de libros y documentos había quedado consignado al terreno cerrado y jerárquico de la Iglesia católica y en particular a los conventos.^[1]Pero el invento y el rápido posicionamiento de la imprenta como instrumento para reproducir y, por ende, distribuir masivamente textos libres de cualquier represión por parte de la iglesia y el poder absolutista de los reyes en ese entonces, dio como resultado, la promulgación de leyes y disposiciones autoritarias para censurar y limitar el trafico de publicaciones que ponían en riesgo el débil gobierno. Esto a mi parecer es el origen del conflicto que perdura hasta nuestros días.

Antecedentes legales

La imprenta llegó a México en el año de 1540, no mucho tiempo después de los conquistadores, este instrumento fue utilizado principalmente por las ordenes misioneras que estaban encargadas de evangelizar a la población indígena. La imprenta fue meramente utilizada para la impresión de material necesario para la conversión de los indígenas, este material reproducía principalmente epístolas y evangelios traducidas a las lenguas nativas.

De hecho, aquí surgen los primeros roces derivados por la difusión de textos, por un lado el clero regular veía como peligrosos a estos escritos en manos de los indígenas y por el otro los evangelizadores favorecían su distribución motivados por la ambición de llevar a cabo la conversión de los indígenas. Las primeras Reformas llegaron a México por medio de los Borbones (Siglo XVIII), los cuales criticaron las formas tradicionales de enseñanza y fomentan la creación de centros educativos y la edición de los primeros periódicos.

La política Borbonica en cuanto a impresión y difusión de obras hace referencia a la necesidad de licencias que se podían obtener del Consejo Real, claro esta que cada autorización debía ser verificada por el rey. Al comienzo, estas reformas fueron variando rápidamente ya que cada rey emitía leyes, las cuales estaban sujetas solamente a la concepción del mismo de cómo debería ser manejada la prensa. Reformas relevantes, por ejemplo son las de Fernando VI (1746-1759) que endureció las penas para quienes publicaban sin licencia y declaró pena de muerte a todo aquel que desobedeciera. Después, llega Carlos III (1759-1788), que fue el más influido por la ilustración y en contraparte a su antecesor, declaró abolidas las prohibitivas tasas de imprenta y, fomentó la publicación de ciencia y artes.

Sin embargo, estos intentos de liberación de la imprenta fueron corregidos por Carlos IV (1788-1808) por el temor al espíritu revolucionario francés, algunas de las medidas tomadas fueron las de prohibir importación de libros, sobre todo franceses, y prohibir la impresión de libros que trataron de temas relacionados con el rey.

Todas estas disposiciones Reales, en la Nueva España, no impedían que circularan de contrabando las obras de ilustrados y de revolucionarios franceses. Pero lo que si afectaron fue a la prensa que apenas comenzaba y que fue desaparecida por las presiones oficiales.

Así estos sucesos desembocan en una prensa restringida por el gobierno pero también como señala Luis Medina en su ensayo “Prensa y Estado de México” existen evidencias contundentes de la existencia de una literatura popular en muchos casos anónima y perseguida con terquedad pero con poca eficacia por la Inquisición. ^[2]

La base legal surge en la Colonia

Los primeros intentos constitucionales en México insurgente predominaron en la misma idea de libertad acotada. Esto se debe a que los estudios sobre las libertades apenas comenzaban y los diputados de todas  las corrientes, los que hacen la constitución de Cádiz y los que arreglan la de Apatzingán, creían que había una diferencia entre libertades personales y diferencias políticas.

Todo esto se vio reflejado en el artículo 371 de la constitución de Cádiz que decía así:

Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.

Este artículo refleja que sí existía una libertad de prensa pero que esta libertad era relativa ya que como lo expresaba el artículo 371 de la constitución de Cádiz toda publicación quedaba bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes.

La constitución de Apatzingán era muy parecida en cuanto a la libertad de expresión ya que en su artículo 40 establecía que a ningún ciudadano podía prohibírsele la libertad de hablar, de discurrir y de manifestar opiniones, a menos que en sus producciones ataque el dogma, turbe la tranquilidad publica y ofenda el honor de los ciudadanos.

Con esto reitero la idea de “libertad acotada” en el rubro de la imprenta en México, que aunque no fuera lo ideal por lo menos existía y con eso se creaban las bases jurídicas que se mejorarían mas adelante.

Entre 1824, año  en que se aprueba la constitución, y 1853, cuando llega el plan de Ayutla existe una gran incertidumbre y la prensa se convierte en una prensa a distancia la cual se aplica dependiendo a que bando pertenezcas y en sus propios territorios. Esto quiere decir que cada bando tomaba a la libertad de prensa a su entender y opinaban de acuerdo a sus intereses políticos en los lugares que dominaban.

Para resolver esta incertidumbre, el presidente José Mariano Salas (1846) y el Secretario de Gobernación José Maria Lafragua están determinados a resolver este problema y emiten una norma que ayude al gobierno a controlar esta revuelta de la prensa y a controlar los abusos. El autor intelectual de esta norma es Lafragua el cual promulga lo siguiente: sujetar la calificación de la acusación y la sentencia a dos jurados populares distintos, integrados por “jueces de hecho” cuyos miembros tenían que ser sorteados en cada caso entere ciudadanos con cierto monto de renta anual por los alcaldes ordinarios para ponerlos a disposición del juez que llevara la causa.^[3] Es decir la misma sociedad y no el Estado es la que decide si existió o no el delito de prensa.

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