Expropiacion Pretolera

La Expropiación Petrolera, es el resultado de la Ley de Expropiación de 1936 y del Artículo 27 de la Constitución Mexicana aplicados a las compañías petroleras por el Presidente de la República, Lázaro Cárdenas del Río. En la noche del viernes del 18 de marzo de 1938, el General Lázaro Cárdenas presentó ante los medios de comunicación uno de los hechos más trascendentes en la historia que fue la expropiación petrolera.

Ésta consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos. El 16 de agosto de 1935 se constituyó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y una de sus primeras acciones fue la redacción de un proyecto de contrato en el que se solicitaba una jornada de 40 horas y el pago del salario completo en caso de enfermedad y que pretendía sustituir los distintos contratos colectivos que regían las relaciones laborales en las compañías petroleras, a las que se les envió.

La lucha de los trabajadores petroleros fue bien vista por el Presidente y la población, a pesar de los problemas causados por la escasez de petróleo.

El viernes 18 de marzo de 1938, las compañías extranjeras, advertidas por personas dentro del gobierno de que el presidente planeaba algo "fuerte" en contra de ellas, declararon en el último momento estar dispuestas a hacer el pago, pero el presidente Cárdenas ya había tomado una decisión a las 10 de la noche declaró la expropiación mediante la cual la riqueza petrolera, que explotaban las compañías extranjeras, se volvió propiedad de la nación Mexicana.

Este hecho fue efectuado de acuerdo a la Ley de Expropiación del 23 de noviembre de 1936 y al artículo 27 de la Constitución Mexicana.

El 3 de noviembre de 1937 se les exigió la firma del contrato colectivo y el 17 de mayo el sindicato emplazó a huelga en caso de no cumplir tal demanda. En los primeros días de junio el sindicato demandó a las compañías petroleras ante la Junta General de Conciliación y Arbitraje. Dicha huelga finalmente estalló el 31 de mayo y se levantó el 9 de junio.

Pero para el 8 de diciembre se realizó otro paro de labores al no tener respuesta de la Junta de Conciliación. Para el 18 de diciembre de 1937, la junta dio el fallo en favor del sindicato mediante un laudo en el cual se pidió a las compañías el cumplimiento de las peticiones y el pago de 26 millones de pesos en salarios caídos. Las compañías petroleras interpusieron una demanda de amparo el 2 de enero de 1938 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que les negó el amparo.

Como consecuencia, las compañías extranjeras se declararon en plena rebeldía y, en respuesta, la máxima Autoridad Judicial emitió su fallo el 1 de marzo, señalando que el tiempo límite

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