EXPROPIACION

ANTECEDENTES

A lo largo del tiempo, los grupos más poderosos, desde los primeros conquistadores hasta los caudillos militares del siglo XIX (1801-1900), controlaron la aplicación práctica de las disposiciones del gobierno central referidas a la información de la propiedad. Las graves dificultades fiscales y las necesidades financieras del Estado, generadas por los enfrentamientos contra grupos armados liderados por los caudillos regionales, llevaron a la expropiación y saqueos como medio de financiamiento por parte de los rebeldes y del gobierno de la época. La posibilidad de expropiar tierras y cosechas ofrecía beneficios políticos similares e incluso mayores a otras actividades productivas. Los derechos de propiedad no vieron sus mejores días en la Venezuela del siglo XIX. La sucesión de guerras implicaba expropiaciones constantes de la propiedad de la tierra y sus productos, luego a medida que el país se fue estabilizando políticamente fueron desapareciendo las guerras pero se mantenía el uso del poder como vía legitima de acumulación de recursos. Durante el régimen de Gómez se promulgaron varias leyes (código civil, penal, de comercio, otros) así la labor legislativa regulaba las relaciones de los individuos con el estado y obligaba a que las expropiaciones se hiciesen dentro de un marco legal establecido y no como en el siglo XIX por medio de decretos ejecutivos. Para esta época Juan Crisóstomo Falcón escribe que resultaba difícil convencer a los capitalistas y empresas de Nueva York para que invirtieran en Venezuela porque según los que manejaban información predominaba la anarquía que arrebataría bienes a quienes los poseían. El uso del poder político para acumular fortunas personales tiene vigencia en la Venezuela de 1920 y durante todo el siglo XIX utilizando la distribución de propiedad para ganar apoyo político, por lo que Venezuela no llega a recuperar una base sólida de derechos de propiedad. Durante muchos años Venezuela ha sido víctima de malos gobiernos que entregaban las tierras (tierras del Estado) a sus amigos. En 1960, fue impulsada una reforma agraria por Acción Democrática; Rómulo Betancourt es quien emprende este proyecto donde se les quitó la tierra a los que la sembraban para entregársela a los amigos de su partido, esta acción de Rómulo Betancourt causó un daño muy terrible a la nación al perder el potencial agrícola que quedaba. Dicha reforma contemplaba la distribución de tierras a campesinos junto con aquellas que serian expropiadas, caracterizada por el surgimiento de un aparato clientelar a la hora de hacer la repartición de la tierra. Por muchos años las tierras estaban en manos de personas que simpatizaban con los gobiernos de turno y no se entregaban a los agricultores más necesitados. Para ser dueño de la tierra sólo hacía falta un carnet de uno de los dos partidos (AD y COPEI) y de esta forma podía tomarse la tierra que quisiera sin tener ningún título de propiedad, al mismo tiempo no se daba acceso al crédito y materiales, los mismos eran otorgados por instituciones financieras del estado caracterizadas por la corrupción y el clientelismo. Las encuestas realizadas por el IAN hallaban que miles de campesinos abandonaban sus parcelas y vendían sus bienhechurías a terratenientes. La utilización de la reforma agraria como instrumento de un aparato de clientelismo político impidió que se alcanzasen los objetivos de redistribución de la tierra y aumento de la producción agrícola. Silvana Pezzella en un artículo de Ven Economía Hemeroteca describe que para 1971 un dictamen de la Corte Suprema de Justicia corrigió la situación con respecto a la titulación valida de las tierras, los títulos supletorios eran emitidos por los tribunales del Estado sin ningún tipo de control. Eso contribuyó a que los grupos sociales que controlaban el poder y en particular, el acceso a las instancias administrativas encargadas de la titulación, le sacaran ventaja a su posición para aumentar su propio patrimonio o el de personas muy allegadas. Durante la administración de Hugo Chávez la situación de precariedad de las tierras se ha agravado porque han aumentado peligrosamente las invasiones a tierras públicas y privadas. Un estudio realizado por la Gerencia Técnica de la Federación Nacional de Ganaderos detectó un total de 80 invasiones, de las cuales unas pocas se han realizado antes del gobierno de Hugo Chávez. Gobernadores que apoyaban al Presidente Hugo Chávez comenzaron en diciembre de 2004a emitir una serie de decretos de intervención en propiedades supuestamente ociosas o caracterizadas como latifundios .Olivier Delahaye en su artículo: La cuestión agraria en los últimos años: ¿más de lo mismo? Destaca que después de las polémicas generadas alrededor de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001 y de las cartas agrarias, el debate agrario volvió a ocupar la primera plana de los periódicos en la segunda mitad de 2005 y se anunciaban intervenciones de algunas hectáreas. El artículo de la revista SIC: Interés pública e interés social describe: Los hechos en 2005, primero fueron las invasiones de fincas, toleradas o favorecidas por el gobierno. Luego, comenzaron las expropiaciones, alegando que la posesión de las tierras no era legítima por la invalidez de los títulos de propiedad por defecto en la cadena de propietarios. Ahora viene la expropiación de tierras supuestamente ociosas, aún cuando se tenga el titulo reconocido válido, siendo la causa: utilidad pública e interés social. Dentro de este ambiente se evidencia que no existen las instituciones que puedan solventar el problema, porque estas se van cambiando constantemente de responsables, denominaciones y de leyes que las rijan, recordando que el Instituto Agrario Nacional fue creado por Decreto Ejecutivo 173 del 28 de junio de 1949 y publicado en Gaceta Oficial 22.958 mediante el Estatuto Agrario, luego con la promulgación de la Ley de Reforma Agraria en 196O, se deroga el Estatuto Agrario y a partir de esta fecha se rige el Instituto Agrario Nacional por la mencionada Ley.

DEFINICIÓN DE LA EXPROPIACIÓN

La Expropiación es una institución de Derecho Público, que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado, mediante indemnización, concretamente, a un ente de la Administración Pública dotado de patrimonio propio. Puede expropiarse un bien para que éste sea explotado por el Estado o por un tercero.

La expropiación posee dos notas características, primera que la expropiación es una transferencia de carácter coactivo, lo que hace de ella una institución característica del Derecho Público que no puede ser asimilada a la compra venta prevista en el derecho privado; segundo que el expropiado tiene derecho a recibir a cambio una indemnización equivalente al valor económico del objeto expropiado, lo que

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