Extractivismo y agro–industria en la orinoquia colombiana

Fragmento del capítulo: Extractivismo y agro–industria en la orinoquia colombiana. Expresiones de la colonialidad en la última década. Auotres:  Diego Cardona Calle y Jairo Hernán Álvarez Tamayo.    EN: Extractivismo. Conflictos y resistencias © Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia.  Bogotá, 2014.

“El despojo, herramienta de acumulación Decíamos al comienzo, que a la luz de la modernidad, la Orinoquia ha sido un lugar desaprovechado. Las consecuencias de esta mirada se traducen en el maltrato al territorio. Dicho de otra manera, aprovechar los territorios significa maltratarlos: Lo nativo, los seres de agua y los seres de bosque que hacían parte de los pueblos indígenas de la Orinoquia no existen a los ojos del colono raso (el campesino expulsado de otras tierras), como tampoco y menos aún, para el terrateniente invasor o [para] el monopolio financiero ‘extractivista’ o el ‘agroindustrial’. [Para ellos] esos seres no son capaces de poner a producir el suelo y resulta una pérdida enorme (¿para quién?) tan enormes extensiones improductivas, ociosas, nuevamente baldías. Desde las misiones jesuitas hasta la invasión abierta y descarada del gran capital multinacional, pasando por las colonizaciones agrarias de las décadas de los 60 y 70, la historia de la Orinoquia ha sido la historia del despojo; no sólo el despojo del suelo, sino de lo más terrígeno, de algo que constituye el territorio de esas sociedades orinocenses, la cultura, los dioses, la lengua y las formas de ocupación, uso y usufructo del suelo (Poveda, 2013).

Esa introducción conduce a preguntar por la manera en que puede instalarse y prosperar todo el modelo que se instaura en la Orinoquia. Puede instalarse sobre todo por el despojo. Esa es la herramienta de acumulación por excelencia6 . De los párrafos anteriores se desprende la certeza de los fuertes lazos que unen hoy a la Orinoquia con la producción de agrocombustibles. Los han apretado los industriales de la caña y de la palma, grandes protagonistas hoy del acaparamiento de tierras y de la instalación en esta región de costosos proyectos agroenergéticos. Esos empresarios se están adueñando de las tierras del piedemonte llanero y de la Altillanura. En especial, Riopaila–Castilla, Manuelita e Indupalma están a la vanguardia, pues desde 2007, gracias a los altos subsidios, estas empresas obtuvieron ganancias netas por encima del medio billón de pesos, únicamente por la producción de agrocombustibles.

Pero miremos en conjunto los megaproyectos agroindustriales que se destacan (cereales, forestales, caucho (látex) y agrocombustibles) y lo que los caracteriza: * Como zona de expansión de estos megaproyectos, la Orinoquia posee características biofísicas que permiten que empresas antiguas en el país varíen la especialidad de sus cultivos o de sus industrias. Manuelita, originalmente productora de caña de azúcar, incursionó en el negocio de la palma; Indupalma, en plantaciones de caucho en el Vichada; la organización Sarmiento Angulo, en plantaciones de palma en Cumaral y de caucho en Puerto López.  

Las plantaciones incentivan la ocupación de mano de obra foránea y por tanto promueve migraciones laborales; esto es una forma de ruptura del tejido social comunitario, si se toma en cuenta que el habitante local tiene vínculos territoriales que hacen que pueda poner en alerta cualquier tipo de impacto social, ambiental o económico.  

Las empresas Riopaila– Castilla, Manuelita e Indupalma se están adueñando de las tierras del piedemonte llanero y de la Altillanura.

En el caso de los cereales, fue el Grupo Aliar en La Fazenda, el que desarrolló la cadena de valor. Este grupo es un enclave dedicado a la producción de carne de cerdo alimentado con cereales producidos  en la Altillanura. Para hacer la cadena, se asoció con los demás productores de cereales de la región, entre ellos Mónica Colombia y Cargill.

 Es muy posible que los cereales de estas empresas terminen por ser materia prima para agrocombustibles, ante la presencia del proyecto de refinería para etanol El Alcaraván, de Bioenergy.

 Entre 2004 y 2010, en la Altillanura colombiana se titularon cerca de 923.713 hectáreas, envueltas en un sin número de irregularidades conocidas públicamente, por lo cual la Superintendencia de Notariado y Registro ha venido abriendo algunas investigaciones sobre este tipo de transacciones.

Estos grandes proyectos agroindustriales tienen como principales obstáculos para su expansión y consolidación en la Orinoquia colombiana la ley 160 de 1994 que reglamenta los límites en la compra de tierras consideradas como baldíos, la escasa infraestructura en la región que soporte la movilidad de mercancías, el estancamiento de los porcentajes de mezcla de agrocombustibles y las restricciones para acceder a crédito agrícola para proyectos con grandes extensiones de tierra. Así lo deja ver una carta enviada por el dueño de Mónica Semillas, el brasilero Sergio Marchett, el 27 de marzo de 2009, al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que mostraba el cinismo, la desmesura y la ilegalidad de sus propósitos, y que fue publicada en los debates de control político realizados por el representante a la cámara Wilson Arias. El tema de exenciones tributarias y acceso a crédito fue finalmente resuelto para estimular la consolidación de la inversión extranjera directa en los proyectos agroindustriales, en donde estas empresas no sólo acapararon tierra comprándola por medio de múltiples SAS, sino que también tuvieron acceso a créditos Finagro y Agro Ingreso Seguro. Han sido notorias las declaraciones de los empresarios nacionales e industriales que han comprado masivamente tierras en esta región, en cuanto a la deficiencia de infraestructura multimodal para extraer la producción a gran escala que se pretende desarrollar, en especial en la Altillanura, ya que prácticamente la infraestructura terrestre es muy precaria y la navegabilidad del río Meta tiene una capacidad de carga relativamente baja. Así lo señaló la revista Semana (2012): Uno de los aspectos críticos para el éxito de la Altillanura tiene que ver con la infraestructura que permita la integración productiva de la zona con la economía local e internacional. En este sentido, el Conpes propone varios proyectos para garantizar la navegabilidad del río Meta y obras viales que permitan el transporte de carga. También se ocupa de promover programas de inclusión social para atender la actual población y a quienes llegarán como consecuencia de un desarrollo como el propuesto. Igualmente se contemplan inversiones importantes en interconexión eléctrica.

Un poco de historia El conflicto por la tierra, su propiedad, control y uso sigue siendo en Colombia un aspecto central de los problemas sociales. El actual crecimiento del modelo agroexportador se ha desarrollado sobre la base de ampliar la frontera agraria y de expulsar de sus territorios a los campesinos y comunidades tradicionalmente asentadas en los espacios que hoy son objeto de expansión agrícola, forestal y minera. Las élites colombianas han mantenido el modelo de acumulación y despojo de tierras instaurado décadas atrás. La Orinoquia ha sido ocupada por pueblos indígenas milenarios, por el campesinado llanero formado en los siglos de la primera Colonia (XVI, XVII y XVIII) en labores de ganadería y por campesinos venidos con diferentes olas colonizadoras en los últimos 150 años, a veces impulsados por el Estado y a veces forzados por múltiples violencias. Latifundistas venidos de afuera promovieron las matanzas y desplazamientos de los pueblos indígenas de la Orinoquia y se adueñaron de sus tierras. Ellos subordinaron esos territorios ancestrales a dinámicas de acumulación originaria de manera violenta. Episodios como la matanza de la comunidad de El Tablero, la masacre de la Rubiela, en Arauca en 1967 y la sistemática persecución y muerte en Planas, en el departamento del Meta, desde 1968, son la memoria del despojo de la Altillanura colombiana, centro hoy de desarrollo de los proyectos agroindustriales y minero energéticos en toda la región.”