Factores que determinan el uso que hacen los ciudadanos del Gobierno Digital de la Secretaría de Educación en el departamento del Guaviare

Factores que determinan el uso que hacen los ciudadanos del Gobierno Digital de la Secretaría de Educación en el departamento del Guaviare

TABLA DE CONTENIDO

1        Marco lógico        1

1.1        Política de Gobierno Digital en Colombia        2

1.2        El Guaviare territorio de análisis de la política pública de Gobierno Digital        6

1.3        La Secretaría de Educación del Guaviare        10

1.3.1        Funcionamiento Secretaria de Educación departamental Guaviare        12

2        Ley 712 de 2014. Transparencia y derecho al acceso a la información pública        14

2.1        Condiciones sociales, políticas y económicas que afectan la educación en el Guaviare        15

1. Marco lógico

La transformación de la comunicación entre el Estado y la sociedad en el siglo XXI se ha dado principalmente por el acelerado crecimiento del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que han tenido un impacto importante en el desarrollo social, económico y político de las regiones. En este contexto, el aprovechamiento de estas tecnologías establece cierto tipo de relaciones entre los usuarios y las instituciones que componen el sistema de gobierno de los departamentos, conduciendo a una nueva perspectiva que valore la participación ciudadana como enfoque de gobernanza para la transformación de la política pública. Este modelo tiene potencial para describir y analizar las transformaciones que se presentan en la interacción entre las personas y las redes públicas, siendo una de las formas que facilita entender la relación de poder entre el intercambio que se presenta cuando hay uso de las Tics por parte del público y el papel de los organismos de gobierno. En este sentido,  para el caso del Guaviare, el servicio de Gobierno Digital está mediado por la gestión administrativa que el sector público adelanta para tener penetración y aceptación en la sociedad. Es así como, se han creado redes interesadas en el acceso a la información de la Administración para conocer la ejecución de planes y programas desarrollados por cada una de las dependencias correspondientes.

De esta manera, al desarrollar la evaluación ex-post a la Política Pública de Gobierno Digital de la Secretaría de Educación del departamento del Guaviare para identificar los factores que determinan el uso que hacen los ciudadanos de los servicios de esta entidad, se desarrolla el marco lógico. En primer lugar, se explicará la política de Gobierno Digital, su objetivo social y el manejo que se le da en las regiones; junto con el propósito específico que imprimió la Secretaria de Educación del departamento a este recurso. Posteriormente, se describirá el funcionamiento del Gobierno Digital dentro de la Secretaría de Educación departamental, a qué situación problemática responde, sus servicios y su funcionamiento actual. Finalmente, se hace una clasificación de actores relacionados con la estructura de servicios del Gobierno Digital de la Secretaría de Educación del departamento, bajo lineamientos de articulación y coordinación interna y externa, para reconocer los factores de uso del servicio y el nivel de satisfacción con los mismos.

1. Política de Gobierno Digital en Colombia

Inicialmente la estrategia desarrollada para incluir las TIC dentro del Sistema de Gobierno Nacional se llamó Gobierno Electrónico, pero con la necesidad de identificarse con el concepto generalizado en el mundo de Gobierno Abierto^[1], Colombia concibió un modelo dentro del cual, el ciudadano desempeña un rol más activo para la formulación de políticas públicas. Este modelo se supone debe generar soluciones a problemas puntuales y crear valor público, en la medida en que el Gobierno presente su gestión de forma abierta, generando nueva oportunidad de colaboración y construyendo mayor confianza en el contexto del uso intensivo de la tecnología y la innovación para las comunidades.

El concepto de Gobierno Abierto lo presentó el expresidente Barak Obama^[2] en enero del 2009 para impulsar tres principios básicos que lo componen: Transparencia, participación y colaboración. De acuerdo a la propuesta de Obama (2009), la transparencia fomenta y promueve la rendición de cuentas de las instituciones públicas ante la ciudadanía, de forma que se tenga una correcta fiscalización sobre los planes de actuación de cualquier institución de gobierno. Por su parte, el Gobierno debe permitir el acceso a esa información de manera sencilla y clara para que los ciudadanos puedan hacer control de cualquier acción, es decir, es un compromiso que asume el Estado frente a los ciudadanos, para involucrarlos en pro de crear sinergias para trabajar mancomunadamente (Acosta & Plata Pineda, 2015). Es crear valor económico o social a partir de los datos públicos ofrecidos por la administración. La participación, corresponde a la forma cómo el Gobierno compromete a los ciudadanos y demás actores en el proceso de trabajo de la propia institución, es decir, cuenta con empresarios, asociaciones y ciudadanía en general para ampliar las posibilidades de servicio. La colaboración, es cuando se favorece el derecho de la ciudadanía a participar activamente en la conformación de las políticas públicas, beneficiándose del conocimiento y experiencia que puedan tener esos ciudadanos. “Si se impulsan las acciones que aumenten el protagonismo e implicación de las personas en asuntos públicos, las fuerzas políticas se verán obligadas a dirigirse hacia esas mismas personas” (INAP , 2015).

Tomando como base este postulado, Colombia se identificó con la idea de que la democracia debe ser más inclusiva y real, por eso ha ido transformando el acceso a la información pública, como derecho fundamental, para conseguir una sociedad más activa y colaboradora, donde los problemas de interés público dejen de ser asunto de funcionarios para pasar a ser de la ciudadanía con derecho a exigir un rol de participación y solución. En Colombia este acceso a la información debe cumplir por lo menos tres funciones esenciales que son: garantizar la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos; ser instrumento fundamental para el ejercicio de otros derechos constitucionales y garantizar la transparencia de la gestión pública en todas las regiones del país (MinTIC, 2017). De esta manera, se materializa el concepto de Gobierno abierto que la OCDE le ha exigido al país como herramienta de política práctica e innovadora para ingresar a este grupo, por lo cual el país decidió ingresar a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

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